El acuerdo que deben cerrar PSOE y Podemos sobre el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 no se ha cerrado todavía, a un día de que el Gobierno lleve las cuentas al Consejo de Ministros, según han asegurado fuentes de Unidas Podemos este lunes.
Los escollos en la negociación siguen siendo la intervención del mercado del alquiler de viviendas o medidas para asegurar el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital. El partido de Pablo Iglesias exige que se resuelvan estos dos asuntos antes de firmar el acuerdo.
La falta de acuerdo se conoce a pocas horas de que el Gobierno lleve previsiblemente mañana el acuerdo entre los dos partidos de la coalición y estudie el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación y su remisión a las Cortes.
Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado a los presidentes autonómicos en su reunión de por la mañana que mañana martes se presentaría en anteproyecto y se llevaría al Consejo.
Pero lo ha hecho antes de que se cierren todos los detalles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien es el brazo político de Iglesias, han mantenido reuniones casi diarias en el último mes. La cosa empezó peor, en unas primeras semanas de negociación, a la vuelta de verano, en las que las fuentes de Unidas Podemos lamentaban la poca disposición socialista al acuerdo.
Mano a mano
Iglesias y Sánchez estaban emplazados a un mano a mano definitivo entre ambos entre la tarde de este domingo y la de este lunes, ya que el Ejecutivo se había comprometido públicamente a aprobar el anteproyecto antes del fin de octubre. Precisamente, la convocatoria de un Consejo extraordinario el domingo para aprobar el nuevo estado de alarma ha trastocado los planes de presidente y vicepresidente segundo.
En los últimos días, tanto desde Moncloa como desde el entorno de Iglesias se admitían los escollos negociadores en el paquete fiscal. Los morados insistían en cumplir lo acrodado en el pacto de coalición, si no en todos los puntos, sí acercarse a las cifras que ambos asumieeron. "El país no es el mismo tras la pandemia", admiten del lado de Iglesias, "pero no tiene sentido no cumplir una sola de las condiciones que ambas partes acordamos en su momento".
Los desacuerdos estaban, según fuentes de ambas bandas del Ejecutivo, en el IRPF, en el IVA, en el Impuesto de Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones... "Estamos comprometidos con cumplir los plazos, pero el PSOE tiene que cumplir con los acuerdos", explicaban fuentes del lado morado del Gobierno.
Ahora, parece que Unidas Podemos se podría contentar con las medidas para garantizar por fin el funcionamiento del Ingreso Minimo Vital y para impulsar la regulación de los alquileres. Sin embargo, tal como informaba este mismo lunes EL ESPAÑOL, José Luis Ábalos -titular de la comeptencia de Vivienda- se niega a incluir este punto en la ley de Presupeustos, ya que prevé incluirla en una Ley General de Vivienda, que prevé llevar al Consejo a principios de febrero.
Durante la mañana de este lunes, con el Senado como sede para el Gobierno y con los líderes autonómicos por vía telemática, se ha celebrado la XXIII Conferencia de Presidentes. Sánchez se había guardado para este foro la confirmación de que las cuentas públicas serán abordadas el martes 27 en el Consejo, pero los negociadores de Unidas Podemos le han estropeado la 'fumata blanca' recordando que el acuerdo aún no está cerrado.
No se rompe el Gobierno
No hay riesgo de crisis en el Ejecutivo, tal como confirman desde el entorno de morado. Pero lo cierto es que si no se resuelven estos últimos escollos, no habra pacto. Así las cosas, si se llega a ese punto y no se cierra en la tarde del lunes el pacto, o bien el Gobierno vive un convulso Consejo hasta que se alcance un entendimiento o hasta se podría aplazar la aprobación del texto hasta el viernes, en un Consejo extraordinario.
Y todo porque desde el lado de Iglesias no se fían de la querencia socialista por hacer unas cuentas menos escoradas a la izquierda de lo que reclaman las bases de Podemos. De hecho, la presencia de Von der Leyen en la Conferencia de Presidentes no sólo tenía un carácter propagandístico, a mayor gloria de Sánchez.
Era también un escenario en el que mostrarle la supuesta cohesión territorial en un país que por el momento está levantando las sospechas en Bruselas por los malos resultados de la gestión de la pandemia. Tanto en lo meramente sanitario como en lo socioeconómico.
Sánchez pretendía lograr su apoyo para poder acudir a los próximos Consejos Europeos, donde los países frugales quieren examinar hasta la letra pequeña de cada proyecto de reforma aspirante a ser financiado con los 140.000 millones previstos para España en el Next Generation EU, con más calma y menos temor a que las ayudas no se retrasen y se relajen las exigencias.
De ahí que el PSOE esté apretando en la negociación, porque sabe que Podemos no se bajará del acuerdo, y que la negociación esté siendo tan dura, como para alargarse dos meses y retrasar la aprobación del anteproyecto un mes. De hecho, ya ni apretando el acelerador, como se confiaba en Moncloa hasta hace unos días, se podrá evitar tener que prorrogar por cuarto año consecutivo las cuentas públicas de 2018, aprobadas bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
Y es que Moncloa quiere a Ciudadanos en el acuerdo de Presupuestos. Como aval ante los empresarios y como sello de calidad ante Europa. En todo caso, la presencia de los de Inés Arrimadas no sería gratis: Cs no quieren oír ni hablar de subidas masivas de impuestos. Y quieren ver un plan de consolidación fiscal, al menos esbozado, para los próximos ejercicios, ahora que el déficit se marcha al 12% como mínimo este año y la deuda pública al entorno del 120%.