El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Presupuestos que enviará el martes al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Este proyecto incluye un incremento de la recaudación tributaria de 14.700 millones de euros, como adelantó este periódico. El Ministerio de Hacienda confía en elevar los ingresos impositivos hasta recuperar los niveles previos a la crisis. En concreto, estima que la recaudación será de 201.000 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio anterior y 300 millones por encima del máximo anterior, el de 2007.
Sin embargo, la estructura impositiva actual de España es muy diferente a la que había en 2007. En este periodo, la recaudación del Impuesto de Sociedades se ha reducido en algo más de 20.400 millones de euros: en 2007 las empresas pagaban casi 45.000 millones de euros y este año abonarán 24.400 millones, según los cálculos de Hacienda.
El Gobierno ha compensado este desplome de este tributo con un incremento de la presión fiscal a las rentas medias y populares, centrándose este incremento en el IRPF y los impuestos al consumo (IVA y Especiales). La recaudación del Estado con estos tres tributos ya estará claramente por encima de la que había en 2007.
El impuesto que más ha crecido en recaudación es el IVA, que lleva marcando máximos históricos consecutivos desde el año 2014. El motivo es la subida de los tipos y la reclasificación de algunos bienes y servicios de septiembre del año 2012. Ese ejercicio, el primero de Rajoy en La Moncloa, los ingresos públicos seguían hundidos, por lo que el Ejecutivo decidió subir el IRPF primero y después el IVA. La consecuencia es que este año la recaudación del IVA ascenderá hasta 67.400 millones de euros (según las previsiones incluidas en los PGE), esto es, 11.600 millones por encima de la recaudación de hace una década.
El otro tributo que sostiene la caída de Sociedades es el IRPF. Hacienda estima que recaudará 78.000 millones con este tributo, lo que significa que superará en 5.400 millones los niveles previos a la crisis. En el caso de los Impuestos Especiales, el Gobierno prevé que su recaudación supere los 20.000 millones por primera vez en la historia, casi 1.000 millones más de lo que generaban antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
El impuesto al azúcar sigue sobre la mesa
El Gobierno ya ha conseguido el respaldo de Ciudadanos a estos Presupuestos. La formación liderada por Albert Rivera anunció el acuerdo el jueves, asegurando que habían conseguido frenar la subida de impuestos que pretendía el Ejecutivo. Se refería a dos tributos que anunció el Gobierno en diciembre: sobre bebidas azucaradas y un nuevo tributo medioambiental. Es cierto que estos dos impuestos no han ido en los Presupuestos, pero de ninguna manera podrían haberse incluido, ya que la creación de nuevos tributos no puede hacerse a través de la Ley de Presupuestos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos impuestos no se han descartado, simplemente no podían ir en los PGE. El Gobierno deja el debate de los impuestos medioambientales a la reforma de la financiación autonómica, que actualmente se está celebrando en el seno de la Conferencia de Presidentes y que está en su paso inicial: la comisión de expertos. En el caso de las bebidas azucaradas, sigue sobre la mesa, pero todavía no se ha abordado su desarrollo.
Los ministros Montoro, Méndez de Vigo y Guindos y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Para Hacienda, la creación de estos dos impuestos servirá para armonizar los tipos impositivos en todo el territorio nacional, de modo que se preserve la unidad de mercado. Por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, la Generalitat de Cataluña ya ha introducido su propio impuesto. Si el Gobierno centraliza estos tributos, no podrán mantenerlos las autonomías, pero serán compensadas por los ingresos que pierdan, así, el Ejecutivo preservará la unidad de mercado.
“La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas ya se ha puesto en contacto conmigo preocupadas por que las comunidades autónomas introduzcan un impuesto más agresivo”, explicó Montoro. Sin embargo, “todavía no existe ni siquiera el anteproyecto”.