El Decreto Ley de medidas fiscales es una norma polémica, en algunos puntos chapucera, y además, es una norma que no se ha explicado. De hecho, unos de sus aspectos fundamentales, “el impuesto a las pérdidas”, o la “reversión” de la deducción por deterioro es tan complicada de explicar que ningún dirigente del PP, del PSOE o del Gobierno lo intentó siquiera, en sede parlamentaria. Por eso, que en estas mismas páginas se explicase e incluso se defendiese como “mal menor” supuso una novedad.

Lo que más me llamó la atención del debate fue que casi todos los grupos consideren el gasto público, en su integridad, como sagrado, como si no hubiese gasto superfluo. Eso quizás no sorprenda en los partidos de izquierda; pero, francamente, no esperaba que los portavoces del PP sólo quieran cuadrar las cuentas subiendo impuestos. Así, la portavoz de Hacienda del Partido Popular que defendió el Decreto Ley de Medidas Fiscales, Ana Madrazo insistía en que “tenemos que reducir el déficit público en el año 2017 en 1,5 puntos y para alcanzar esos objetivos el Gobierno no desea reducir gastos. Creo que nadie en esta Cámara desea esa reducción pero, lógicamente, la cuadratura del círculo no existe: tendremos que hacerlo por la vía de los ingresos”.

En Ciudadanos creemos que es un gravísimo error abandonar cualquier intento de recortar el gasto superfluo, las duplicidades o los excesos en el gasto político. De hecho, a propuesta nuestra, el Gobierno se ha comprometido ante las Autoridades Europeas a encargar una auditoría externa del gasto público, dirigida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo que permitirá según sus cálculos un ahorro de 900 millones de euros, sin ningún tipo de recortes de derecho. En implantar medidas como ésta, dada la falta de convicción que manifiestan sus dirigentes, se tiene mucha menos prisa que en subir impuestos.

Desde luego hay que cuadrar las cuentas, pero no sólo recortando el gasto superfluo, sino también siendo más ambiciosos en la lucha contra el fraude, por ejemplo exigiendo en plazo los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente en la amnistía fiscal, el sacrificio que se exige a los contribuyentes honestos sería muy inferior. Incluso contando con todo eso, se podrían aprobar normas fiscales coherentes, y no chapuzas, para obtener más ingresos. Esto es lo que sería un mal menor, y no “el impuesto a las pérdidas” que se convalidó el pasado jueves.

Lo que tampoco era un mal menor, y sí una chapuza, es la práctica prohibición de los aplazamientos para el año que viene. No sólo es que las sociedades ya no puedan solicitar aplazamientos de ninguna de sus obligaciones tributarias. Es que, además, los autónomos tampoco van a poder aplazar el IVA, salvo que prueben que no han podido cobrar las cuotas correspondientes. El principal problema es que esta prueba puede ser simplemente imposible, bien porque el comprador sea un cliente particular, o una Administración o gran empresa, que al no cumplir los plazos de la ley de morosidad, no va a certificar nada. Aunque el ministro Montoro considere que todas las empresas pueden acceder, sin ningún problema y a bajo coste, a la financiación bancaria, esto simplemente es falso. Parece que el Gobierno del PP cree que sólo existen las grandes empresas.

Esto es, también, lo que parece considerar el Ministerio, según transmiten oficiosamente, respecto del impuesto a las pérdidas, que sólo afecta a un puñado de grandes empresas. Tengo una gran curiosidad por saber en qué se basan, porque los datos oficiales de la Agencia Tributaria dicen otra cosa. Sólo el último año de aplicación de la deducción por deterioro, es decir pérdidas en inversiones, que ahora se revierte, 5.121 empresas se acogieron a la medida. Estas 5.121 sociedades se dedujeron de su base imponible de 2012 la friolera de 37.848.263.005 euros. La inmensa mayoría de empresas que se acogieron a esta medida eran pymes, aunque lógicamente las grandes empresas se dedujeron más importe. Aquí se pueden consultar los datos.

Todos los años en que estuvo en vigor la medida, de 2008 a 2012, varios miles de empresas se dedujeron importes muy importantes, porque estaban perdiendo dinero en sus inversiones. Ahora bien, en algunos casos, estas empresas perdían en sus inversiones, pero a nivel global ganaban dinero. Esto significaba, que gracias a la deducción por pérdidas en inversiones de sociedades participadas (art.12.3 LIS), estas empresas dejaban de ingresar impuestos. Sin embargo, otras muchas empresas tenían pérdidas. Por esa razón, no tenían que ingresar el impuesto de sociedades y sólo acreditaban pérdidas para, en su caso, pagar menos impuestos en el futuro.

Ahora, las empresas que perdieron en sus inversiones y, además tenían pérdidas a nivel global, tienen un grave problema. Estas empresas tendrán que pagar por esta “reversión de la deducción”, ya que sus pérdidas sólo serán compensables en parte. Si no hubiesen perdido nada, no pagarían nada, pero como perdieron antes, ahora pagaran unos impuestos que antes no se ahorraron.

Este impuesto a las pérdidas es un grave error de concepto, especialmente cuando quedan agujeros obvios en el impuesto de sociedades. Así, a día de hoy la inmensa mayoría de las plusvalías están totalmente exentas del impuesto de sociedades. Esto quiere decir que no cobramos nada por los pelotazos de las empresas, pero el Gobierno pretende hacerles pagar por las pérdidas de los años 2008-2012. Esto puede ser constitucional, o en algunos casos no, pero en ningún caso es una buena idea. Lo que he expuesto en la Tribuna del Congreso, y hemos detallado al Gobierno, no es la eliminación indiscriminada de deducciones como afirman algunos, sino cerrar agujeros. Y hay algunos obvios, como la Disposición Transitoria 37ª, por la que estamos compensando a algunas empresas por el enorme perjuicio de haberles rebajado el tipo impositivo del 30 al 25%. Hay que acabar con este tipo de agujeros y privilegios, muy complicados de justificar, antes de obligar a pagar por las pérdidas, pero mucho antes.

En fin, el Decreto Ley de Medidas Fiscales contenía graves chapuzas. Por esa razón, Ciudadanos, además de no apoyarlo, solicitó su tramitación como proyecto de ley para poder realizar enmiendas. La grave irresponsabilidad del PP y el PSOE lo impidió aunque sabían, porque se lo habíamos dicho, no sólo en privado sino desde la Tribuna del Congreso, que el Decreto Ley tenía fallos  graves. Esperamos que esos graves fallos, esos sí, sean objeto de reversión más pronto que tarde, a poder sin nuevas chapuzas como órdenes ministeriales o instrucciones que contradigan un Decreto Ley. Ya está bien de chapuzas: no resuelven nada y lo complican casi todo.

***Francisco de la Torre Díaz es diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos.