Los españoles tenemos mucha facilidad para arreglar los problemas del país si estamos con unos amigos y tenemos una cerveza entre las manos. Sin embargo, la de los ciudadanos para involucrarse en la vida pública y actuar como un auténtico contrapeso a al poder político y económico. Los presidentes de las principales instituciones reguladoras y supervisoras de España, reunidos en el simposio del primer aniversario de EL ESPAÑOL, han reclamado la colaboración de los ciudadanos para actuar de contrapeso del poder político y económico.

“Hay que cambiar la mentalidad de los ciudadanos”, señaló Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. “Tenemos que tomar conciencia de que preguntar no solo es bueno, sino que es democráticamente bueno”. En su opinión, “el avance del Estado Democrático necesita la consolidación del diálogo con los ciudadanos”. Arizmendi considera que “el indicador más importante de la calidad democrática es su grado de relación, participación y conversación con sus ciudadanos”, por lo que “se ha acabado gobernar de espaldas a la sociedad”.

Los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que pueden preguntar, “por ejemplo, por qué no se ha acabado el polideportivo del barrio que lleva meses parado o cuánto ha costado la obra”. Sin embargo, Arizmendi reconoció que los ciudadanos no lo tienen fácil a la hora de solicitar información a través del portal de transparencia del gobierno. El ciudadano tiene que tener una firma electrónica avanzada o bien realizar la pregunta a través de la Agencia Tributaria, lo que “es claramente disuasorio”, ha denunciado Arizmendi.

En la misma dirección se pronunció José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su opinión, los ciudadanos tienen que castigar con dureza a los cárteles que terminan provocando sobrecostes para el conjunto de la ciudadanía. “Lo que falta es que las sanciones de los ciudadanos sean más disuasorias con las empresas incumplidoras”, ha indicado Marín Quemada.

El presidente de la CNMC puso dos ejemplos de cárteles desmontados por la institución en el último año. El primero es el del cártel de la recogida de basuras, donde una serie de empresas se unían para repartirse los ayuntamientos y las tarifas y así elevar los precios. El segundo el de los pañales para adultos, que se unieron para elevar los precios en más de un 25% durante más de 10 años y que acabaron pagando los mayores y la Seguridad Social. ¿Es suficientemente severa la sociedad con las empresas que organizaron estos dos cárteles? Marín Quemada se ha llegado incluso a preguntar si esto es incluso corrupción.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, indicó que una de las herramientas fundamentales de esta institución para imponer el principio de cumplir o explicar es precisamente el daño reputacional de las distintas administraciones. Las recomendaciones y advertencias de la AIReF no son de obligado cumplimiento para las administraciones, pero si no lo cumplen, tienen que explicar por qué, este es el principio de cumplir o explicar.

Escrivá explicó la función de la institución como “un pepito grillo para la Administración, silbamos al oído lo que están haciendo bien y lo que hay que corregir”, sin embargo, se trata de un organismo “singular, porque tenemos un gran megáfono”. Esta es la fuerza de la AIReF. Además, como el presidente reconoció, se ha contado con la ayuda de Bruselas “que ha mandado cartas a las administraciones cuando ha sido necesario”.

La independencia

Para cualquier supervisor y regulador, la independencia de los poderes del estado es un elemento imprescindible. Por este motivo, los presidentes de las tres instituciones hicieron un llamamiento conjunto a mantener su independencia, como recoge la ley. “Ni siquiera los que nos crearon sabían qué fuerza podíamos tener”, ha señalado Arizmendi, “yo tengo 22 procesos contencioso-administrativos con la Administración”.

“La CNMC es independiente, no porque lo diga yo, sino porque la ley 13/2013”, ha apuntado Marín Quemada señalando directamente a la norma que da sustancia a la institución. Esta institución atraviesa un momento complicado, ya que la mayor parte de los partidos del Parlamento quieren trocearla para separar la regulación sectorial de la supervisión. Marín Quemada defendió el sistema actual, por dos motivos. En primer lugar, porque al abarcar muchas funciones, “nos permite contar con una institución de cierto tamaño, ya que tenemos un presupuesto de 60 millones de euros al año”. Los beneficios que da la el mayor tamaño van desde la mayor fortaleza que se consigue respecto a las presiones externas, como a la optimización de costes gracias a la división del trabajo.

En segundo lugar, Marín Quemada ha señalado que “la realidad actual es poliédrica”, ya que las empresas se están transformando rápidamente, abarcando distintos sectores. Como ejemplo ha puesto el de las telecomunicaciones, que ahora ofrecen teléfono, internet, contenidos y hasta electricidad. “Los cárteles están tomando una dimensión distinta, por eso la visión de la institución tiene que ser multifacética”, ha reconocido.

Para Escrivá, el futuro de las instituciones independientes está garantizado “gracias a la calidad del funcionariado que hay dentro”. Esto es, los trabajadores que sacan adelante el trabajo al margen de quién sea el presidente de turno nombrado por el Gobierno. Las tres instituciones mantendrán su labor de contrapeso del poder mientras se conserve la calidad de sus equipos y se potencie la concienciación de la sociedad garantizar su supervivencia.