Bruselas redobla la presión sobre el futuro Gobierno de Mariano Rajoy. Sin ni siquiera esperar a la investidura, la Comisión Europea ha enviado este martes una carta a Madrid en la que reclama que el nuevo Ejecutivo apruebe de forma urgente, nada más tomar posesión, unos Presupuestos completos para 2017. Las cuentas actualizadas deberán incluir ajustes por valor de 5.000 millones de euros (el 0,5% del PIB) con el fin de cumplir los objetivos de reducción del déficit exigidos por la UE.

La misiva del Ejecutivo comunitario (en pdf), firmada por los comisarios Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici, alerta de que los Presupuestos prorrogados remitidos a Bruselas por el Gobierno en funciones quedan lejos de las metas a las que se ha comprometido España. En lugar del 3,1% que reclama la UE, prevén un déficit del 3,6% en 2017. "Esto puede suponer riesgos para una corrección sostenible y en plazo del déficit excesivo", avisan los responsables comunitarios.

"Por ello pedimos garantías a las autoridades españolas en los próximos días de que el futuro Gobierno, tan pronto como sea posible cuando tome posesión, presentará un plan presupuestario actualizado a la Comisión y al Eurogrupo que garantice el cumplimiento de los compromisos", concluye la carta, de apenas cinco párrafos.

Acortar los plazos

La misiva de Bruselas forma parte del procedimiento de vigilancia de los presupuestos nacionales que la UE activó hace dos años para prevenir nuevas crisis de deuda. Este tipo de avisos se envían a los países miembros cuyo proyecto de cuentas públicas corre un grave riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad. En estos casos extremos, la Comisión puede solicitar la presentación de un nuevo presupuesto en un plazo máximo de tres semanas.

En la última reunión del Ecofin, el ministro de Economía, Luis de Guindos dijo que veía viable que el futuro Gobierno enviara a Bruselas los Presupuestos antes de fin de año. Pero la misiva de la Comisión mete prisa para acortar estos plazos. Guindos aseguró que esperaba contar con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y PNV. Pero el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha dicho que no apoyará las cuentas del PP, lo que complica cumplir el calendario que exige la UE.

En todo caso, la Comisión nunca ha hecho uso hasta ahora de sus poderes para tumbar presupuestos nacionales. En 2014 envió avisos a Francia e Italia, pero en el último momento aceptó las garantías de los Gobiernos de París y Roma. Lo mismo ocurrió a principios de año con las cuentas del nuevo Ejecutivo socialista portugués.

Además de a España, Bruselas ha enviado este martes avisos a Italia, Bélgica, Lituania, Portugal y Finlandia.

Bruselas reclama subir el IVA

El principal ajuste que la UE aconseja a España para garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit es que suba el IVA, una medida que no está contemplada en el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos ni en el programa de ningún otro partido. En concreto, Bruselas reclama aumentar el IVA hasta el tipo general del 21% en algunos de los productos y servicios a los que hasta ahora se aplica el tipo reducido del 10% o el súper reducido del 4%, aunque no ha especificado cuáles.

Además de la subida del IVA, el Ecofin ha pedido a España (en pdf) que aplique con más rigor a las comunidades autónomas la ley de estabilidad presupuestaria y que extreme los controles sobre las licitaciones públicas con el fin de evitar nuevos casos de corrupción y mal uso de los fondos públicos.

España se libró en el último minuto en julio -junto con Portugal- de una multa de la UE de hasta 2.000 millones de euros (el 0,2% del PIB) por haber incumplido el déficit en 2015. Uno de los motivos de la indulgencia de la Comisión fue la falta de un Gobierno con plenos poderes para adoptar los ajustes requeridos.

Pero la UE empieza ya a perder la paciencia con nuestro país. La Comisión todavía podría congelar en las próximas semanas hasta 1.300 millones de euros en fondos regionales europeos si considera insuficientes los recortes ofrecidos por Madrid. Hasta ahora, la Eurocámara ha logrado retrasar la suspensión con sus maniobras dilatorias. Además, Bruselas podría activar una nueva sanción reforzada de hasta 5.000 millones de euros en caso de un nuevo desfase presupuestario.