España se libró en el último minuto de la multa de la UE por incumplir el objetivo de déficit en 2015, pero no podrá escapar a la congelación de parte de las ayudas comunitarias del año que viene. El vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, ha dicho este lunes que el Ejecutivo comunitario está "legalmente obligado" a proponer la suspensión de ayudas europeas porque el Gobierno de Mariano Rajoy no tomó medidas para corregir el desfase presupuestario. La medida afecta también a Portugal.

No obstante, tanto Katainen como la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, se han comprometido a minimizar el impacto de esta suspensión. Ninguno de los dos han desvelado la cantidad de fondos que se congelarán, aunque según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL la cifra será de alrededor de 1.300 millones de euros en el caso español. Tampoco han concretado cuándo tomarán la decisión. A la hora de calcular el importe, Bruselas tendrá en cuenta el alto nivel de paro y no paralizará ninguna ayuda destinada a combatir el desempleo juvenil, ha dicho Cretu.

Además, la suspensión de los fondos europeos tendrá carácter "temporal" y el Ejecutivo comunitario la levantará "inmediatamente" cuando España presente los ajustes prometidos para cumplir con el déficit, ha asegurado la comisaria de Política Regional. Bruselas espera en particular la reforma del impuesto de sociedades para obligar a las grandes empresas a adelantar el pago de hasta 8.000 millones de euros.

"La suspensión de los fondos estructurales no tiene ningún impacto a corto plazo", ha insistido Cretu. El dinero que quede paralizado puede gastarse hasta 2020, así que sólo si las autoridades españolas rechazan sistemáticamente tomar medidas para corregir el déficit perderían definitivamente los fondos.

Los argumentos de Cretu y Katainen no han convencido a los principales grupos de la Eurocámara. Tanto los populares como los socialistas europeos han dicho que sería "absurdo" congelar los fondos a dos países que, como España y Portugal, están necesitados de inversión. La opinión del Parlamento no es vinculante, pero hasta ahora ha logrado retrasar la decisión del Ejecutivo comunitario.