Cinco claves de la sanción de la UE a España por el déficit

Ya no hay marcha atrás. La Comisión Europea ha desencadenado este jueves un procedimiento imparable para sancionar a España y Portugal por incumplir los objetivos de déficit en 2015. Ni Madrid ni Lisboa tomaron las medidas necesarias para respetar las metas fiscales impuestas por la UE. Aunque Bruselas está decidida a reducir la multa a cero, los dos países cargarán con el estigma de ser los primeros en ser castigados por déficit excesivo. Y sufrirán una congelación, al menos temporal, de parte de los fondos europeos que les corresponden.

La próxima etapa en el calendario es la reunión de ministros de Economía del 12 de julio. Salvo sorpresa de última hora, el Ecofin ratificará el dictamen negativo del Ejecutivo comunitario. A partir de ese momento, Bruselas tiene un plazo de 20 días para fijar el importe de la multa. Y el Gobierno de Mariano Rajoy dispone de 10 días si quiere presentar alegaciones. La decisión final se adoptará previsiblemente en la reunión de la Comisión del 27 de julio. A continuación relatamos las principales claves.

1. Bruselas censura la rebaja de impuestos electoralista de Rajoy

"España no ha tomado medidas eficaces" para reducir el déficit público en 2015. Esta es la principal conclusión del dictamen (en pdf) con el que Bruselas ha desencadenado la cuenta atrás irreversible hacia las sanciones. En lugar del 4,2% pactado con la UE, el déficit se disparó hasta el 5% del PIB (sin contar las ayudas a la banca). Y ello pese a que la economía española avanzó a un ritmo del 3,2%, una de las tasas más altas de la eurozona. La Comisión admite que la inflación fue inferior a la prevista, tal y como alega el Gobierno español. Pero replica que el impacto negativo del bajo nivel de precios fue compensado de sobra por el mayor crecimiento.

Para Bruselas, el desvío del déficit se debe a las rebajas de impuestos y al aumento de gasto aprobados por el Gobierno de Rajoy en pleno año electoral. "La relajación de la política presupuestaria en 2015 tuvo un fuerte impacto en los resultados fiscales", dice su informe. El Ejecutivo comunitario centra sus críticas en la reducción del IRPF, que "supuso una pérdida de ingresos de casi el 0,4% del PIB". Este recorte debería haberse financiado subiendo otros gravámenes, como el IVA, los impuestos especiales o los medioambientales. La Comisión denuncia además la devolución de parte de la paga extra de Navidad congelada en 2012 o la subida del gasto público tanto a nivel central como en las comunidades autónomas.

El resultado es que el déficit estructural en 2015 aumentó un 0,7%, en lugar de reducirse un 0,8% como pedía la UE. El esfuerzo estructural acumulado de España durante el periodo 2013-2015 fue del 0,6% del PIB, muy lejos del 2,7% comprometido con Bruselas.

2. La multa se reducirá de 2.000 millones a cero

Pese al incumplimiento claro de España, los comisarios responsables del área económica, Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici, han vuelto a dejar claro que no tienen ningún apetito de imponer sanciones. Pero tampoco encuentran escapatoria. Si el Ecofin ratifica el dictamen negativo de Bruselas, las reglas obligan al Ejecutivo comunitario a imponer una multa equivalente al 0,2% del PIB (alrededor de 2.000 millones en el caso de España). Sin embargo, la normativa también permite a la Comisión rebajar este importe o incluso cancelar la sanción si el país afectado lo pide.

La intención de Bruselas es reducir la multa de España de 2.000 millones de euros a cero, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. Así lo han sugerido también Dombrovskis y Moscovici durante su rueda de prensa. "La multa puede ser igual a cero", ha repetido Moscovici en varias ocasiones. La Comisión tendrá en cuenta los esfuerzos fiscales ya realizados por Madrid y Lisboa y el impacto de la resaca de la crisis económica, explican los comisarios.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha anunciado esta semana que presentará alegaciones para cancelar la multa. Sus argumentos son que España ya ha rebajado mucho el déficit, desde el 9,3% en 2011 al 5% el año pasado (sin contar las ayudas a la banca). Además, ha emprendido un gran número de reformas económicas y ha empezado a corregir desequilibrios. Y es una de las economías de la zona euro que más crece y más empleo crea.

“Esas alegaciones deben llevar a la conclusión de que se cancela el procedimiento de multa o que la multa tiene que ser cero”, ha dicho el ministro de Economía en una entrevista a Onda Cero. Sin embargo, la falta de un Gobierno con plenos poderes, que podría ofrecer un plan de ajuste a largo plazo, dificulta las negociaciones con Bruselas para cancelar la multa.

3. La congelación de fondos europeos, inevitable

Aunque la multa se reduzca a cero y se quede así en una mera amonestación simbólica, la Comisión está obligada, como parte del proceso sancionador, a congelar parte de los fondos europeos asignados a España. En concreto, hasta un máximo del 50% de las ayudas correspondientes a 2017. Este porcentaje puede reducirse atendiendo a criterios como el alto nivel de paro, pero en ningún caso se anulará por completo, según las fuentes consultadas.

España tiene asignados un total de 38.000 millones de euros para el periodo de 2014-2020, es decir, alrededor de 5.400 millones anuales de media. En teoría, la suspensión podría afectar a un máximo de 2.700 millones. Esta cifra se sumará a los 1.100 millones que Bruselas ya ha congelado por diversas irregularidades. Para que se desbloqueen estas subvenciones, el nuevo Gobierno deberá presentar antes de tres meses un plan de ajustes que responda a las exigencias de la Comisión. De lo contrario, parte de las ayudas previstas en 2017 para proyectos de infraestructuras, I+D o políticas activas de empleo no llegarán a sus destinatarios.

4. Rajoy quiere concentrar los recortes en 2017

A la vez que la multa cero y la suspensión de ayudas europeas, Bruselas hará pública el 27 de julio la nueva senda de consolidación fiscal que debe cumplir España. En mayo, la Comisión ya dio un año extra a Rajoy, hasta 2017, para situar el déficit por debajo del 3% del PIB. Y fijó nuevos objetivos del 3,7% para este año y del 2,5% para el año que viene. Pero el Ecofin todavía no ha aceptado las nuevas metas porque cree que el Ejecutivo comunitario no ha respetado los procedimientos.

Los objetivos definidos en mayo todavía podrían modificarse. Bruselas descarta ampliar la prórroga a dos años, porque España no lo ha pedido y tampoco lo ve necesario. Pero Guindos sí ha solicitado a la Comisión más margen de déficit para 2016, ya que será prácticamente un año perdido en el que resulta imposible hacer recortes debido a la repetición de las elecciones y la tardía formación de Gobierno. Rajoy reclama al Ejecutivo comunitario concentrar todo el esfuerzo de ajuste en 2017, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. 

5. Fracasan las maniobras dilatorias

El Gobierno de Rajoy lleva semanas intentando paralizar o al menos retrasar las sanciones de la UE por el déficit. En mayo envió una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y logró su objetivo. El Ejecutivo comunitario aplazó su dictamen alegando que no quería interferir en la campaña electoral. Ahora ha presionado, con la complicidad de nuevo de Juncker, para que el procedimiento se retrase de nuevo hasta octubre, hasta que se haya formado el Gobierno.

Pero Alemania, que ya se quejó en mayo de la falta de decisiones sobre España y Portugal, ha abortado esta nueva maniobra dilatoria y ha forzado que las sanciones se discutan el 12 de julio. Ha contado con la complicidad de Eslovaquia, que ocupa la presidencia de turno de la UE y decide las agendas del Ecofin.

Alemania, Holanda y Finlandia exigen a la Comisión que aplique de forma estricta las reglas del Pacto de Estabilidad. España cuenta con el apoyo de países como Francia o Italia, que no quieren sanciones, sobre todo en plena resaca del brexit y con riesgos crecientes de una ralentización económica y de una crisis bancaria en Italia y Portugal. Estos países todavía podrían buscar una minoría de bloqueo y paralizar el proceso sancionador el próximo martes.

Pero incluso el Gobierno español descarta esta posibilidad. Durante la reunión de embajadores celebrada este jueves, el representante de Portugal ha pedido que la decisión del Ecofin sea "política". Pero el español ni siquiera ha intervenido. Rajoy ha evitado hasta ahora hacer frente común con el Gobierno socialista de António Costa, que gobierna con el apoyo del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda, el equivalente portugués a Podemos.