Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Europa Press
El Gobierno subirá las cotizaciones de los trabajos más 'penosos' para financiar su jubilación anticipada
- Afectará a las empresas y empleados de aquellas actividades cuya naturaleza peligrosa permite adelantar el retiro de los trabajadores.
- Más información: Cuota de solidaridad, MEI y cotizaciones sociales: qué son, para qué sirven y por qué no se consideran impuestos
El Gobierno pretende introducir una nueva cuota adicional en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta medida afectará exclusivamente a empresas y trabajadores de actividades con condiciones especialmente peligrosas, penosas o insalubres, permitiendo de esta manera que los empleados puedan acceder a una jubilación anticipada.
Así se recoge en un proyecto de real decreto que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha sacado a consulta pública. El Gobierno tramitará el texto por la vía de urgencia, aunque la naturaleza de la norma, que contempla la creación de una "comisión de evaluación" en un plazo de cuatro meses tras su aprobación, puede retrasar su aplicación efectiva.
En cualquier caso, la cuota adicional cubrirá el coste del adelanto en la jubilación de estos colectivos. Las empresas con trabajos de alto riesgo asumirán esta cotización de forma proporcional, al igual que los propios trabajadores. Para los autónomos en actividades similares, el coste correrá sólo a cargo del trabajador.
Esta nueva cotización adicional busca financiar el impacto económico que representa el adelanto en la edad de jubilación. La medida forma parte del desarrollo legislativo del acuerdo en materia de pensiones y Seguridad Social que Sánchez rubricó con sindicatos y patronal a la vuelta de las vacaciones de verano.
La cuota adicional se aplicará únicamente a la base de cotización de los trabajadores que potencialmente pueden beneficiarse de la jubilación anticipada por la penosidad de los empleos.
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Europa Press
El real decreto —que todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso— define el régimen jurídico de la cuota adicional, pero el tipo exacto de cotización se determinará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, será distinta en función del sector y el grado de riesgo de cada actividad.
Según está formulada la norma, sólo los colectivos que cumplan con los requisitos para beneficiarse de la jubilación anticipada verán reflejado este recargo en sus nóminas. Los sectores afectados serán aquellos cuyos trabajos, por su dureza o toxicidad, han demostrado altos índices de morbilidad o siniestralidad laboral.
Coeficientes reductores
El nuevo sistema de coeficientes reductores busca compensar a quienes se exponen de forma regular a condiciones laborales extremas. El adelanto de la jubilación no es automático, sino que se aplicará sólo en los casos en los que no sea viable modificar las condiciones de trabajo de los empleados.
Esta medida no afectará a otros sectores, manteniendo el esfuerzo presupuestario limitado a los colectivos identificados en los informes. Con el tiempo, el Gobierno prevé revisar cada diez años estos coeficientes reductores para valorar la posible eliminación o ajuste de las condiciones de jubilación anticipada en cada sector.
La normativa se centra en actividades laborales que implican riesgos específicos para la salud de los trabajadores. Estos sectores incluyen actividades en condiciones extremas, como exposición a temperaturas, sustancias tóxicas o ambientes peligrosos, que suelen desgastar física o psicológicamente a quienes desempeñan estos trabajos.
A diferencia de otros tipos de cotizaciones, esta cuota no se aplicará de manera generalizada a todos los trabajadores. Por el contrario, está orientada exclusivamente a quienes, por la naturaleza de su trabajo, puedan justificar el adelanto de su edad de jubilación bajo los nuevos coeficientes reductores.
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Eso sí, deberán abonarla todos los empleados que lleven a cabo estas actividades de riesgo que puedan desencadenar una jubilación anticipada, así como sus empleadores. Y lo harán con independencia del resultado, es decir, que sufrirán un incremento de los costes laborales no salariales sin asegurarse por ello una contraprestación en el futuro.
Y es que, al contrario que otras recientes subidas de las cotizaciones sociales, esta no se traduce en un derecho futuro automático. Los trabajadores y las empresas pagarán más, pero no recibirán por ello una mayor pensión en el futuro, ni se jubilarán necesariamente antes de tiempo. Más aún teniendo en cuenta que, según la propia norma, la jubilación anticipada es la última opción y sólo en caso de que los trabajadores no puedan ser reubicados en otras tareas.
Coste de los informes
El proyecto de real decreto que prepara el Ministerio también incorpora un presupuesto de 163.739 euros destinado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Esta inversión se utilizará para contratar personal y mejorar la sistematización de los informes de morbilidad y siniestralidad, que servirán de base para definir los sectores afectados.
Este proceso de sistematización busca optimizar el análisis de los riesgos laborales y ayudar a establecer los coeficientes reductores que permitirán anticipar la edad de jubilación para aquellos colectivos que cumplan con los criterios de peligrosidad o insalubridad laboral.
