CEOE recurre a Junts para tumbar la reducción de jornada si Yolanda Díaz la cierra sólo con los sindicatos
En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo ha chocado con los sindicatos acerca de las medidas que están negociando en la mesa de diálogo social.
26 septiembre, 2024 02:13Nadie está contento. La negociación entre Gobierno y agentes sociales para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas ha llegado a punto muerto. Yolanda Díaz ha terminado chocando con los sindicatos acerca de qué se ha ofertado o no en la mesa tripartita, mientras que la patronal ha recurrido a Junts para convencer a los de Puigdemont de tumbar la norma si esta llega al Congreso de los Diputados.
Pese al último acuerdo de pensiones, no corren buenos tiempos para el diálogo social. El Gobierno maneja la rebaja del tiempo de trabajo como una medida pactada en el acuerdo de coalición que deriva, además, de una promesa electoral de la propia Díaz como candidata de Sumar. Es decir, se trata de un compromiso adquirido a bombo y platillo y renunciar al mismo tendría un coste político.
Por su parte, para los sindicatos es una reivindicación de los últimos años. Las centrales han llegado incluso a plantear una rebaja hasta las 32 horas, es decir, la jornada laboral de cuatro días. Además, entienden que, si uno de los partidos del Gobierno se presentó a las últimas elecciones prometiendo una reducción de jornada, esta debe aprobarse, haya o no un acuerdo con los agentes sociales.
Mientras tanto, los empresarios se oponen frontalmente. Desde antes del comienzo de las negociaciones, la CEOE ha defendido su derecho a decir que no a la reducción de la jornada laboral por ley, aunque en ningún momento han declinado participar en la mesa de diálogo. Antes de que el Ministerio de Trabajo se sentara en dicha mesa, la patronal había mantenido conversaciones bilaterales con los sindicatos.
No obstante, su posición es clara: los tiempos de trabajo son materia de la negociación colectiva a nivel de empresa o sector. Es decir, que debe acordarse en los convenios colectivos, más ligados a la realidad del tejido productivo. Es lo que llevan meses defendiendo y sólo darán su brazo a torcer si hay una rebaja "significativa" de los costes laborales.
Sin embargo, saben que existe la posibilidad de que Yolanda Díaz llegue a un acuerdo sólo con los sindicatos; no sería la primera vez. Ante esto, los de Garamendi han empezado a mantener reuniones con fuerzas políticas. Y es que, en última instancia, la reducción de la jornada laboral dependerá de su aprobación por parte del Congreso de los Diputados, donde el Gobierno está teniendo dificultades para embridar mayorías.
Por eso mismo, uno de los contactos ha sido con el que en estos momentos es uno de los socios menos fiables del Ejecutivo: Junts. Los de Puigdemont ya han cambiado en más de una ocasión su voto en el último minuto, lo que ha causado verdaderos quebraderos de cabeza a un Gobierno que se ve obligado a hacer gestos para ganarse el favor de los independentistas.
El movimiento tiene algo de defensivo, ya que la semana pasada Yolanda Díaz se reunió con Pimec y Foment —esta última integrada en CEOE— para hablar de la reducción de la jornada laboral. Ambas patronales tienen relación con el espacio postconvergente y del movimiento de la líder de Sumar deriva tanto la búsqueda de una fractura dentro de la patronal española como que las catalanas intercedieran ante Junts.
Y es que el Gobierno descuenta el voto en contra de PP y Vox, lo que le hace necesitar del resto de fuerzas parlamentarias en caso de que decida llevar la medida al poder Legislativo. Aunque es cierto que los populares nunca se han opuesto frontalmente a la reducción de jornada —el propio Feijóo rehusó hacerlo en la sede de la patronal—, la estrategia de los conservadores pasa por una oposición dura.
Choque con los sindicatos
Pero el de la patronal no es el único problema de Díaz. Tras la reunión de este martes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tuvo que salir a desmentir que hayan propuesto extender en el tiempo la reducción de jornada, de tal manera que las 37,5 horas no se aplicaran hasta 2026.
Después de una reunión de más de cuatro horas, Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, indicó que esa era una de las propuestas que se habían puesto encima de la mesa. Lo cierto es que el propio Gobierno ya había dejado caer en el mes de julio que la aplicación de la nueva jornada podría llegar después de 2025, pero sin poner un marco temporal definido.
Según ha podido saber este periódico, sí que se trata de una cuestión que ha sido abordada en los diferentes encuentros. Sin embargo, al no existir una propuesta por escrito por parte del Ministerio de Trabajo —pese a que se hubiera comprometido a ello—, no puede imputarse al equipo de Yolanda Díaz la calendarización avanzada por CCOO.
Todo viene de la interpretación de la norma. Si se aprueba, la reducción de la jornada se hará en cómputo anual, no semanal, de manera que las empresas tendrán margen durante todo 2025 para aplicar el cambio. Es decir, que podrían empezar el año con una jornada de 40 horas e ir reduciendo la misma poco a poco para que, una vez termine el año, la suma arroje una media de 37,5 horas a la semana.
En cualquier caso, los tiempos no son el único elemento de fricción. El Ministerio de Trabajo ha ofrecido a los empresarios rebajas en las cotizaciones de los nuevos empleados que las empresas de menos de diez trabajadores tengan que contratar con motivo de la reducción de jornada. Pero no hay nada cerrado: como con lo anterior, al no haber un documento, nada es definitivo.
En la mesa se ha discutido que la bonificación de las cotizaciones —que pagaría el SEPE— pueda alcanzar hasta el 100% de las contingencias comunes, siempre que la contratación sea de desempleados demandantes de empleo.
La rebaja en el pago de las cuotas a la Seguridad Social partiría del 80%, pero iría a más en función de la edad de la persona contratada o el sexo. En concreto, las bonificaciones aumentan para los jóvenes, los mayores de 52 años y las mujeres.
Sin embargo, los participantes de la mesa de diálogo social sólo han teorizado sobre esta cuestión. Entre otras cosas, porque todavía no saben cómo delimitar que un contrato se firma como efecto de la reducción de la jornada laboral. Y porque han definido durante cuánto tiempo estarían vigentes esas bonificaciones.
Así las cosas, las conversaciones continuarán —la siguiente reunión será el 11 de octubre—, aunque la perspectiva, pese a las optimistas declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, no son halagüeñas. La CEOE sigue enrocada en el no y los sindicatos continúan adelante con sus movilizaciones: este jueves se manifiestan frente a las sedes de la patronal en toda España y el siguiente paso es implicar a toda la ciudadanía.
El otoño caliente que algunos anunciaban a finales de julio finalmente ha llegado. Ahora queda ver en qué se traduce.