La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado este miércoles con CCOO y UGT el acuerdo para la reforma de los subsidios por desempleo, el último hito por cumplir con Bruselas. Con este paso, Trabajo avanza en "no dejar a nadie sin una red de seguridad que siempre es pública".
El pacto ha salido adelante sin la firma de la patronal. CEOE y Cepyme han manifestado en un comunicado que "no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta".
Pese a la ausencia patronal, Díaz ha agradecido sus aportaciones y contribuciones para mejorar un texto que fue rechazo en enero, durante su tramitación parlamentaria. Ahora, tanto el Gobierno como los sindicatos confían en que, al mantener la cotización del 125% para los mayores de 52 años, cuente con el visto bueno de Podemos, que se opuso en la votación anterior, junto con PP y VOX.
"Esto no es ninguna paguita. Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras", ha proclamado Díaz durante la firma del acuerdo, en el Ministerio de Trabajo.
Aunque ya hay acuerdo, quedan algunos puntos por pulir. No obstante, Díaz ha señalado durante su intervención que esta reforma "mejora y amplía" la protección, ya que incluye a los emigrantes retornados, a las víctimas de violencia de género o sexual, también se extiende a los eventuales agrarios, a los trabajadores a tiempo parcial, a las trabajadoras marroquíes en Ceuta y Melilla.
Asimismo, fomentará la compatibilidad entre los subsidios y el empleo. Para la ministra, es la muestra de un "acuerdo valiente" que "beneficia a la mayoría".
Acuerdo necesario
Díaz ha suscrito el acuerdo con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y con el de CCOO, Unai Sordo. Ambos han destacado la importancia de esta negociación y el resultado para los trabajadores.
"Es un acuerdo que era necesario. Sirve para mejorar el tratamiento y la cuantía de estos subsidios, para mejorar la vida de mucha gente, gente muy vuelnerable", ha subrayado Sordo en su intervención.
Por su parte, Álvarez, que ha hablado de "real decreto", aunque el Gobierno todavía no sabe cuál será el elemento legislativo, ha recalcado que "toca aspectos" necesarios desde hace "mucho rato". "Tiene una importancia mucho mayor de lo que pudiera parecer en relación con las personas que están en desempleo en nuestro país", ha añadido.
El Gobierno y los agentes sociales terminaron de ultimar el texto el lunes por la tarde. Trabajo remitió después el documento para que patronal y sindicatos lo evaluaran. Los sindicatos dedicaron todo el martes a su estudio, mientras que la patronal mantuvo en su oposición.
Entre sus argumetos para el rechazo, los empresarios sostiene que "esta propuesta carece de memoria económica, algo de especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados y dado el impacto económico de las medidas recogidas en el documento". También creen que la firma responde a "una estrategia política".
En cuanto al acuerdo, se sabe que las cuantías de las prestaciones equivaldrán al 95% del IPREM en los primeros seis meses, para bajar al 90% en el semestre posterior. El resto de la duración de la prestación será el 80% del IPREM.
También se ampliará la cobertura de las prestaciones parciales para pasar a una completa. Esta medida está pensada para los trabajadores con contratos a tiempo parcial que hasta ahora recibían una prestación parcial.
Entre los otros puntos que recogerá esta nueva propuesta se encuentran la ampliación de la cobertura, al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar, y la eliminación del tiempo de espera de un mes para pasar de las prestaciones contributivas a las asistenciales.
Asimismo, mejora la cobertura de aquellos que no acrediten 12 meses cotizados, algo que beneficia a los jóvenes; y facilidades para el cumplimiento del requisito de insuficiencia de renta.
Además, para los colectivos que pasarán al Ingreso Mínimo Vital (IMV) se establecerá una pasarela, ya que esa prestación depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Algunas de las cuestiones que tendrán que perfilarse próximamente serán las compatibilizaciones y su control, que dependerá del SEPE y la Inspección de Trabajo.