La llegada del fin de curso ha puesto nota a la reforma laboral en la Educación. La nueva normativa suspende en su objetivo de reducir la temporalidad en un sector acostumbrado a prescindir de sus trabajadores en verano. La contratación sigue siendo en su mayoría temporal, como reflejan las estadísticas de contratos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). En junio de este año, se firmaron 43.741 contratos iniciales y, de ellos, el 59% eran temporales.
Los datos de junio, los últimos disponibles en el portal del SEPE, cifran en 18.032 los contratos por circunstancias de la producción, cuya utilización debería limitarse a causas muy concretas. A ellos se suman los 7.778 contratos de sustitución firmados el mismo mes. En total, contabilizan 25.810 contratos de carácter temporal registrados en junio.
Frente a ese 59%, los contratos indefinidos, 13.689 en junio, sólo pesaron un 31,3% sobre todos los contratos de Educación registrados en el SEPE en junio. A pesar de que el porcentaje todavía es modesto y los temporales se imponen, la contratación indefinida gana terreno si se compara con los años previos a la reforma laboral.
En junio de 2019, los contratos indefinidos en la Educación sólo representaban el 3,2% del total, con 1.904 sobre 59.492. Un año después, la pandemia redujo el total de contratos en este sector a 18.310 en junio, de los que 1.256 eran indefinidos, un 6,8%.
Superada la pandemia y, con cierta normalidad de vuelta en las aulas, los contratos ascendieron a 48.100 en junio, con 1.844 indefinidos, un 3,8% sobre la cifra general en 2021. En 2022, con la reforma laboral ya en vigor, los contratos indefinidos en junio ascendieron a 14.784, un 28,9% de los 51.041 firmados ese mes.
Caída en la afiliación
La reforma laboral ha impulsado el fomento de la contratación indefinida en la Educación y se evidencia con más claridad al comparar los 13.689 contratos de este tipo de junio de 2023 con los 1.904 de julio de 2019. Sin embargo, el problema persiste en la destrucción de empleo al llegar el fin de curso, una práctica que debería estar erradicada con las modalidades contractuales de la actual legislación laboral.
Los datos de afiliación de julio, publicados este miércoles, muestran una caída de los cotizantes del 10,32%, con 110.705 afiliados menos en comparación con junio de este año. Ese comportamiento se había observado también en junio.
La afiliación en la Educación se redujo entonces un 4,6% y perdió 51.722 cotizantes. Así, entre junio y julio, la Educación ha destruido 162.427 empleos, un comportamiento que se achaca al fin del curso académico.
Al compararlo con años anteriores, la tendencia es similar todos los veranos, lo que cuestiona, de nuevo, la aplicación de la reforma laboral en la Educación, vinculada en buena medida con el sector público.
Entre junio y julio de 2022, la operación fue la misma: despedir trabajadores del sector. En concreto, la afiliación se redujo un 4,42% en junio y un 11,15% en julio. Los porcentajes de caída son similares en esos meses si se sigue retrocediendo en el tiempo.
Por esta razón, en el Gobierno restan importancia a la destrucción de empleo en la Educación durante el verano, si bien en los años anteriores la normativa era otra.
"La caída en términos de afiliación es habitual. En julio se interrumpe la actividad y siempre se produce una caída", comentó en la rueda de prensa de presentación de los datos el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.
La parte positiva, a juicio de Suárez, es que en julio el descenso "ha sido inferior" (aunque ni siquiera llega a un punto porcentual interanual) y prefiere quedarse con el incremento de la contratación indefinida en la Educación. "No aprecio nada que sea particularmente relevante o preocupante", zanjó.