Satisfecha, por no decir eufórica. Así ha comparecido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a valorar el primer año de funcionamiento de la reforma laboral. Una norma que, según sus palabras, ha permitido dar "estabilidad" a los trabajadores. Ahora bien, esta es -a su juicio- sólo una de las muchas normas que ha aprobado el que considera el "mejor Gobierno de la democracia".
El mensaje de Díaz llega después de que el Consejo de Ministros diera luz verde este martes al tercer paquete de medidas anticrisis que, entre otras cosas, rebaja el precio de los alimentos. Ahora bien, la vicepresidenta segunda no se conforma y pide más al Partido Socialista: "tenemos que aprobar la Ley de Vivienda y derogar la 'ley mordaza, ya que en términos democráticos es fundamental avanzar en ellas".
Durante la comparecencia ha aprovechado para anunciar que el Ejecutivo cumplirá su compromiso con la Comisión Europea para llevar a cabo más inversión pública en políticas de empleo juvenil. De este modo, de aquí a 2027 se van a destinar 3.500 millones de euros a este aspecto.
Más estabilidad
Se trata de un paso más en una reforma laboral que, según los datos que ha presentado, "permite avanzar en trabajos más estables y de calidad". De hecho, ha recordado que en este momento hay 20,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, una cifra que se sitúa en niveles previos a la crisis inmobiliaria.
La tasa de contratos a tiempo parcial se ha reducido hasta un 12,8% lo que, según el ministerio de Trabajo, "es el signo del cambio del paradigma de la reforma laboral". Ahora bien, aunque es cierto que la tendencia del desempleo ha sido a la baja, la vicepresidenta segunda ha recordado que el primer trimestre del año puede depararnos alguna subida, fruto del arranque del año, el fin de la Navidad y la falta de tracción por parte del sector turístico.
Por otro lado, Díaz ha confirmado que el Gobierno retomará cuando empiece el año la negociación con agentes sociales para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023, por lo que el incremento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero del próximo año, según ha confirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.