El plan de Díaz radica, concretamente, en reformar las causas del despido para que despedir sea más complicado o, al menos, la última opción de las empresas. 

Bajo el punto de vista del Ministerio de Trabajo, en España hay un problema cultural respecto al despido: las empresas recurren demasiado habitualmente a él. Se considera que esto ya no debería ser necesario con las actuales herramientas que tienen las empresas, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) habilitados por la reforma laboral. 

[Díaz anuncia el inicio de la elaboración del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI]

Por ello, el objetivo de Díaz es que el despido sea el último recurso que puedan emplear las empresas en su relación con los trabajadores. La ambiciosa reforma las causas del despido se querría pactar antes con los agentes sociales, es decir, con sindicatos y patronal. 

Para ello, el vehículo escogido por Trabajo es el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, un conjunto normativo para renovar el conjunto de la legislación sobre el mercado del trabajo y que supondría el broche de oro para la reforma laboral que se ha comenzado a aplicar este año. 

De hecho, el nuevo estatuto forma parte de los compromisos adquiridos por el PSOE y Unidas Podemos en el programa del Gobierno de coalición, unas promesas que se tendrían que cumplir antes de que acabe la legislatura.

Sin embargo, desde el Gobierno no son optimistas. Fuentes de Trabajo admiten que aunque en su momento anunciaron la puesta en marcha de su elaboración, el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI no está en su horizonte inmediato de medidas. Antes quieren cerrar las negociaciones que hay pendientes en el Diálogo Social, como el estatuto del becario. 

Plazos que aprietan

En el Gobierno no cierran la puerta a poderlo aprobar antes de que termine la legislatura, pero los plazos aprietan. Solo queda un año de legislatura y en 2023 el panorama se complica: en mayo se celebrarán los comicios autonómicos y locales y antes de que termine el año, las elecciones generales. 

Los propios sindicatos ya dan por hecho que esta cuestión no se abordará en la presente legislatura. La negociación social al respecto será dura y el año que le queda al Gobierno de coalición antes de las elecciones les parece escaso para ello. 

Lo que sí ha dejado claro el Gobierno en sus declaraciones más recientes es que, dentro de la citada reforma del despido, no tocará las indemnizaciones. Pese a que los sindicatos reclaman aumentarlas (están en los 22 días por año trabajado, 33 días si el despido es improcedente), Yolanda Díaz no se plantea este incremento. Afirma que esto no solventaría los problemas actuales de los trabajadores. 

De hecho, otra cuestión que no se incluiría en una reforma de despido inmediata (sea en esta legislatura o en la próxima) sería la indemnización personalizada que la propia Díaz planteó hace solo unos días.

[Yolanda Díaz propone que la indemnización por despido dependa de la edad, el género y circunstancias personales] 

Denominado "despido reparativo", la idea es que la indemnización "sea diferente según el impacto que el despido tenga en las personas", tal y como lo describió la vicepresidenta segunda del Gobierno. 

La vicepresidenta concretó que las indemnizaciones podrían variar por cuestiones como el género o la edad, o incluso la familia que tenga un trabajador.

Sin embargo, tanto Díaz como Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, han asegurado que estos planes no figuran en el futuro inmediato o de medio plazo del Ejecutivo. 

En este futuro sí aparece, en cambio, el ya citado estatuto del becario. El Ministerio de Trabajo quiere poder cerrar un acuerdo en esta cuestión que incluya a la CEOE, no solo a los sindicatos.

Para ello esperará a que se cierre el proceso electoral en el que está inmerso la patronal, una cuestión que debería quedar resuelta en dos semanas si no se presentan candidatos contra la candidatura de Antonio Garamendi.