El Ministerio de Hacienda y los sindicatos de funcionarios de CCOO y UGT han llegado a un acuerdo sobre la revisión salarial de los trabajadores públicos. Se trata de un acuerdo que contempla una subida del sueldo de hasta el 9,5% en tres años. De este modo se pretende paliar la pérdida de poder adquisitivo que han registrado en los últimos ejercicios.
CSIF, por su parte, rechaza una propuesta que contempla un aumento gradual del sueldo de los empleados públicos. El consenso alcanzado con las otras centrales contempla que este año los 3,4 millones de nóminas públicas recibirán una paga extra a final de año con una regularización del 1,5% adicional y que se suma al 2% que ya percibieron a principios de año. De este modo, en 2022 los trabajadores públicos y funcionarios verían su salario incrementado en un 3,5%.
De cara al ejercicio 2023 se contempla una subida del 2,5% el 1 de enero, que se podría ver acompañada por dos revisiones de medio punto porcentual en función del avance del IPC y del PIB. Es decir, otro incremento del 3,5%.
En 2024
Por último, en el ejercicio 2024 habrá una revisión del 2% al alza y una adicional de medio punto porcentual si los precios siguen incrementándose. De este modo, la actualización de los salarios alcanzaría el 2,5%.
Según explican los sindicatos que han firmado el acuerdo, los conceptos variables se cobrarán si el IPC armonizado acumulada desde 2022 hasta el año de revisión supera los incrementos salariales pactados.
El concepto variable ligado al PIB nominal es algo más complicado de conseguir que el anterior vinculado al IPC, pero liga la riqueza del país al trabajo desarrollado por los empleados públicos.
De este modo, un trabajador que este año, tras la revisión salarial, estaba ganando 2.587 euros percibirá a final de año un ingreso adicional de 375 euros. El año que viene su salario pasará a ser de 2.678 euros y al siguiente de 2.745 euros. En total, una subida del 9,5%.
Ley Función Pública
Los sueldos son sólo una parte del acuerdo entre Hacienda y los sindicatos. El Gobierno se compromete a avanzar para lograr una jornada laboral de 35 horas semanales. Además, se desarrollará la Ley de Función Pública para que aumente el teletrabajo entre los responsables públicos.