El Consejo de Ministros da luz verde este martes al reconocimiento del subsidio al desempleo a las empleadas del hogar, tal y como anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Ejecutivo subrayó que, de este forma, se pone "fin a un injusticia absolutamente inaceptable". Así lo señaló en un acto de inauguración del curso político en Moncloa, al que acudieron medio centenar de personas que expresaron sus inquietudes al presidente, entre ellas los derechos de las trabajadoras del hogar.

De este modo, el Gobierno reconocerá los derechos y la dignidad laboral de estas trabajadoras y "asumirá como propio y hará realidad" la petición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras ratificar en junio por unanimidad el convenio 189 de este organismo que obliga a reconocer el paro a este colectivo.

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Cabe recordar que esta medida procede del departamento de Trabajo, de Yolanda Díaz. De hecho, Díaz señaló la semana pasada que esto supondrá un "paso adelante" por parte de España que, según indicó, se situará "a la vanguardia".

Con esta nueva medida, las empleadas del hogar tendrán una protección legal en caso de despido como ocurre con el resto de trabajadores. Si el empleador se declarase insolvente y no pudiera hacer frente al pago de la indemnización será el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) quien se haga cargo del abono de las cantidades pendientes. 

Figura del desistimiento

El texto que aprueba el Consejo de Ministros elimina también la figura del desistimiento. Es decir, las causas por las que el empleador puede despedir a un trabajador sin ningún tipo de alegación y con una indemnización. 

A partir de ahora sólo podrá optarse por esta fórmula en caso de que la familia vea sobrevenido un aumento excesivo de sus gastos. Por ejemplo, porque uno de sus miembros se vaya al paro. También podrá aplicarse si las necesidades familiares cambian o si existe pérdida de confianza en la persona contratada. 

Para fomentar que los empleadores den de alta a las empleadas del hogar, el Gobierno plantea también una reducción del 20% en las aportaciones a la cotización social y a una bonificación del 80% en las aportaciones por desempleo.