El Tribunal de Cuentas plantea que toda prestación o ayuda por desempleo, sea contributiva o no, se integre en los presupuestos de la Seguridad Social para reunificar en una única área administrativa la imputación presupuestaria de estos gastos y su pago material.

De esta forma, señala el órgano fiscalizador, se evitarían posibles disfunciones entre el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la liquidez de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En todo caso, también podrían solventarse si las transferencias del Estado que recibe el SEPE para la cobertura de estos gastos tuvieran entrada en el circuito financiero de la Seguridad Social.

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Esta es una de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas ha hecho en su 'Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del Covid-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración socio-laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020'.

En ellas, el Tribunal justifica que la propia Ley General de la Seguridad Social, la protección social forma parte de su sistema y su pago se realiza a través del circuito financiero de su Tesorería.

Financiación

Según la fiscalización, la financiación recibida por estas entidades asciende a 38.802,6 millones de euros. De ellos, 36.502,6 millones se han recibido en la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que los 2.300 millones restantes ha ido a parar al SEPE. Ni Fogasa ni Muface recibieron financiación adicional para afrontar las ayudas.

En el caso de la Seguridad Social, la financiación recibida se materializó en dos transferencias corrientes por un total de 20.002 millones y un préstamo a diez años de 16.500 millones, mientras que la del SEPE se quedó en una transferencia corriente por 2.300 millones para cubrir sus defectos de crédito.

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Una cuantía que el Tribunal considera "insuficiente", detectando insuficiencias presupuestarias respecto a las cuales el SEPE desconoce si se deben a costes asociados a la pandemia o no, al no contar con categorías específicas para imputar estas ayudas.

En todo caso, el Tribunal señala que el SEPE recibió la liquidez asociada a esta transferencia en lugar de ser recibida en la Tesorería General de la Seguridad Social, que es el ente que ejecuta el pago material.

Liquidez

El Tribunal explica esta situación por cómo se organiza la imputación de gastos e ingresos y del circuito de pagos y cobros de estas entidades, previsto en dos ámbitos institucionales distintos, según recoge 'Europa Press'.

El gasto por prestaciones y subsidios y los ingresos por cotizaciones sociales se imputan presupuestariamente al SEPE, organismo autónomo del Estado y, por tanto, ajeno al sistema.

Pero la corriente de pagos y cobros asociada a estas obligaciones y derechos se produce dentro del circuito monetario del sistema, en concreto en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Una "discordancia organizativa", señala el Tribunal, que ha dado lugar a que las posibles tensiones de liquidez derivadas del pago de las ayudas encomendadas al SEPE para hacer frente la Covid-19 hayan sido gestionadas por la Seguridad Social.

Pese a que la Seguridad Social contó con exceso de liquidez por operaciones de pagos y cobros, el Tribunal destaca cómo desde marzo, mes en el que estalla la pandemia, hasta octubre el servicio presentó un defecto de liquidez acumulado que alcanzó los 8.500 millones.

Se fue cubriendo mes a mes por el efectivo proveniente de la financiación prevista para prestaciones contributivas. En este sentido, el órgano fiscalizador destaca cómo la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social ha evitado tensiones de liquidez.