Tensa reunión la que se celebró en el seno de la CEOE este jueves para dar el visto bueno a la reforma laboral. Aunque en el ambiente reinaba que se iba a dar luz verde, hubo varias voces que se levantaron en contra del acuerdo. Entre ellas las de Madrid, Cataluña, el sector del automóvil y el de la agricultura. 

La situación fue tal que hubo que llevar a cabo una negociación para que el voto de las cuatro fuera el de abstención y evitar así el ‘no’ rotundo. Todas ellas exigían que su descontento con la negociación del equipo de Antonio Garamendi quedara patente, así que se optó por buscar el consenso entre las partes. 

“Ha sido abstención por no hacer más ruido, algunas patronales estaban realmente cabreadas”, explica uno de los asistentes a la cita. Prácticamente todos reconocen que con el actual acuerdo “salvamos los muebles”, pero consideran que “se podría haber hecho más”. 

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Todos son conscientes de que el pacto logrado con el Gobierno, Comisiones Obreras y UGT, evita una reforma por decreto que fuera completamente dañina para los intereses de las patronales. Así, al menos, algunos de los elementos troncales de la reforma del 2012 no se han eliminado y las empresas mantienen la flexibilidad para el ajuste en tiempos de crisis. 

Sin embargo, creen que el equipo de negociadores debería haber presionado más en algunos aspectos, por ejemplo en el de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Esta es una de las cuestiones que menos convence a algunas federaciones, entre otras la del automóvil con Anfac a la cabeza. 

¿El motivo? Consideran que les resta competitividad, y que en su sector la negociación con los sindicatos de las empresas es esencial para tener flexibilidad a la hora de ajustar la producción. 

El otro punto de fricción es el de la ultraactividad de los convenios. Hasta ahora, una vez que un convenio caducaba decaía hasta que se lograba un acuerdo para el siguiente. Sin embargo, a partir de ahora se vuelve a la situación previa a la de 2009. Es decir, que el convenio aunque esté finalizado se mantiene y, por ejemplo, si recogía un alza de salarios debe llevarse a cabo. 

“Nos resta competitividad y nos quita flexibilidad”, explican fuentes de la CEOE consultadas, quienes insisten en que se tendría que haber sido más beligerantes en estos dos puntos. Y es que, una vez más, consideran que Gobierno y sindicatos han logrado hacer la pinza perfecta para arrastrar a las empresas a sus redes. 

Desde el entorno de la patronal explican a este diario que esas discrepancias no son negativas, y que reflejan la pluralidad que existe en el seno de CEOE. Además, creen que incluso pueden ser beneficiosas para Antonio Garamendi en los próximos días. 

Aunque el acuerdo con el Gobierno y los sindicatos está cerrado, todavía no se ha podido ver el Real Decreto Ley que se llevará al Consejo de Ministros el próximo martes. “Ahí se verá la letra pequeña”, dicen las fuentes que han hablado con este diario, que confían en la lealtad de todas las partes y en que no haya ningún tipo de sorpresa. 

“La división de CEOE podría servir a Garamendi en caso de que tengamos algún susto”, dicen otras personas. ¿Por qué? Porque Garamendi podrá esgrimir que ha hecho todo lo posible para sacar adelante un acuerdo que no convence a los empresarios. Por tanto, si no se cumple escrupulosamente lo pactado, podría verse forzado a dar la razón a los críticos y retirarse. 

Esta última es una situación a la que el Gobierno no quiere enfrentarse, pues considera fundamental que la nueva reforma laboral salga con el respaldo de la patronal y de los sindicatos. Es la primera vez en los últimos 16 años que se logra el consenso de todas las partes y eso, además de votos, le da fuerza ante la Comisión Europea. 

Durante los próximos días el ministerio de Trabajo preparará el borrador del Real Decreto Ley que debe ir a las Consejo de Ministros el próximo martes. Por tanto, en el seno de los agentes sociales se espera que entre el domingo y el lunes puedan consultarlo para comprobar que no hay ningún tipo de sorpresas. 

El nuevo texto se centra en reducir la temporalidad, y para ello cambia radicalmente los tipos de contrato. La contratación es indefinida per sé, pero se crean dos tipos de contratos temporales: estructural y de formación. Además, se refuerza el fijo discontinuo. 

Se restablece la ultraactividad de los convenios colectivos para evitar que decaigan. Además, prevalecerá el del sector frente al de empresa. 

También se recoge la figura de los ERTE que se han empleado durante la pandemia, y se crea un nuevo mecanismo RED para el día a día. Este nuevo sistema será el que se pueda utilizar por las empresas para llevar a cabo regulaciones de empleo y requerirá de la aprobación del Consejo de Ministros.