Dentro del rally de negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos que se tienen que celebrar a lo largo del mes de septiembre, hay una que cobra urgencia e importancia a cada día que pasa: la prórroga de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) activados por la Covid y las prestaciones y bonificaciones fiscales que sostienen. Unas condiciones que los agentes sociales van a batallar porque no se rebajen. 

La negociación se quiere iniciar la próxima semana (así lo indicó José Luis Escrivá este miércoles) de manera paralela a las mesas de Diálogo Social de pensiones y reforma laboral, que también se retomarán próximamente.

¿Cuáles serán las condiciones de esa futura prórroga? En varias ocasiones, los representantes gubernamentales han indicado que, de cara a la próxima ampliación, estaba previsto hacer cambios. El número de personas en ERTE ha bajado y la situación económica y productiva ya no es la misma. 

Según el ministro de Seguridad Social, quedan unos 260.000 trabajadores en ERTE, de los que permanecen inactivos de manera completa unos 150.000. "Buscaremos la mejor solución de transición hacia adelante con los agentes sociales", indicó ayer el ministro en una entrevista en Cope.

¿Significará esto una rebaja de las condiciones de los ERTE? Por lo pronto, los agentes sociales se niegan a ello. Consideran que los casos de personas y empresas que todavía están en ERTE no son 'gratuitos' y que no se pueden recortar prestaciones o bonificaciones si son necesarias. 

Por ello, lo que reclaman al Gobierno es un análisis individualizado de cada ERTE en marcha para valorar cambios o nuevas condiciones.

En este sentido, las fuentes del Diálogo Social consultadas insisten además en que no se ha cumplido el compromiso del Gobierno de dar formación a los trabajadores en ERTE para facilitar una eventual reconversión en caso de no poder volver a incorporarse a sus empresas. 

Cabe recordar que los ERTE, hoy por hoy, sostienen prestaciones (con una cuantía del 70% de la base reguladora) y el contador a cero del paro. Por otro lado, las empresas tienen acceso a unas exoneraciones de sus cuotas sociales de hasta el 70% (aunque, si se trata de un ERTE de impedimento de actividad, llegan al 100%). 

En particular, serían estas exoneraciones las que se querrían recortar. Desde su puesta en marcha, los ERTE han supuesto un coste para el Gobierno de unos 21.000 millones de euros. De hecho, se esperaba que la nueva prórroga estuviera en los 2.000 millones, aunque la salida de trabajadores de ERTE podría haber modificado esta cifra. 

ERTE permanente

Por otro lado, cabe recordar que para 2022 se espera que los ERTE permanentes estén en marcha. Se trata de los mecanismos de sostenibilidad del empleo (MSE). 

Permitirán a empresas y trabajadores percibir unas ayudas que todavía no han sido desarrolladas y cuya formulación se desconoce por ahora. Además, se exige requisitos a las compañías que se quieran acoger a los MSE. Entre ellos, un compromiso de mantenimiento del empleo, es decir, que se prohibiría el despido en estas empresas. 

Asimismo, durante el periodo que dure el MSE no se podrán hacer horas extraordinarias, establecerse externalizaciones o hacer nuevas contrataciones. Similares restricciones a las que obligan los ERTE Covid, por lo que todo parece indicar que habrá exoneraciones de cuotas sociales para las empresas, aunque esto último todavía no está sobre la mesa. 

De hecho, lo único que está claro en este sentido es que el Gobierno se compromete a crear un fondo financiero para cubrir ayudas relacionadas con los MSE. Como ya se había planteado, la idea es que dicho fondo se cubra con los excedentes de las cotizaciones que, en años normales, se registran.