El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado dos normas de especial relevancia, además de la iniciativa para hacer los cambios legislativos necesarios para el 'sí es sí'. Por un lado, el anteproyecto de ley que contiene la primera fase de la reforma de las pensiones y, por el otro, el real decreto recién acordado entre Función Pública y sindicatos para reducir la temporalidad y regularizar a los trabajadores interinos de las Administraciones públicas. 

Como ya ha venido contando Invertia, la primera fase de la reforma del sistema de las pensiones tiene, principalmente, cuatro pilares. Por un lado, incluye la revalorización de estas prestaciones de acuerdo con el IPC, lo cual provocará un incremento inmediato del gasto público de más de 5.000 millones. 

El segundo pilar está en las medidas que incluye el texto para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal (que en 2027 estará en los 67 años). Para ello, se incentivan fórmulas para alargar la edad de jubilación o combinar el retiro con determinados niveles de actividad, así como un nuevo modelo de penalizaciones para la jubilación anticipada y suspender la jubilación obligatoria.

El tercero son unas transferencias anuales del Estado a la Seguridad Social, a cuenta de gastos impropios, por valor de 22.000 millones de euros. Y el cuarto la supresión del Factor de Sostenibilidad, que supone la derogación de la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy de 2013. 

En sustitución, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anticipado un mecanismo de equidad intergeneracional que, todo parece indicar, tendrá impacto en los 'baby boomers': ya sea rebajando sus prestaciones o aumentando las edades de retiro.  Con todo, el anteproyecto de ley tiene que iniciar ahora su ruta legislativa en el Congreso y en el Senado. Si bien se ha logrado un acuerdo con patronal y sindicatos, ahora el Gobierno tiene que lograr el respaldo de los grupos políticos. 

Interinos

Más fácil lo tiene el Ejecutivo en el caso del acuerdo al que acaba de llegar (se cerró este lunes) con los sindicatos de Función Pública. Se ha aprobado a través de un real decreto-ley, así que entrará en vigor de manera inmediata (aunque también tiene que ser convalidado, en este caso, por el Congreso). 

El pacto articula un nuevo proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de carácter estructural en todas las administraciones.

El proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.

De esta manera, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

Por otro lado, se señala que los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

Para quienes no superen los procesos de estabilización, las convocatorias de estabilización podrán prever su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En esta línea, también se señala que quienes no superen la oposición tendrán una compensación económica de 20 días de sus retribuciones fijas por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades.