En septiembre termina la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la Covid. Más allá de que esta modalidad se pueda ampliar en determinadas circunstancias, el Gobierno ya trabaja en un modelo de ERTE permanente que permita contener la destrucción de empleo durante las crisis, como ha sucedido en esta pandemia. Eso sí, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, su puesta en marcha tendrá que contar con la autorización previa de la autoridad laboral.
Así lo indica la propuesta que el Ministerio de Trabajo ha presentado a CEOE y sindicatos este miércoles en el marco de la reforma laboral que se está negociando en el Diálogo Social. En ella, según ha podido saber Invertia, esos nuevos ERTE permanentes serían denominados mecanismos de sostenibilidad del empleo (MSE).
Dichos MSE permitirían a empresas y trabajadores percibir unas ayudas que todavía no han sido desarrolladas y cuyo contenido se desconoce por ahora. Eso sí, a cambio, las empresas no podrían suspender toda la actividad de sus trabajadores (como ocurre con los ERTE actuales), sino que solo podrían reducir las jornadas laborales de sus trabajadores para rebajar costes como fórmula de flexibilidad interna. Esto siempre y cuando que las causas sean crisis que generen parones inmediatos de facturación o del negocio correspondiente.
Sin embargo, una de las grandes diferencias respecto a los actuales ERTE Covid, y en el fondo también de los ERE, es que para la puesta en marcha de estos MSE será necesaria la autorización previa de la autoridad laboral competente, que debe velar porque no haya casos de fraude, dolo o abuso del derecho.
Cabe recordar que en el caso de los ERTE Covid, estas evaluaciones se han estado haciendo a posteriori para acelerar la tramitación de las ayudas a los trabajadores y las exoneraciones de cuotas sociales de las empresas. En el caso de los MSE, se conceden 15 días para que la autoridad laboral resuelva, algo que, según fuentes de la patronal, introduce un cambio importante respecto a los ERTE previos.
Prohibición del despido
Además, se exigen una serie de requisitos a las compañías que se quieran acoger a los MSE. Entre ellos, un compromiso de mantenimiento del empleo, es decir, que se prohibiría el despido en estas empresas.
Asimismo, durante el periodo que dure el MSE no se podrán hacer horas extraordinarias, establecerse externalizaciones o hacer nuevas contrataciones. Similares restricciones a las que obligan los ERTE Covid, por lo que todo parece indicar que habrá exoneraciones de cuotas sociales para las empresas, aunque esto último todavía no está sobre la mesa.
De hecho, lo único que está claro en este sentido es que el Gobierno se compromete a crear un fondo financiero para cubrir ayudas relacionadas con los MSE. Como ya se había planteado, la idea es que dicho fondo se cubra con los excedentes de las cotizaciones que, en años normales, se registran.
La propuesta planteada por Trabajo a los agentes sociales este miércoles también traslada sus planes para los contratos formativos. En este caso, se señala que este contrato podrá servir para cubrir prácticas tras la formación reglada, sea universitaria o no. Eso sí, solo podrá concertarse si el trabajador no ha sido contratado anteriormente en una actividad similar por un tiempo superior de tres meses.
Se mantienen determinadas condiciones, como que los trabajadores sujetos a este tipo de contratos no podrán hacer horas extraordinarias y sus retribuciones no podrán ser menores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Estas propuestas se suman a las que el Ministerio de Trabajo ya ha trasladado al Diálogo Social. Muchas de ellas están dirigidas a 'desmontar' la reforma laboral del Partido Popular, como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos sectoriales respecto a los de empresa.
También se plantean importantes cambios para potenciar la contratación indefinida, sancionando y restringiendo la temporal, y para limitar y reducir la subcontratación por parte de las empresas.
Todo lo relacionado con la reforma laboral y la modernización del mercado laboral se encuentra dentro de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De hecho, el acuerdo con los agentes sociales en este campo es una de las cláusulas de las que depende que España reciba 11.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation en 2022.