No se trata de un capricho de Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. En 2019, la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo un contundente análisis en el que ponía un suspenso a las políticas activas de empleo en España.

El órgano veía "claras deficiencias" en este campo por la falta de control sobre esta partida una vez quedaba en manos autonómicas. La trazabilidad de la financiación es escasa y cuestionaba y criticaba las medidas de formación y los incentivos a la contratación de las que hacían gala las empresas. Todo ello sumado a una carencia de evaluación que hace imposible saber la eficacia real de las políticas activas de empleo. 

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. EP

Por ello, se van a establecer dichos controles al menos en parte de los fondos, con indicadores que se están pactando con las comunidades autónomas y patronal y sindicatos, según ha podido saber Invertia.

De los 2.100 millones que ha aprobado el Ejecutivo, dichos controles y criterios de eficiencia y evaluación se aplicarán a unos 585 millones, según ha podido saber Invertia. Por otro lado, 800 millones serán totalmente finalistas y solo se podrán emplear en medidas específicas, como los cursos de formación relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o medidas para el abordaje del paro juvenil. Es decir, que unos 1.385 millones estarán condicionados. 

Cantidades

Sin embargo, los criterios no condicionarán las cantidades a las que tendrán acceso las comunidades autónomas. De hecho, se tratará de aplicar fórmulas diferenciales para que, por ejemplo, determinadas características geográficas no afecten a la evaluación del uso de las políticas activas de empleo. 

En cualquier caso, según ha podido saber Invertia, todo esto está por cerrar y pactar en la Conferencia Sectorial de Empleo que se celebrará el próximo 28 de abril, aunque fuentes cercanas a las autonomías indican que habrá suficientes votos favorables para el reparto previsto de los 2.100 millones. .

Según indicó este viernes Díaz, en rueda de prensa, las nuevas políticas activas de empleo serán objeto de seguimiento y evaluación. “Un cambio sustancial es que vamos a condicionar los recursos públicos sujetos a los resultados obtenidos y a su evaluación, que es lo que nos pide Europa y la AIReF”, precisó.

En este sentido, espera la “implicación de todas las comunidades autónomas” en una “nueva política, basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, que es una oportunidad única para cambiar el rostro de esta pieza fundamental para el empleo en nuestro país”.

A lo largo de este año, a los 2.100 millones citados, se sumarán 1.400 millones más en políticas activas de empleo. Unos 260 millones para Plan del Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), y los 1.100 millones procedentes del los fondos europeos con inversiones decisivas en dos vectores clave para el empleo: los jóvenes y las mujeres.