El Gobierno solo ha concedido el 20% de las peticiones del ingreso mínimo tramitadas

Finalmente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se le ha seguido atragantando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su personal no ha podido tramitar aún el tsunami de solicitudes, más de un millón, que se ha recibido de esta prestación desde su aprobación, aunque ya se ha podido gestionar el 80% de ellas.

Concretamente, según ha indicado el Ministerio en un comunicado, se han tramitado hasta mediados de diciembre unas 800.000 solicitudes pero solo se ha concedido el IMV para casi 160.000 de ellas. Es decir, solo se ha aprobado la prestación para el 20% de las peticiones.

Más de la mitad de las solicitudes (unas 460.000) se ha denegado, en la mayor parte de los casos por superar los requisitos de ingresos y patrimonio exigidos. Por otro lado, a unos 181.000 de los hogares solicitantes se les ha pedido que subsanen errores de sus peticiones.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cantidad se queda muy lejos de los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad a los que aspira a llegar el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. Con todo, en su comparecencia en el Congreso de este miércoles, ha insistido en que este objetivo se mantiene.

Para ello, es previsible que se hagan cambios en varias de las condiciones del IMV. Según ha indicado el propio ministro esta semana, en estos momentos el Gobierno se está planteando variar los baremos de patrimonio e ingresos que están impidiendo una resolución positiva de miles de solicitudes.

Retroactividad

Por otro lado, todavía quedan por tramitar unas 271.000 peticiones recibidas en 2020, a las que hay que sumar las 12.000 peticiones semanales que la Seguridad Social recibirá semanalmente antes de que acabe el año. Es decir, que miles de ellas no se habrán tramitado hasta entrado 2021.

Sin embargo, la retroactividad de la prestación se conservará siempre y cuando la solicitud del IMV se haya presentado antes de que acabe diciembre, según fuentes de la Seguridad Social.

Así, en estos casos, los hogares a los que les sea aprobado el IMV recibirán la cantidad económica que les corresponda de manera retroactiva hasta el 1 de junio de 2020. Incluso si su prestación se aprueba en febrero o marzo de 2021.

460.000 personas

Con todo, los casi 160.000 hogares o unidades de convivencia a las que ya se les ha concedido el IMV suponen unas 460.000 personas beneficiadas, de las que el 47% son menores, según ha indicado Escrivá en la cámara baja.

El importe bruto total de diciembre por el IMV ascenderá a 110 millones de euros, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, se ha abonado, incluyendo el presente mes de diciembre, más de 518 millones de euros.

Según ha explicado Escrivá en el Congreso, los cambios para que el IMV llegue a más población están en marcha. Los perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas, concretamente los de Aragón, ya están empezando a ser reconocidos como beneficiarios del ingreso mínimo gracias a una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones y que está en fase de pruebas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso.

Además, “en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma del IMV a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo, se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los servicios sociales y organizaciones del tercer sector.

Escrivá también ha avanzado que entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos, como los albergues y los centros de acogida.