Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, ha habido subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en todos los cambios de año. Y el Ejecutivo no quiere que el paso de 2020 a 2021 suponga una excepción, aunque previsiblemente el ritmo no alcanzará las cotas precedentes que habían llevado al Gobierno a manejar un aumento hasta los 1.000 euros.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se verá esta semana con sindicatos y patronal para, como ocurrió el pasado enero, pactar una cifra para la citada subida. Actualmente, el SMI se sitúa en los 950 euros mensuales, con lo que alcanzar las cuatro cifras supondría una subida de más del 5%.
Por ello, y dada la coyuntura económica, el Ejecutivo comienza a asumir que el alza tenga que ser inferior a este umbral. Según ha podido saber Invertia por fuentes cercanas al Diálogo Social, también se maneja la idea de que el incremento sea más testimonial y simbólico (puede que se quede en el 0,9% de aumento aprobado para los trabajadores públicos), aunque todo esto dependerá de la negociación aún por celebrarse.
La idea es, una vez pactado el incremento del SMI (algo que no está ni mucho menos resuelto), que la medida se apruebe por la vía del real decreto-ley en el Consejo de Ministros antes de que acabe 2020.
Según ha podido saber Invertia, la posición de los sindicatos está clara: se tiene que continuar avanzando hacia lo que marca la Carta Social Europea para el SMI. Es decir, que suponga el 60% del salario medio. En esta línea ha insistido especialmente UGT, que este mismo lunes lanzaba un comunicado este mismo lunes en el que urge a aprobar el alza a los 1.000 euros para acercarlo al nivel "mínimo razonable" señalado en el referido documento.
Con todo, los trabajadores también son conscientes de que la situación económica obliga a rebajar en cierto grado estas aspiraciones.
Por el lado de la patronal, la medida no sienta bien. Aunque aseguran no tener posición antes de saber qué les puede presentar el Gobierno, distintas voces de las empresas han asegurado ya que una eventual subida del SMI no es adecuada dada la situación actual del mercado laboral.
Subidas anteriores
En cualquier caso, está claro que la próxima subida del SMI no tendrá nada ver con las dos anteriores. Durante el primer Gobierno de Sánchez, y sin acuerdo con el Diálogo Social, el Ejecutivo aprobó para 2019 un aumento del 22,5% del salario mínimo, desde los 735,90 euros mensuales en 14 pagas hasta los 900 euros.
Recién formada la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, también hubo alza de este ‘suelo’ salarial. Sin embargo, en esta ocasión tras cerrarse un pacto con sindicatos y patronal. El incremento fue del 5%, para dejar el SMI en los 950 euros actuales.
Atasco de negociaciones
De este modo, se le acumulan las negociaciones al Ministerio de Trabajo. La concertación de una subida del SMI, que se inicia esta semana, se va a combinar con las negociaciones para generar una legislación laboral para los riders.
Asi, el Ejecutivo contaba con cerrar esta cuestión cuanto antes para abordar con agilidad la ‘contrarreforma laboral’. No obstante, la falta de acuerdo -sobre todo con la patronal-, ha obligado a dejar la próxima reunión para tratar el asunto de las plataformas digitales para el 17 de diciembre.
Y en el horizonte cercano está el asunto que más preocupa a trabajadores, empresas y al propio Gobierno: la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Y es que caducan el próximo de 31 de enero.
Cabe recordar que la negociación de cada prórroga ha sido progresivamente más dura, por la intención del Gobierno de rebajar los beneficios que permiten los ERTE para empresas y trabajadores.
Al menos, para esta ocasión, parece que la intención es que la ampliación no sea de corto alcance. Durante la semana pasada, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, indicó que los ERTE se mantendrían al menos hasta el verano para impedir, en lo posible, más ajustes del empleo.
En cualquier caso, queda conocer en qué fórmulas se mantienen los ERTE. Cabe recordar que, durante la segunda ola del coronavirus, hubo un incremento de peticiones de sus nuevas modalidades, como indican los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social. Desde que se aprobó su prórroga en septiembre, 40.650 personas se han sumado a los ERTE.