Finalmente, el Pleno del Congreso ha aprobado el conjunto de recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones que ha planteado la Comisión del Pacto de Toledo. Unas propuestas que se llevan cocinando años, incluyen medidas para elevar la edad efectiva de jubilación y en la que se han descartado recetas adicionales de última hora.

De hecho, la Cámara Baja ha rechazado los votos particulares que presentaron el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG. Las propuestas se han tramitado tal y como salieron de la comisión parlamentaria que preside la exministra Magdalena Valerio.

Solo tres grupos se han opuesto a las 22 recomendaciones del Pacto, un trío impensable en otras votaciones: Vox, ERC y EH-Bildu, que se han abstenido en la votación. En cambio, los partidos del Gobierno y el líder de la oposición, el PP, han votado a favor del primero de los grandes acuerdos de Estado de la presente legislatura.

Todo ello bajo la atenta mirada de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha asistido a la votación de la Cámara Baja y será el responsable de ejecutar las reformas propuestas. 

Entre ellas no estará la mochila austriaca, como había propuesto Ciudadanos, pero sí medidas para aumentar la edad de jubilación efectiva en España, de manera que se acerque, poco a poco, a la edad legal.

Cabe recordar que actualmente la edad media de jubilación en España es de unos 63 años, mientras que la legal hoy es de 65 y en 2027 estará en los 67.

Para ello, la estrategia que es desincentivar las jubilaciones anticipadas y mejorar las condiciones para atrasar la jubilación y aumentar la vida laboral de los trabajadores españoles.

Entre las recomendaciones aprobadas se halla también a la ampliación del número de años necesarios para calcular la pensión, hasta los 25 años en 2022. Con todo, se apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

IPC

También se aborda la inclusión del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones públicas. Y se avala el plan de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de que el Estado asuma de manera directa determinados gastos no contributivos, para así paliar el déficit de la Tesorería de la Seguridad Social, y que se comienza a ejecutar este 2021.

Además, se recoge la necesidad de dar impulso a los planes sociales y colectivos de pensiones como tercera pata del sistema público, quitando beneficios fiscales a los planes individuales por su escaso impacto en el ahorro.

Valorar el rol futuro de la robotización y la inteligencia artificial también se encuentra entre las recomendaciones. Como ha indicado la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio, en su intervención en el Congreso, si permiten una mayor productividad pero provocan que determinados puestos de trabajo 'sobren' tienen que hacer su aportación a la Seguridad Social. 

Así, nueve años después, el Congreso ha aprobado unas nuevas recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones. Le toca al Gobierno ejecutarlas, previa negociación (esto todavía queda) con el Diálogo Social.