A pesar de que el Gobierno quería que la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se acordara con los agentes sociales en el menor plazo posible, todo parece indicar que el pacto, si llega, se dará sobre la bocina.
Y es que las intenciones del Gobierno para rebajar la factura de los ERTE están provocando que el acuerdo todavía esté lejano. De hecho, fuentes del Diálogo Social han asegurado que las “injerencias” de determinados ministerios, particularmente las de Economía, están provocando su bloqueo.
La insistencia del departamento que lidera la vicepresidenta Nadia Calviño para reducir el coste de los ERTE y sus “numerosas” intervenciones en la negociación están provocando malestar entre los agentes sociales. Economía es el departamento más insistente en limitar los sectores que se pueden acoger a los ERTE excepcionales tras su prórroga, con el fin de que ‘cuadren’ las cuentas públicas.
Sin embargo, no es el único departamento que ha insistido en este aspecto. Industria, Turismo y Comercio también habría intervenido en la negociación del Diálogo Social para forzar un acuerdo en esta dirección.
Cabe recordar que, como ya había informado Invertia, el Gobierno había propuesto a los agentes sociales que la extensión de los ERTE se limitara, exclusivamente, a los sectores más relacionados con el turismo. Concretamente, para el Ejecutivo solo cumplirían esta condición las empresas hoteleras, las aerolíneas y las navieras dedicadas al negocio de los cruceros. Sectores tan afectados como la hostelería, transportes o el comercio quedarían fuera de la prórroga.
Criterios individuales
Tanto sindicatos como patronal se han opuesto tajantemente a esta idea. Reclaman criterios individuales para que las empresas puedan prorrogar o no sus ERTE, y no sectoriales. Además, demandan que muchos sectores quedarían ‘desprotegidos’ sin estas herramientas, lo cual conduciría a una avalancha de despidos.
Este es el caso del comercio. La Confederación Española del Comercio (CEC) ha insistido en que, si no se mantienen sus ERTE, la mitad de las empresas dedicadas a esta actividad se verán obligadas a cerrar.
Cabe recordar que, según los datos de la Seguridad Social, a 31 de agosto se encontraban en ERTE por fuerza mayor algo más de 660.000 trabajadores, en tanto que cerca de 149.000 estaban en ERTE por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP).
Las actividades con más trabajadores en ERTE son los servicios de comida y bebidas, con casi 150.000 afectados, y los servicios de alojamiento, con algo más de 104.000. Les siguen el comercio minorista (unos 66.000 afectados por ERTE), el comercio mayorista (54.000), la educación (35.000, pero antes del inicio del curso escolar), y las agencias de viajes y operadores turísticos, así como las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con algo más de 25.000 afectados cada una.
Los agentes sociales son aliados en la oposición a la ‘sectorialización’ de los ERTE. También están de acuerdo en que, si lo que el Gobierno quiere es recortar su coste, se elimine el incremento de exoneraciones de cuotas sociales para las empresas que vayan recuperando trabajadores para la actividad. En cambio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insiste en mantener este aspecto, con el apoyo del departamento de Calviño.
Acuerdos
Con todo, ha habido avances. Finalmente, el Ministerio de Trabajo ha cedido y se mantendrá el ‘contador a cero’. Es decir, que los trabajadores afectados por ERTE seguirán percibiendo su prestación sin agotar paro.
Además, aunque pasen seis meses desde que comenzó el ERTE, no habrá un recorte de la prestación como marca la ley, que se conservará en el 70% de la base reguladora. También se mantendrán los ERTE por rebrote así como exoneraciones a las cuotas sociales que llegan al 80% y la prórroga, seguramente, se extienda hasta finales de enero.
En cualquier caso, el acuerdo está lejos de ser inminente. A cierre de esta noticia no se ha convocado ninguna nueva reunión del Diálogo Social (no se espera que el encuentro pueda producirse antes del miércoles) ni el Gobierno ha enviado a patronal y sindicatos una nueva versión de la prórroga, que luego se plasmará en el correspondiente real decreto ley.