La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha sido la responsable de frenar y 'corregir' el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral de forma exprés que en un primer momento se pactó con el grupo vasco. ¿Las razones? "Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de este tipo y ponerlo sobre la mesa" con la crisis que actualmente sacude el país y que ha dado lugar a la mayor caída de la economía "en tiempos de paz".

En este sentido, la vicepresidenta recuerda que "nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia" y que España lleva más de dos meses en estado de alarma, con las limitaciones que ello conlleva y el "significativo" impacto que supone el parón de la actividad en el PIB y en el empleo.

Todo ello 'adobado' con un "sustancial aumento de la pobreza". En este contexto, la vicepresidenta ve contraproducente abordar la derogación de la reforma laboral puesto que, además, generaría más "inseguridad jurídica".

Calviño, en su intervención en el foro organizado este jueves por el Cercle d'Economia, ha aclarado además que "se pueden hacer cambios en el ámbito laboral para impulsar el empleo y la actividad al tiempo que se protege a los trabajadores", pero siempre y cuando antes sean "consensuadas con los agentes sociales" para luego llevarlas a su convalidación en las Cortes. 

De esta contundente manera, la responsable de la política económica ha dejado clara su oposición a una derogación completa de la reforma laboral y más si antes no es acordada con patronales y sindicatos."Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos".

En este sentido, ha afirmado que "las empresas tienen que jugar un papel esencial y cuentan con el apoyo del Gobierno", cerrando filas con un sector privado que ya ha expresado su disgusto por lo ocurrido en el Congreso. Tanto, que ha causado que la CEOE haya decidido levantarse de la mesa del Diálogo Social.

Consciente de la situación, la vicepresidenta del Gobierno ha ensalzado la labor de los empresarios. "Nuestras prioridades son recuperar la actividad económica y apoyar a empresas y trabajadores. Eso es lo que hemos hecho y lo que haremos. Quiero agradecer a los empresarios el compromiso y el esfuerzo que están haciendo en este momento. Tienen que jugar con un papel relevante", ha reiterado. 

Pacto de estado

Para la vicepresidenta, "es necesario un pacto de estado para salvar al país" y facilitar una reconstrucción que "tiene que apoyarse en los activos que no se han perdido" por la crisis y que se han mantenido. Entre ellos ha destacado "la flexibilidad y la competitividad de las empresas y la resiliencia de la sociedad".

Ha recordado, además, que, a diferencia de otras crisis, la situación actual se debe a un "problema exógeno. No tenemos que dudar de nuestra capacidad de recuperación, que tenemos que aprovechar para un crecimiento más sostenible y más inclusivo".

Respuesta europea

Respecto a la respuesta europea a la crisis, ha agradecido el esfuerzo de las instituciones comunitarias, "con avances muy importantes en tiempo récord", y ha incidido en que el Gobierno español contempla un plan de recuperación financiado por deuda europea.

La ministra ha valorado positivamente la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, de crear un fondo de 500.000 millones de euros destinado a las regiones y sectores más afectados por la pandemia, que ve "orientado en la dirección de lo defendido por España".

"Espero que la propuesta de la CE sea una buena base para que tengamos cuanto antes un acuerdo y visión de futuro conjunta", ha asegurado.

Ha apuntado que el impacto de esta pandemia se traducirá en una contracción del PIB por encima del 9% este 2020, y un crecimiento de la economía del 6,8% en 2021.

Para intentar mitigar estos efectos, ha destacado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas de liquidez, emitiendo avales del ICO por valor de 40.700 millones de euros, gracias a los cuales se han movilizado 53.600 millones de euros de financiación.

También ha subrayado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se han acogido unas 550.000 empresas y más de tres millones de trabajadores, "que están cobrando una prestación cuando en circunstancias normales no tendrían derecho a la misma".

Pese a todo, las previsiones son que el déficit público supere el 10% del PIB y la deuda pública alcance el 115% del PIB.