El Gobierno no presentará el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año después del adelanto electoral en Cataluña. De esta forma, Pedro Sánchez ha apostado por un retraso de unos meses en el diálogo con los grupos parlamentarios para lograr que puedan salir adelante los de 2025.
Sánchez había venido expresando su convencimiento de que habría presupuestos este año, pero tras el adelanto electoral en Cataluña asume que conllevaría un retraso notable en las negociaciones y, por tanto, en la aprobación en su caso de los presupuestos.
La renuncia a la presentación de los Presupuestos de 2024 afectará a las medidas más importantes que tenían que aprobarse este año en materia económica. Por ejemplo, Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.905 millones de fondos europeos previstos para este año, según se había avanzado en la presentación del techo de gasto.
También quedan pendientes algunos de los compromisos económicos adquiridos durante las negociaciones de investidura con los diferentes grupos parlamentarios, que se iban a materializar en los Presupuestos. En concreto, la condonación de la deuda a las comunidades autónomas pactada con los catalanes.
Otra de las medidas clave era la consolidación de los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Este es un punto clave del acuerdo de investidura entre Sumar y PSOE que se iba a canalizar a través de los PGE.
De hecho, el real decreto de medidas anticrisis aprobado al inicio del año contemplaba la conversión del impuesto a las energéticas en permanente a través de los PGE y Sumar quería introducir una enmienda para hacer lo mismo con el de la banca.
Asimismo, está a la espera una eventual revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (Iprem), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones y que actualmente está en 600 euros, y el anunciado ajuste del IRPF para evitar que quienes cobren el salario mínimo o menos tengan que pagar el impuesto.
Pensiones y salarios públicos asegurados
Sin embargo, muchas otras materias que suelen figurar en los presupuestos ya están resueltas, como las pensiones o el sueldo de los empleados públicos.
En enero comenzó a aplicarse la subida del 3,8% de las pensiones, del 6,9% para las mínimas y no contributivas y del 14,1 % las de viudedad con cargas familiares al equipararse a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo.
También subió el ingreso mínimo vital (en un 6,9%, hasta los 604,38 euros mensuales) y la nueva base máxima de cotización (un 5%, hasta los 4.720,5 euros mensuales).
Esta misma semana, el Gobierno ha explicado que la subida salarial pactada con los empleados públicos para este año, del 2 %, se aprobará como enmienda a la ley de medidas antiinflación, actualmente en tramitación en el Congreso.