Luis Planas renueva el cargo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le mantiene al frente de la cartera de Agricultura para otros cuatro años; sigue por tanto con sus principales misiones: seguir con la transformación del campo español y ayudarlo en el proceso a sortear la grave crisis de la sequía.
Currículo
Planas nació en Valencia en 1952, donde cursó sus estudios universitarios. Licenciado en Derecho, es desde 1980 inspector de Trabajo, un puesto con el que recalaría en Córdoba. Comenzaba así su vinculación con Andalucía. Y con la política.
Por esta provincia fue por primera vez elegido diputado en 1982. Entonces fue miembro de la Comisión Constitucional y de la Comisión de Asuntos Exteriores. También portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos Europeos.
Su dilatada trayectoria le ha llevado de lo internacional a lo regional y vuelta a lo internacional. Fue diputado al Parlamento Europeo entre 1986 y 1993; consejero de Agricultura en Andalucía entre 1993 y 1994 y consejero de Presidencia durante los dos años siguientes; senador o embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010.
El vaivén continuó en años posteriores: Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea (2010 - 2011), consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía (2012 - 2013) y secretario general del Comité Económico y Social Europeo entre 2014 y 2018, antes de incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez.
Como curiosidad, puede hacer política en cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano.
Posición en la amnistía
El renovado ministro se ha mostrado crítico en el pasado con la amnistía. En 2019 dijo en Bruselas a Euronews que esa medida "se planteó cuando cambiamos de un régimen dictatorial como era el franquismo a una democracia, pero somos un régimen plenamente democrático desde hace más de 40 años, por tanto, esta figura no cabe en la Constitución española".
Desde entonces no se ha referido de nuevo explícitamente a la amnistía.
Balance de su gestión
Planas repite puesto tras haber afrontado complejos retos en la pasada legislatura, unos con más fortuna que otros. Entre las luces destacan la flexibilización lograda ante Bruselas cuando la escasez de lluvias empezó a poner al campo contra las cuerdas.
Se logró elasticidad a la hora de cumplir las exigencias en materia de cultivos o de abandonos; y también 81 millones extraídos de la reserva de la crisis de la Política Agrícola Común (PAC) para afrontar la sequía.
También ha avanzado en un tema esencial: el desarrollo del seguro agrario. Ha aumentado sus fondos hasta los 317 millones, más otros 40 por la sequía hasta llegar a los 357 millones para elevar la subvención media a más del 40%, con posibilidad de llegar hasta el 70% si se trata de jóvenes y profesionales.
Las sombras, sin embargo, son también amplias. Falta desarrollar la Ley de cadena, que busca que no se venda a pérdidas; aún faltan controles para hacerla efectiva. También ha generado tensión en el sector el desarrollo del Plan Estratégico de la PAC, especialmente en Andalucía, que se considera perjudicada por el nuevo reparto de los fondos.
La situación generó una contestación en el sector ante la que el ministro se mantuvo impasible. Esa es en general la imagen que el agro tiene de él: un hombre impasible que, sin embargo, ha salido a veces tajante al paso de polémicas que le han llevado a enfrentarse a algún miembro del Gobierno.
Fue el caso de la crisis con el sector de la carne por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las criticaba las macrogranjas en enero de 2022. "Si habla de alimentación, lo normal es que me llame", sostuvo en una entrevista en la que desautorizó a su compañero en el Consejo de Ministros.
Retos de su Ministerio
Por delante tiene ahora una legislatura en la que tendrá que poner atención en primer lugar a las tareas pendientes. Entre ellas destaca la ley contra el desperdicio alimentario, que se quedó sin aprobar por el adelanto electoral.
La iniciativa planteaba la obligación para todos los eslabones de la cadena alimentaria de contar con planes para minimizar las pérdidas de alimentos. De no hacerlo podrían enfrentarse a multas de hasta medio millón de euros.
También deberá estar atento al desarrollo de la sequía. La situación ya obligó a activar este año un paquete de medidas "sin precedentes" -en palabras de Planas- que incluía ayudas directas e indirectas por valor de 784 millones de euros. Nadie se ve capaz aún de hacer un pronóstico de cómo estará el campo en 2024.
Es la sequía la que está, por ejemplo, detrás del encarecimiento sin frenos del aceite de oliva, un 73,5% más caro que hace un año; de que haya hasta un 40% menos de producción de arroz, o de que la cosecha de cereales como el trigo sea un 40% inferior a lo normal. Consecuentemente, nuestro país que importar más para satisfacer la demanda.
Además, Planas deberá estar atento al desarrollo y aplicación del cuaderno digital en todas las explotaciones agrarias españolas, una de las medidas de la Política Agraria Común (PAC) que más polémica suscita en el sector primario.
El cuaderno implicará cambiar el soporte en papel del cuaderno de explotación tradicional a un soporte digital que permita al agricultor sacar mejor provecho de la información que genera y poder trasmitirla a las administraciones por métodos telemáticos.
En el campo no se ven tan claras estas virtudes: señalan que implica un sobrecoste y piden que haya un periodo de adaptación. Por ahora su implantación se ha aplazado a septiembre de 2025.
Finalmente, tendrá que definir cómo se ejecuta la futura "ley de agricultura familiar" anunciada por Pedro Sánchez durante su investidura, y que pretende impulsar el relevo generacional; también falta saber cuál será su papel en la “estrategia de alimentación para España” que se desarrollará en esta legislatura.