Movilidad sostenible, jornada laboral, vivienda o controles de precios se han colado entre las grandes propuestas de los partidos políticos de cara a las elecciones del 23 de julio. El último en lanzar propuestas en este sentido ha sido Sumar. El programa del partido político de izquierdas propone acabar con los coches de combustión en 2040 y que los 'hogares ricos' paguen más por el agua y la luz.

En concreto, la idea es garantizar los suministros básicos de agua, energía y calefacción a todos los hogares. Así, Sumar pretende impedir el corte de estos suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad. “Se implantará un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico que sea progresivo en relación con el consumo, incluyendo las características de la unidad familiar”, señala el partido político en el documento ‘Un programa por ti’ que ha presentado esta mañana. 

En especial, la nueva formación política quiere establecer una tarificación social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía (gas y electricidad) y facilitar el cambio a sistemas de climatización y agua caliente con energías renovables, así como la rehabilitación energética de viviendas para reducir las necesidades de suministro.

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Otra de las grandes propuestas es la de acabar con los vehículos de combustión para que dejen de circular en 2040. La idea es avanzar en una movilidad sostenible que reduzca el uso del vehículo privado (especialmente en las ciudades) y siga desarrollando la electrificación del parque móvil.

La formación de Yolanda Díaz quiere transformar en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, al trabajo o a los centros de estudio y con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la Administración local. 

Control de precios

Otra de las grandes medidas que ha venido defendiendo Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda del Gobierno y que plasma en su programa es la de controlar los precios de ciertos servicios o productos. En este caso, propone sistemas selectivos de control de precios para evitar la propagación de espirales inflacionarias en mercados altamente concentrados, como el ejemplo del tope al precio del gas aplicado con la denominada excepción ibérica.

Y aquí hace referencia a la vivienda, el crédito, la luz, el agua o la cesta básica de alimentos, entre otros, que califica como "bienes de interés general", por lo que considera que "el acceso a los mismos debe garantizarse mediante precios que respondan a sus verdaderos costes".

Jornada laboral

El programa del partido político de izquierdas ha hecho suya la propuesta de expertos laborales de rebajar la jornada a 37,5 horas y se compromete a llevarla a cabo en 2024. “En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales”, según se establece en el documento.

Además, Sumar propone controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre, eliminar los horarios variables sin control, regular los horarios de los servicios públicos y procurar una gestión más flexible de la distribución de la jornada anual o del tiempo a lo largo de la carrera profesional de las personas, incluyendo el contrato de relevo. La idea es trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes. 

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En el capítulo de bajas por maternidad o paternidad, Sumar plantea hacer remunerado y ampliar a diez semanas hasta los doce años el recientemente creado permiso parental, similar al existente en otros países de la UE.

Asimismo, pretende remunerar el permiso de cinco días para cuidado de familiares y ampliar el permiso de baja por maternidad para las familias monomarentales hasta las 32 semanas.

Además, Yolanda Díaz vuelve a retomar su cruzada contra la distribución alimentaria para pedir establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación.

"Existen ya algunas experiencias internacionales en este sentido, que requieren el impulso político necesario y el liderazgo impulsado desde el Gobierno", apunta. 

Banca

Por otra parte, los de Sumar proponen "establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas". Fuentes del partido explican que el objetivo es que, de la misma manera en la que los clientes pueden cambiarse con facilidad de empresa de telefonía, lo hagan también si quieren llevar su hipoteca a otra entidad.

"Cuando se quiere pasar a [tipo de interés] fijo en una entidad o a través de una subrogación de variable a fijo en otra entidad nos encontramos que los bancos han retirado esa posibilidad", afirman las mismas fuentes.

Además, el partido que lidera Yolanda Díaz quiere obligar a los bancos a publicar sus ofertas de hipotecas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades", según reza el programa.

Asimismo, estas propuestas recogen la de crear un bono de 1.000 euros por familia para sufragar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del Euríbor. En concreto, esta medida se dirigirá a los hogares con préstamos de hasta 250.000 euros (precio de compra 300.000 euros), es decir, un millón de hogares.

Yolanda Díaz, líder de Sumar.

Esta iniciativa se financiaría con cargo a los ingresos del impuesto a la banca -que se mantendrá hasta la reforma del Impuesto de Sociedades-, con un coste total de 1.000 millones.

Sumar también pretende regular la remuneración de los depósitos, así como las comisiones bancarias. "Con la subida de los tipos de interés, los bancos ya están obteniendo importantes beneficios prácticamente sin necesidad de conceder créditos, solo depositando liquidez en la facilidad de depósito del BCE. No necesitan tener ingresos adicionales a través de elevadas comisiones", recoge el programa.

IRPF

Por otro lado, incluye el aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de tal manera que paguen más las rentas que superen los 120.000 euros, hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de grandes empresas y establecer un mínimo en el conjunto de España para el impuesto sobre sucesiones y donaciones que las comunidades autónomas no podrán rebajar.

La formación que dirige Yolanda Díaz pretende dar un impulso a una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea.

"La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias", defiende el partido en su programa electoral.

En cuanto al IRPF, Sumar plantea un incremento en el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros

Vivienda

En materia de vivienda, Sumar define los contornos del punto más polémico de la Ley de Vivienda: el tope a los alquileres. Propone que el precio de referencia para las zonas tensionadas sea el equivalente al 30% de la renta de los hogares que alquilan.

Los caseros que superen ese límite perderían sus deducciones en el IRPF. Además, tendrían un recargo en el impuesto de sociedades; medida que afectaría tanto a fondos como empresas. 

Y otro cambio importante: la declaración de estas zonas ya no dependería de las comunidades autónomas, como lo recoge actualmente la Ley por ser éstas las competentes en materia de vivienda.

"Haremos obligatoria la declaración de zona de mercado tensionado en las áreas geográficas en las que se cumplan objetivamente los requisitos que la Ley de Vivienda establece", promete Sumar, "sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico".

Otras medidas

Respecto a los organismos reguladores, Sumar propone dividir la CNMC y volver al modelo que existía antes de su creación en 2013. En concreto, aboga por establecer una autoridad transversal de competencia, con funciones sobre todos los sectores y “una mayor capacidad sancionadora”, y autoridades reguladoras especializadas en mercados concretos como las telecomunicaciones o la energía. Todos sus miembros serán nombrados por el Congreso.

Asimismo, incluye un gravamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business.