A pesar de que el revulsivo de los fondos europeos para la economía española está siendo "mucho menor" al esperado, el próximo año salvarán a España de padecer un escenario de estancamiento con inflación. Así se desprende de la lectura de las previsiones del Banco de España en las que rebaja una décima el crecimiento esperado para el próximo año, hasta el 1,3%.

En concreto, los fondos de la UE aportarán al PIB seis décimas al crecimiento, lo que se notará con más fuerza en su crecimiento a partir de primavera. A ellos se sumará el impacto de otras cuatro décimas en el PIB que van a tener las medidas de choque contra la inflación que probablemente prorrogará el Gobierno antes del próximo 31 de diciembre.

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De este modo, de no ser por ese impulso del dinero público, España padecería un escenario de estanflación el próximo año. Un ejercicio en el que la tasa de paro volverá a subir una décima, hasta el 12,9%, por la debilidad económica y pese a este sostén de la política fiscal.

Hay que tener en cuenta que en el escenario en el que todas las medidas de choque para contener el IPC (excepto la subvención generalizada al carburante) sigan en vigor, la inflación media de 2023 alcanzará el 4,6%. 

Y el problema es que, cuando se retiren esas medidas, la inflación volverá a subir, según advirtió el director general de Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. De hecho, en las nuevas previsiones para la economía española que el Banco de España publicó este martes se avanza que la inflación media será del 4,6% en 2023 (a pesar de las medidas para paliar la subida de precios) y del 3,6% en 2024.

Así, habrá que esperar a 2025 para que vuelva a situarse por debajo del 2% que tienen los bancos centrales como objetivo. Es una proyección similar a la que hizo recientemente la OCDE, el primer organismo internacional en aventurar que el problema de la inflación no desaparecerá al menos hasta 2025.

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El efecto económico que tiene el plan de choque frente a la inflación debería forzar al Gobierno a ser cauto en su utilización, ya que no resuelve el problema del IPC, sino que lo aplaza.

Entre esas medidas que están en vigor en este momento figuran la reducción de los impuestos en la factura eléctrica y el gas, el límite a los precios del alquiler, las ayudas al transporte público o el tope al gas (en este caso hasta el 31 de mayo). Todas ellas son ayudas que el Gobierno estudia mantener a lo largo del próximo año a cambio de modificar la subvención generalizada al precio de los carburantes para reducir su impacto.

Además de aplazar el problema de la inflación, Gavilán advirtió este martes de que este paquete de medidas también va en la dirección contraria a la decisión de endurecer la política monetaria adoptada por el Banco Central Europeo (BCE).

Esto es algo que puede ser contraproducente y forzar a subidas de los tipos de interés más drásticas. Pero, además, estas medidas tienen un impacto negativo en la deuda y en el déficit público.

Medidas no focalizadas

El Banco de España considera que este problema no solo afecta a España, sino que prácticamente todos los países de la eurozona están optando por aprobar medidas generalizadas para aliviar el efecto de la inflación sobre la pérdida de poder adquisitivo de los españoles en lugar de centrar ese esfuerzo en los más necesitados.

Así, según sus datos sobre España, tres cuartas partes de las medidas que hay en vigor no están focalizadas en los colectivos más vulnerables o empresas más afectadas por la inflación.

"Son medidas que tienen un impacto transitorio sobre los precios, que bajan cuando se implementan, pero vuelven a subir con posterioridad", explicó Gavilán, que hizo una llamada a una política fiscal prudente.

En el caso de España, si se prorrogan las medidas activadas por el Gobierno para combatir la inflación su impacto en el déficit público será de cinco décimas. Esto se debe a que, además de medidas de gasto (todas las ayudas), hay medidas de ingresos (el impuesto a las eléctricas, a la banca y a los 'ricos'), lo que mitiga su efecto en términos de déficit.

El problema es que el Gobierno español tiene escaso margen fiscal y en 2024 vuelven las reglas fiscales que está reformulando la Unión Europea. Así, si no se modulan estas ayudas, el próximo Ejecutivo tendrá que retirarlas, con la consecuente vuelta de la inflación. Además, lo tendrá que hacer en un contexto en el que su capacidad de recurrir al gasto público para combatir problemas económicos será mucho más limitada.