La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha resaltado que el Gobierno prohibirá la repercusión del nuevo impuesto a la banca y energéticas en el precio final que soporten los ciudadanos. De hecho, "se va a dotar a la CNMC para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad, por lo que la norma ya lo va a tener implícito", ha insistido.

Así, la portavoz de Hacienda ve normal que el aumento de beneficios de determinadas empresas repercuta en los ciudadanos: "Que aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común para que la población más vulnerable no tenga que sufrir, como ha ocurrido en anteriores crisis financieras cuando estaba el PP en el Gobierno".

Reunión con el sector bancario

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que la próxima semana se reunirá con las patronales del sector financiero y los bancos para abordar el nuevo impuesto al sector anunciado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Calviño ha señalado que el Gobierno está trabajando "en el detalle" de este impuesto, en su articulación técnica, con dos objetivos: cumplir con la meta de recaudación fijada (3.000 millones de euros en 2023 y 2024) y "minimizar cualquier fricción o impacto negativo" que pueda tener sobre los ciudadanos.

"El detalle lo estamos ahora trabajando. La semana que viene me reuniré con el sector. Vamos a trabajar bien desde el punto de vista técnico para que sea lo más adecuado posible. Se trata de que aquellos sectores que están teniendo beneficios extraordinarios en el contexto actual arrimen el hombro", ha subrayado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

[Sánchez quita importancia al desplome bursátil de banca y energéticas: "Su capitalización ha sido extraordinaria"]

Calviño ha asegurado que el diálogo con la banca es constante y que tenía previsto convocarles este mismo mes de julio para abordar el problema de la inclusión financiera en el ámbito rural a fin de identificar carencias y posibles soluciones.

La vicepresidenta ha defendido el establecimiento de este nuevo impuesto recordando que "durante los años duros de la pandemia toda la sociedad apoyó al sector financiero", por lo que ve "lógico" que los sectores que tengan beneficios extraordinarios también contribuyan a tener "un reparto justo del coste de la guerra".

"Estamos en un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro, el sector financiero no sufre especialmente el aumento de costes de la energía y de las materias primas, como sí ocurre en otros sectores industriales y, debido a la inflación, están aumentando los tipos de interés, lo que tendrá sus efectos positivos sobre sus beneficios", ha aseverado Calviño.

Inversión en España

Por otra parte, la vicepresidenta también ha negado que el establecimiento de este nuevo impuesto pueda hacer menos atractiva la inversión en España, pues "antes o después todos los países establecerán distintos tipos de mecanismos".

Así, ha recordado que España fue la primera en gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas, viéndose entonces como una medida novedosa, pero que ahora, poco a poco, es un modelo que se está imponiendo en Europa. "España es un país muy atractivo para la inversión extranjera", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha negado que este nuevo tributo pueda afectar al crédito que conceden las entidades financieras, pues sus balances están "saneados" y se han visto reforzados durante la pandemia con la movilización de 140.000 millones de euros de avales públicos.

"(Esos avales) han evitado una crisis financiera y eso hace que sus balances estén saneados y tengan capacidad para dar crédito y más interesante todavía, con un alza de los tipos de interés", ha afirmado.