Los empresarios acudirán a esta cita con vocación negociadora, pero con dos 'líneas rojas'. La primera es que no firmarán nada si no hay un cambio en la política económica y fiscal del Gobierno. La segunda es que antes de hablar de los salarios del sector privado el Gobierno debe aclarar cuánto revalorizará el sueldo de pensionistas y funcionarios. 

En la sede de Diego de León se considera imprescindible que en el sector público -y quienes viven de sus nóminas- también se asuman sacrificios para que el sistema no "quiebre".

Ven vital que antes de hablar de más esfuerzo en el sector privado, se ponga sobre la mesa reducir el gasto público. No en Sanidad, ni en Educación, sino en lo que se califica como "grasa" que sobra al Estado.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya fue muy claro en público sobre este tema hace dos semanas en la Asamblea General de la CEOE. El Gobierno debe apretarse el cinturón con el gasto público, recuperar la senda del control del déficit, y aclarar cuánto va a subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios antes de pedir sacrificios a los agentes sociales.

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"La mayor empresa de este país es el Estado y las pensiones", afirmó el presidente de la patronal, antes de lanzar la pregunta: "¿Cuál va a ser la subida del sueldo de los funcionarios?".

"Hay que saberlo. Son un colectivo muy importante. Durante la pandemia, muchos de nuestros trabajadores en ERTE cobraron el 70% del salario. Ellos cobraron el 100%. Somos españoles todos. También los trabajadores del sector privado", añadió ante los suyos con un tono duro.

Cita con Calviño

Con estos planteamientos, acudirá Garamendi este miércoles a la cita con Nadia Calviño en la que también se espera a los sindicatos representados por Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Precisamente las pensiones son una línea roja para los sindicatos pero en el sentido contrario: consideran que la subida de la nómina de los pensionistas conforme al IPC es intocable y también defienden subir el sueldo de los trabajadores públicos.

Desde algunos ámbitos económicos, como Fedea, BBVA Research o el Banco de España se han puesto sobre la mesa propuestas alternativas a la revalorización de las pensiones con la inflación, como ligarlas al IPC subyacente o subir solo las mínimas. 

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A pesar de que en este punto los representantes de los trabajadores y el Gobierno tienen posiciones más próximas, tampoco parece fácil que los sindicatos vayan a participar en el juego que les ofrece Calviño.

Recelo en los sindicatos

Para empezar, consideran que el pacto de rentas es inviable si no hay un pacto salarial previo, que para este 2022 ya ha sido imposible.

De hecho, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, recordó este martes que el "escollo" para el pacto de rentas es el mismo que lo impidió hace dos meses y que hizo imposible un consenso para el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC): las cláusulas de garantía salarial.

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"Lo que queremos es garantizar los salarios" y "desbloquear los convenios colectivos bloqueados", insistió.

Mientras, Comisiones Obreras (CCOO) considera que un pacto de rentas tiene que ir más allá de los salarios. Por un lado, debe incluir medidas que eviten que los márgenes empresariales se disparen para impedir "el efecto de segunda ronda sobre los precios que ya están provocando" esos márgenes.

También reclama precios máximos para la electricidad y un "pacto fiscal paralelo" que concrete "el esfuerzo colectivo que hay que hacer para sostener a los más vulnerables".

El sindicato de Unai Sordo exige, además, para un eventual pacto de rentas, poner límites al alquiler de viviendas y locales donde desarrollan su actividad las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Fracasó en mayo

Ya el pasado mayo, Calviño fracasó en su intento de sentar en la mesa del Ministerio de Economía a los agentes sociales para abordar el pacto de rentas propuesto por Pedro Sánchez. 

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La reunión se canceló después de que anularan su asistencia por diversos motivos tanto Antonio Garamendi, como Pepe Álvarez.

Los agentes sociales en una reunión en el Ministerio de Economía. Europa Press

Sin embargo, el pasado lunes la vicepresidenta sorprendió al convocar de nuevo a los agentes sociales con el objetivo de reactivar esta idea. Calviño tomó esta decisión tras reunirse con el Consejo Asesor del Ministerio de Economía y anunciar que se avecinan trimestres "complejos" por la inflación.

Aunque Economía descarta una recesión en España, la preocupación por la evolución de los precios es alta. Según los datos aportados por la vicepresidenta, hasta ahora las medidas lanzadas por el Gobierno han permitido contener el alza de los precios en 3,5 puntos porcentuales.

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Pero ha sido insuficiente para impedir que la inflación supere los dos dígitos, con lo que el Ejecutivo considera importante abordar la moderación salarial dentro de un gran acuerdo con sindicatos y empresarios.

Acuerdo bilateral

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso esta idea sobre la mesa, los agentes sociales han mostrado su recelo a incorporar al Gobierno en sus negociaciones salariales por considerar que los acuerdos deben salir de sus pactos bilaterales.

De hecho, en este momento, sin que se haya firmado un gran pacto de rentas, empresarios y sindicatos tienen unas 4.300 mesas abiertas dentro de la Negociación Colectiva, donde se buscan acuerdos salariales para sectores y empresas afectados por estos convenios.