El paquete de medidas con el que la Comisión Europea prevé establecer nuevos derechos de emisión de CO2 que afecten al transporte rodado y a la calefacción de los hogares tendría un coste para la economía española de hasta el 1,3% del PIB en tres años si se extiende a todos los sectores productivos en un momento en el que el coste de esos derechos sigue al alza, según el Banco de España. Es el primer cálculo que se hace público del potencial impacto de esta medida que Bruselas tiene sobre la mesa, aunque fuentes del organismo subrayan que todas "estas estimaciones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre". 

Esa cifra incorpora el 0,6% que restaría al crecimiento español en esos tres años el pago de los derechos de emisión de CO2 que ya asumen muchos sectores y la industria en el supuesto de que su coste volviera a aumentar tanto como en los últimos dos años.

El escenario sobre el que se asienta esa hipótesis es que la economía española no fuera capaz de reasignar recursos a actividades menos penalizadas. Así, en el peor de los casos, de fructificar esta medida que se ha planteado en el marco del paquete Fit for 55 el impacto en España podría superar los 15.600 millones de euros en un trienio.

A pesar de estos costes y a los 'efectos secundarios' sobre la economía que plantea la transición energética, el Banco de España cree que el Gobierno no debe renunciar a la meta de descarbonizar la economía porque a largo plazo, el coste de no hacer nada es superior al de actuar.

Más impuestos

Para ello, advierte que España tendrá que rediseñar la fiscalidad verde para penalizar los consumos más contaminantes, en la misma línea de lo que plantearon los expertos del Libro Blanco para la reforma tributaria el pasado febrero. Es decir, incorporando subidas de impuestos.

"España se encuentra, de manera persistente, en el grupo de economías de la Unión Europea en las que la fiscalidad medioambiental presenta una menor recaudación relativa", advierte la institución en su Informe Anual 2021.

Fuente Eurostat / Banco de España

"Hay que rediseñar la fiscalidad medioambiental. Nosotros no hacemos recomendaciones concretas. Pero hay que incrementarla. Ahora no es el momento, cuando la economía no se ha recuperado de la pandemia y ha llegado un shock adicional. Pero hay que aportar certidumbre a la política fiscal", según el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán.

Ese incremento de la recaudación sería temporal -mientras dure la transición- y puede ser aprovechado para reducir "otras distorsiones impositivas" bajando, por ejemplo, los impuestos al trabajo, o para dotar de recursos al Gobierno para plantear medidas compensatorias para los colectivos que más van a sufrir por el alto coste de la transición ecológica.

Entre ellos, figuran los hogares en los que el cabeza de familia tenga entre 35 y 45 años, la población de entornos rurales, las rentas más bajas, y las familias con más miembros y menos nivel educativo.

"Es necesario implementar medidas públicas para estos hogares por motivos de eficiencia y de equidad", advierte Gavilán, que además pone el foco en la necesidad de acometer una transición energética con aceptación social para que no se vea frenada.

El Informe Anual de 2021, el Banco de España incorpora este año un capítulo titulado La economía española ante el reto climático. La institución considera necesario que los bancos centrales presten más atención a este asunto que tiene múltiples repercusiones sobre la economía, pero sobre el que es difícil hacer una buena evaluación de políticas públicas.

Más inflación

Uno de esos efectos secundarios parece ser el encarecimiento del coste de la vida, aunque en este informe no se cuantifica con cifras.

"Una parte de la inflación reciente podría deberse a la transición climática en curso, en la medida en que, por ejemplo, ha estado parcialmente asociada a la escasez de suministros producida por el cierre de algunas fábricas muy contaminantes en China, a la mayor demanda de gas al acelerarse el abandono del carbón en el mix energético y a incrementos muy fuertes en los precios de algunas materias primas -como el litio- que se usan en la fabricación de las baterías eléctricas", señala el documento.

El organismo reconoce que "existe una gran incertidumbre" sobre los riesgos asociados a la transición energética que divide en dos. Los asociados al cambio climático (aumento del nivel del mar o de las sequías, entre otros) o los llamados riesgos de transición que son los derivados de tratar de mitigar los daños físicos. En este segundo grupo, se enmarca, por ejemplo, el daño que sufre la economía asociada a las actividades más conteaminantes.

Fuente: Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero. Banco de España

De acuerdo con los datos del informe, a nivel global, el coste de continuar con las políticas energéticas actuales provocaría un daño al PIB del 8% en 2100. Mientras, si se tretrasa la transición, la pérdida de PIB será algo superior al 3%. Por último, si se alcanzan los objetivos de tener cero emisiones netas en 2050, las pérdidas serán del 2,5%.