Antes del 30 de junio España tendrá una nueva ley concursal con mayores facilidades para que las empresas en dificultades puedan salir adelante y los juzgados no colapsen. Será entonces cuando expire la moratoria vigente para los concursos de acreedores y, tras 27 meses con ella en vigor, los expertos vaticinan una oleada de procedimientos concursales y quitas de deuda de sociedades que con la Covid-19 han pasado a ser zombis o son viables, pero necesitan una profunda reestructuración.

Que las dos fechas coincidan no es casualidad. El Ministerio de Asuntos Económicos decidió hacerlo así para que amparadas en la nueva norma concursal sobrevivan el máximo número de empresas que se han visto dañadas por la pandemia. Sin embargo, a la hora de ayudar a esas empresas el Estado ha puesto un límite: el impacto que pueda tener en las cuentas públicas. De ahí que no todas las empresas vayan a disfrutar de exoneraciones por parte de Hacienda y la Seguridad Social y que, además, se haya fijado un tope de 2.000 euros a cargo de la Administración, algo que no ocurre con el resto de acreedores.

El retraso que acumula la reforma de la ley concursal va a hacer coincidir su entrada en vigor con el inicio del vencimiento de los créditos que se concedieron con el ICO y es una incógnita saber qué pasará con las empresas que solicitaron esa ayuda cuando tengan que comenzar a pagar sus deudas.

En este momento, la situación no parece tan crítica como algunos organismos alertaron hace unos meses. El motivo es que hay empresas que, pese a la moratoria, ya han decidido solicitar el concurso de acreedores porque tienen la certeza de que no volverán a abrir. Otras se han recuperado mejor de lo que se esperaba, pese a que el escenario sanitario que se dibuja con la variante ómicron puede volver a golpearlas.

Incertidumbre empresarial

En su último Boletín Económico, el Banco de España hizo mención a este asunto y reconoció que "persiste una alta incertidumbre en relación con la magnitud de los daños persistentes que la Covid-19 pueda haber dejado en términos de desempleo estructural y destrucción del tejido productivo". Sin embargo, también señaló que "los daños serán limitados" gracias a las medidas desplegadas para combatir la crisis.

No obstante, destacó que en determinados sectores hay "señales de deterioro de la solvencia de las empresas", un "empeoramiento de la calidad crediticia en algunas carteras de préstamos de los bancos" y ya se ve un "repunte del número de empresas que se encuentran en concurso de acreedores".

En este contexto de incertidumbre, los expertos dan por hecho que habrá un incremento exponencial de las insolvencias el próximo verano ante el fin de esa moratoria. Un informe reciente de D&B cifraba en 40.000 las empresas españolas en situación delicada.

Para apoyar el futuro de las empresas viables que problemas, el Gobierno ha elaborado una normativa más favorable que agilice los procedimientos, establezca mecanismos para sortear el concurso y acorte los plazos para que los emprendedores puedan acceder a la segunda oportunidad.

El Estado acreedor

El texto que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que ahora tendrá que pasar el trámite parlamentario incorpora, por primera vez, que el crédito público pueda verse afectado por las pérdidas que sufren los acreedores cuando hay una reestructuración.

Es en este punto en el que el Gobierno ha decidido blindar la recaudación de Hacienda y de la Seguridad Social con un tope de 1.000 euros respectivamente. Es decir, que la Administración Pública no exonerará a las empresas con más de 2.000 euros. Se trata de una cifra mínima frente a las cantidades que suelen afrontar el resto de acreedores en este tipo de procesos.

Como publicó este periódico el pasado febrero, los expertos en administración concursal habían reclamado al Ejecutivo que se contemplara la condonación de deudas por parte de Hacienda y la Seguridad Social. Ambos acreedores son normalmente a los que más deben los empresarios que se ven abocados a solicitar un concurso.

Hay que tener en cuenta que en el caso de las quitas no se trata de condonar deuda a empresas que van a echar la persiana, sino a empresarios que buscan salir adelante, lo que permitiría al Estado seguir recaudando en el futuro si la reestructuración tiene éxito.

Consciente de esta "controversia", la ministra de Justicia, Pilar Llop, abrió la puerta este martes a modificar esas cifras en la tramitación parlamentaria de la ley.

Compromiso con la UE

La reforma de la ley concursal es uno de los hitos que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia que ha firmado con Bruselas a cambio de acceder a los fondos europeos. De ahí que tenga que entrar en vigor antes del segundo semestre del año.

Modernizar los procedimientos de los concursos de acreedores es una vieja reclamación de la Comisión Europea a España. Además, estaba pendiente trasponer una directiva comunitaria desde 2019 sobre este asunto.

Llop reconoció que la intención de las autoridades europeas es "crear un campo de competitividad o competencia legislativa entre los distintos Estados miembro" para construir un escenario más atractivo para la inversión. 

"Los inversores y las empresas necesitan marcos previsibles, con seguridad jurídica, que sean eficaces y estables", afirmó la ministra al presentar la ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre las novedades que introduce la reforma de la ley figura la agilización de los procedimientos, el establecimiento de mecanismos ideados para pymes y micropymes que puedan atravesar problemas, la profesionalización de los expertos que participan en los procesos concursales y la creación de un sistema de alerta temprana para que las empresas puedan poner remedio a sus problemas antes de llegar a una situación crítica.

Además, fija un nuevo mecanismo para agilizar la segunda oportunidad de los emprendedores con el fin de que no se vean lastrados por fracasos anteriores. Todo ello tendrá que ser tramitado por la vía de urgencia ahora por el Congreso, donde se introducirán enmiendas.