Con dos fondos finalistas ya seleccionados para que el Gobierno pueda llevar a la Secretaría de Estado de Comercio la operación y comenzar a evaluarla, el PNV ha decidido aprovechar el poder que tiene en La Moncloa -ahora que hay que buscar apoyos para los próximos Presupuestos- para garantizar no solo la españolidad de la compañía, sino también asegurar que haya capital vasco.

Ante las condiciones exigidas -todavía de manera informal- a los fondos, las dos firmas financieras que pujan por la compañía, Bain y Civen, llevan semanas sondeando a inversores españoles y vascos para que entren con ellos en el capital de ITP.

Sin embargo, ahora van a verse obligados a redoblar sus esfuerzos en esa búsqueda de socios e incorporar capital de Euskadi en la operación, según fuentes conocedoras del proceso. De hecho, si no aparece un accionista privado no se descarta que incluso entre en la compañía "de manera simbólica" el propio Gobierno vasco a través del fondo de capital riesgo que creó para impulsar su política industrial.

Se trata del grupo público vaso SPRI Taldea, que cuenta con varios vehículos de inversión y uno de ellos está especializado en proyectos industriales.

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, está implicado en primera persona en esta venta que considera clave para el futuro del País Vasco y que se va a evaluar por el Gobierno central en un momento en el que su voto favorable para los Presupuestos vuelve a ser clave.

Andoni Ortuzar (PNV) en una imagen de archivo. E.P.

Dentro de las opciones abiertas, sigue estando sobre la mesa la posible participación en la operación de la ingeniería vasca Sener, una compañía que cumpliría con los requisitos que pide el PNV pero que salió de ITP en 2016, cuando vendió a Rolls-Royce su participación.

No es la primera vez en este proceso de venta que se señala a Sener. Sin embargo, las dificultades con las que se están encontrando los fondos interesados en comprar la empresa para encontrar ese capital vasco han animado a poner sobre la mesa la posibilidad de que sea ese fondo de capital riesgo público el que garantice esa presencia.

Todo esto se plantea en un contexto en el que el Gobierno vasco ha iniciado una ofensiva de relocalización ante la pérdida de empresas estratégicas para la comunidad autónoma, como Euskaltel (que fue comprada por Más Móvil) o Gamesa.

Esta última empresa fue comprada por Siemens y descapitalizada, puesto que el centro de decisión pasó a Alemania y esto fue seguido por una pérdida de puestos de trabajo en la región.

Ahora, en virtud del decreto aprobado por el Gobierno español con motivo de la pandemia -y prorrogado hasta el próximo 31 de diciembre- para blindar a las empresas españolas estratégicas de operaciones especulativas que afecten a determinados sectores, como la energía, las telecomunicaciones, la defensa o el transporte, el comprador tendrá que contar con el visto bueno del Gobierno central, que no dará un paso sin contar con el beneplácito de la Lehendakaritza.

Política industrial

El Gobierno vasco ha mantenido una política industrial clara en las últimas décadas en las que ha ido utilizando diversos instrumentos de control sobre las empresas. De hecho, ha llegado a hacer acciones de promoción pública a partir de los monopolios públicos existentes en España.

Un ejemplo fue el origen de Petronor o de Euskaltel, pero se han llevado acciones similares en sectores como la energía, las infraestructuras o el juego.

Todos estos ejemplos han estado ligados a un intento de preservar los centros de decisión corporativa y de innovación dentro del País Vasco, así como garantizar una cadena de proveedores locales.

Esta estrategia industrial se ha ido reforzando en los últimos años en los que el PNV ha incluido dentro de su programa económico el "recuperar un modelo propio de política industrial" o la búsqueda de nuevos sectores para fomentar la innovación, entre otros puntos.

Y todo ello dentro de un esquema en el que se hace referencia expresa a tener un sector público "eficiente y capaz de reactivar la recuperación económica".

Y dentro de este punto, el programa del partido es claro, ya que se afirma que se apoyará "el mantenimiento de las empresas vascas y sus centros de decisión en el territorio y en manos vascas, ante el riesgo de que inversores extranjeros intenten adquirir nuestras mejores empresas aprovechando la situación de crisis".

Algo que, a renglón seguido, su programa afirma que es "compatible con nuestro apoyo a las inversiones extranjeras que han generado y deben seguir generando empleo y riqueza en Euskadi".

Toda una declaración de intenciones que se va a seguir a rajatabla en el caso de ITP Aero gracias al apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que en última instancia debe aprobar esta operación sujeta al decreto.