La Comisión Europea avisó este lunes a España de que vigilará qué impacto tiene sobre el gasto público el programa que el nuevo Gobierno quiere aplicar, aunque Bruselas augura un diálogo positivo con el Ejecutivo y recuerda que siempre hay margen para la flexibilidad presupuestaria que reclama Madrid.

"Compartimos el objetivo general del Gobierno de trabajar por una economía sostenible en el plano social y medioambiental y debemos naturalmente mirar las consecuencias en el plano del gasto público de lo que está en el programa del Gobierno", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada a una reunión del Eurogrupo en Bruselas.

El comisario italiano se pronunció así tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien aprovechó su visita a Bruselas para reunirse también con el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y con la vicepresidenta responsable de Digitalización y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Calviño, quien presentó las líneas de política económica del nuevo Gobierno a los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, recordó que España busca conjugar la responsabilidad fiscal con el crecimiento y la creación de empleo.

"El Gobierno español tiene un claro compromiso con el cumplimiento de las reglas comunitarias, con la reducción del déficit y de la deuda pública al ritmo más rápido posible, pero que sea compatible con el mantenimiento de la creación de empleo y el crecimiento económico".

"Las reglas comunitarias tienen determinados elementos de flexibilidad dentro de los cuales tendremos que encontrar ese adecuado equilibrio", dijo la titular de Economía a la prensa a su llegada a la reunión.

Y es que el Gobierno ha anunciado que quiere negociar con Bruselas una flexibilización de la senda de déficit para los próximos tres años antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2020.

La intención del Ejecutivo es preparar estas cuentas "cuanto antes", según ha transmitido a la Comisión Calviño, quien ha insistido en que el Gobierno mantendrá un diálogo "constante" con Bruselas y que la negociación de esta flexibilidad transcurrirá en paralelo a la elaboración de los Presupuestos.

Desde que España salió en 2019 del procedimiento por déficit excesivo -al llevarlo por debajo del umbral del 3%-, la Comisión ya no fija objetivos concretos de déficit nominal para cada año como hizo durante una década, pero sí exige que se reduzca el déficit estructural, sin tener en cuenta el efecto del ciclo económico. En concreto, Bruselas pide un ajuste del 0,65% del producto interior bruto (PIB) para 2020 (unos 7.800 millones de euros). Las normas europeas permiten, no obstante, una desviación del ajuste estructural recomendado de un 0,5 % del PIB en dos años.

"Siempre tenemos flexibilidad, pero tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos la posibilidad de negociar con un Gobierno con plenos poderes presupuestarios (...) y hay que hacerlo con atención al programa de gasto público, pero con una actitud muy positiva de diálogo", dijo Gentiloni.

A diferencia de los últimos veinte meses, en los que el Gobierno en funciones no pudo presentar sus propios Presupuestos y tuvo que limitarse a prorrogar por segunda vez los de 2018, el nuevo Ejecutivo tiene plena potestad para legislar el ajuste que exige Bruselas.

En una reunión más breve de lo habitual, los ministros de Economía y Finanzas abordaron el último informe del Fondo Monetario Internacional, que rebaja una décima la perspectiva de crecimiento para el área de la moneda única este año, hasta el 1,3 %.

"La economía está en medio de una ralentización, pero sigue creciendo. Aunque los riesgos siguen siendo a la baja, algunos de los más urgentes se han reducido ligeramente (...) en particular, algo de la incertidumbre sobre el Brexit y el riesgo de una guerra comercial global han disminuido", dijo el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, tras el encuentro.

Los ministros también retomaron el debate sobre la reforma para mejorar la capacidad de respuesta de la Eurozona ante futuras crisis tras los avances -menores de lo esperado- cerrados en la cumbre del pasado diciembre, aunque se ciñeron a ver la agenda para los próximos seis meses.

Para el futuro más inmediato, tienen que cerrar los últimos flecos legales sobre la reforma que dará más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad, con el fin de cerrar los cambios en el tratado del fondo de rescate en marzo y poder firmarlo.

Además tendrán que seguir perfilando los detalles del nuevo instrumento presupuestario para la eurozona y trabajar en el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.