Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda colectiva interpuesta por taxistas contra diversas empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC), entre ellas Uber y Cabify, por competencia desleal.

El juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid ha sido el que ha admitido a trámite esta denuncia, que va dirigida contra cinco compañías de VTC: Cabify y Uber, que actúan como plataformas de intermediación, y Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi Gestión, que son tenedoras de licencias.

Los demandantes, taxistas profesionales coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT) y representados por el abogado Elpidio Silva, acusan a estas compañías de competencia desleal y piden el cese de esta conducta y una compensación económica por daños y perjuicios.

En la demanda, a la que ha tenido acceso

"Este comportamiento supone una conducta desleal de los demandados, integrando una intromisión ilegítima en un mercado completamente regulado como el del taxi, generando daños y perjuicios permanentes que, si persisten, supondrán la total desaparición del sector del taxi", advierte el texto de la demanda.

Los taxistas señalan que el objetivo de la licencia estatal de explotación de VTC es que el transporte se haga entre diferentes comunidades autónomas.

En cambio, añaden, la "auténtica intención" de los VTC es prestar servicio "casi exclusivamente" en las áreas urbanas y metropolitanas de las principales capitales de provincia, para lo que necesitan la preceptiva licencia municipal.

En su escrito, el abogado y exjuez Elpidio Silva recuerda también que la actividad "uvetecista" se encuentra sometida a restricciones cuantitativas, pese a que en comunidades como Cataluña, asegura, ya se ha "pulverizado" la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.

Por todo ello, los taxistas piden a las empresas VTC que "cesen en su conducta ilícita", al considerar que su actividad "se practica de forma desleal y fraudulenta" en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Castellón, Burgos, Toledo, Barakaldo, Alicante, Ibiza o Santander.

También reclaman que se bloquee o inutilice cualquier tipo de aplicación informática que permita canalizar la prestación del servicio y que se anulen las licencias estatales para explotar VTC ya concedidas a los demandados.

Los taxistas piden, asimismo, que se condene a pagar a las empresas VTC la suma de 13.699 euros a cada demandante por cada licencia que ostenten por concepto del perjuicio causado, más 6.513 euros anuales por cada demandante, por cada licencia que tengan, a computar desde 2019.