UGT ultima los detalles del acuerdo "histórico" para el empleo público que reducirá en tres años más del 90% la precariedad de las administraciones y afectará a casi 350.000 trabajadores públicos.

En una nota, el sindicato destaca que el acuerdo para la mejora del empleo público, que se terminará de cerrar en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de este miércoles, permite la creación de empleo neto, amplía la tasa de reposición del 100% a más sectores prioritarios y traslada a las comunidades y ayuntamientos la capacidad de convocar y gestionar sus propias ofertas de empleo.

Así, el acuerdo beneficiará a casi 350.000 trabajadores y "rectifica la política de recursos humanos del gobierno y pone orden a la caótica situación provocada por años de recortes".

"Tras meses de fuerte actividad reivindicativa -reuniones con todos los grupos parlamentarios, concentraciones e innumerables llamadas a la negociación- se ha logrado recuperar el diálogo social y cerrar el acuerdo", valora el sindicato.

El plan estabilizará a personal temporal: interinos, eventuales, estatutarios y personal del sector público empresarial, entre ellos 130.000 trabajadores de la sanidad pública, 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes.

A estas cifras se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación, cuyo montante se cuantificará en cada ámbito.

Las Ley de Presupuestos Generales del Estado habilitará estas convocatorias, excepto las destinadas a los docentes no universitarios, para las que el Gobierno, mediante real decreto, permite a las comunidades autónomas convocar una oferta específica antes de la posible aprobación de los Presupuestos, tras mostrar UGT su preocupación por que el proceso no llegara a tiempo para el inicio del próximo curso escolar.

NUEVOS SECTORES PRIORITARIOS

Paralelamente, el plan también incluye una Oferta de Empleo Pública que permitirá reponer todas las bajas que se produzcan en la mayoría de los ámbitos y sectores. "La negociación ha logrado ampliar los denominados sectores prioritarios, lo que frena la destrucción de empleo público y refuerza el Estado de Bienestar", subraya UGT.

Como nuevos sectores prioritarios se incluyen colectivos como los servicios de atención más próximos a la ciudadanía, en el caso de la Administración General del Estado, incluye a colectivos como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.

Los nuevos sectores prioritarios se suman a los denominados así en los Presupuestos de 2016 que fueron: funcionarios docentes, sanitarios, fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos, servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, personal investigador doctor, catedráticos y profesores titulares de universidad, supervisión e inspección de los mercados de valores, seguridad e inspección aérea, seguridad y salvamento marítimo, prevención y lucha contra la contaminación marítima.

También se contemplaban seguridad y operaciones ferroviarias, administración penitenciaria, funcionarios de la escala superior del cuerpo de la seguridad nuclear y protección radiológica, acción exterior del Estado y asitencia directa a los usuarios de los servicios sociales, gestión de prestaciones de políticas activas de empleo.

UGT considera este acuerdo un cambio de rumbo que permitirá seguir profundizando en materia de empleo y concretar, desarrollar y completar medidas previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que impidan reproducir los recortes y la precariedad del empleo que ha provocado, incluso, un problema jurídico.

En esta línea, el acuerdo reactiva la Mesa para la Igualdad y el Observatorio de Empleo Público, contemplado en el EBEP y que permitirá conocer con mayor exactitud la realidad de las plantillas, su ubicación así como cuantificar la edad media de los empleados públicos.

Este mapa servirá para hacer una previsión "realista" de la incidencia de las jubilaciones voluntarias, forzosas o por incapacidad en las plantillas, ajustar las necesidades de apertura de nuevos centros y tomar medidas contra el preocupante envejecimiento de las administraciones.