La Generalitat catalana ha anunciado que recaudará un nuevo impuesto regional a las bebidas azucaradas. Este tributo forma parte de las medidas fiscales -que contempla el rediseño o la actualización de otros impuestos autonómicos- destinadas a contentar a la CUP y conseguir su apoyo a los presupuestos. Inicialmente, la idea también despertó el interés del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque después cayó en el olvido.

El impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña se ha hecho de arriba a abajo. Primero, en octubre de 2016 se pactó el respaldo político a la medida: Juntos por el Sí y la CUP acordaron su apoyo. Poco después, a mediados de noviembre, Catalunya Sí que es Pot (el Podemos catalán) presentó una moción pidiendo gravar las bebidas azucaradas y los alimentos insanos. Ahora que la CUP ha aceptado apoyar las cuentas, quizá asistamos al debate parlamentario y social sobre el impuesto.

La obesidad de los niños catalanes

Cuando se presentó la moción, la diputada regional Marta Ribas aseguró que el impuesto a las bebidas azucaradas y otros alimentos insanos se justificaba porque “la mitad de los niños en Cataluña sufre sobrepeso y obesidad”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también extendió en octubre pasado un cheque en blanco a los gobiernos para que disimulen su voracidad recaudatoria en un impuesto saludable a las bebidas azucaradas. Es más, llegó a proponer el tipo: un 20%.

Pero la verdadera motivación de este tributo está en la facilidad con que la población se traga su introducción. El informe de la OMS sobre el impuesto en México subraya entre sus 10 conclusiones finales el bajo coste político: “La aceptación por parte de la población es más fuerte cuando esta entiende que los impuestos son para mejorar su salud y bienestar”. El problema es que esto último no está comprobado.

El mito del impuesto saludable

Los estudios muestran que el impuesto a las bebidas azucaradas efectivamente disminuye su consumo. Lo que no está demostrado de ninguna manera es que reduzca la obesidad o que la población esté más sana como consecuencia de su aplicación. Hay estudios que prueban que en algunos casos el consumo de bebidas es sustituido por derivados lácteos que tienen las mismas o más calorías que las bebidas. En México, país que está aplicando un impuesto a las bebidas con azúcar y a la comida “chatarra” desde 2014, la ingesta calórica se redujo entre 6 y 10 calorías al día según tres estudios distintos.

Como se ve, el impuesto no se parece en nada al que afecta al tabaco o a las bebidas alcohólicas. Y, además, puede llevar a las autoridades a la falsa idea de que con el tributo basta y pueden abandonarse las políticas de educación y prevención que tienen efectos más duraderos.

Por otra parte, es un tributo complejo, porque los fabricantes de bebidas azucaradas tienen que incurrir en costes adicionales para modificar sus líneas de producción e incluir los elementos de control en los envases. Todo esto puede distorsionar los mercados o las decisiones económicas, un aspecto que los expertos tributarios tratan de minimizar.

Un acicate para otras comunidades

Su implantación en Cataluña tendría, además, consecuencias llamativas. Por ejemplo, incrementará el tráfico de bebidas libres de impuestos desde regiones vecinas, al menos hasta que se cumpla el anuncio del ministro de Hacienda de dictar un impuesto a las bebidas azucaradas a nivel nacional. El departamento de Montoro lleva meses guardando un riguroso silencio sobre el diseño de este tributo, del que no se conoce ningún detalle. Tampoco se sabe qué motivó su inclusión en la agenda de Montoro a finales de 2016. Es probable que haya sido la misma decisión de la Generalitat de crearlo. En todo caso, si se estableciera un impuesto nacional y Cataluña hubiese aprobado su tributo autonómico, Hacienda tendría que compensarle los ingresos perdidos.

Esto es un acicate para que otras comunidades autónomas aprueben un impuesto parecido, como ocurrió con las tasas autonómicas a los bancos.

El camino del IVA

El silencio de Hacienda, sin embargo, es comprensible. El impuesto a las bebidas azucaradas supone penalizar a un sector industrial concreto e introducir distorsiones en la economía. ¿Por qué las bebidas y no los snacks como hace México? ¿Por qué no los derivados lácteos o las carnes rojas? Los motivos para aplicar impuestos pigouvianos -aquellos que se imponen para combatir los efectos negativos de determinadas acciones- pueden estirarse como un chicle. Si el sedentarismo es malo para la salud, como reconoce la OMS, ¿por qué no un impuesto a los que no hacen suficiente ejercicio a diario?

Había un camino menos discriminatorio para resolver este asunto y que, de paso, restauraría la eficacia del IVA que, como se sabe, recauda mucho menos en España que en Europa a pesar de tener tipos similares: bastaría con situar las bebidas azucaradas en el tipo general del IVA que es del 21% en vez del tipo reducido del 10% donde están actualmente. Si bien resulta injusto y discriminatorio que el Estado intente suplantar la responsabilidad individual a la hora de consumir ciertas bebidas, penalizándolas con tributos específicos, no hay argumentos de peso para que se les discrimine positivamente frente a otros bienes y servicios que pagan el tipo general del impuesto. Este camino que era más razonable, ha quedado prácticamente bloqueado por las prisas del gobierno catalán por crear un impuesto específico.