En la economía, las cosas no siempre son como parecen a primera vista. Para salvar las pensiones, el PSOE ha decidido que eliminará las reducciones de cotizaciones sociales que han favorecido a 2.115.844 empleos creados durante el gobierno de Mariano Rajoy. La medida, ya incluida en el programa electoral del 20-D, será la consecuencia de las políticas de reequilibrio financiero para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. A juicio de los expertos socialistas, las reducciones de cotizaciones -la política activa de empleo más destacada desarrollada por el PP estos años- han contribuido de forma importante al déficit de más de 13.000 millones de euros que presentaron en 2015 las cuentas de la Seguridad Social.

En el programa electoral coordinado por Jordi Sevilla, los socialistas apuestan por la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante la “reformulación y ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema”. Para ello plantean tres vías: el incremento del número de afiliados al sistema, la creación de un impuesto para suplementar los ingresos y la mejora de la recaudación. Esta última se procuraría por dos caminos, luchando contra el fraude laboral y atribuyendo al Estado “la financiación de los gastos que escapan de la lógica contributiva, así como el coste de todas las medidas de fomento del empleo”.

Entre los gastos sin "lógica contributiva" están las pensiones de viudedad y orfandad que suponen unos 20.000 millones al año para la Seguridad Social. El gobierno de Rajoy avanzó de manera decidida en la clarificación de las fuentes de financiación del sistema costeando con impuestos las pensiones no contributivas, una vieja recomendación del Pacto de Toledo. No había razón para que las pensiones no contributivas, que son una expresión de solidaridad de la sociedad española, fueran costeadas con el ahorro de los trabajadores que cotizan y no por la totalidad de los españoles.

Elogio de Guindos a la reforma de Zapatero

El déficit de las pensiones será uno de los temas clave que deberá afrontar el próximo gobierno. Y el voto de los más de 9 millones de pensionistas es uno de los más disputados tanto por el PP como por el PSOE. Ambos partidos están básicamente de acuerdo en el fondo del asunto: mantener un sistema contributivo y garantizar sus sostenibilidad. De hecho, el ministro de Economía Luis de Guindos elogió la reforma de las pensiones del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en un coloquio con el ex ministro Miguel Sebastián celebrado en Barcelona el miércoles. Cabe recordar que el PP no apoyó esa reforma en el Congreso.

Ni siquiera el recurso a los impuestos para suplementar la financiación de la Seguridad Social divide a los dos mayores partidos. Mientras el PSOE se inclina por un impuesto específico y a Jordi Sevilla le atrae la fórmula francesa que consiste en pequeños recargos repartidos en los diversos tributos, el PP preferiría no crear una figura concreta.

Sin embargo, las políticas activas de empleo basadas en reducciones de las cotizaciones sociales, sí han originado opiniones encontradas. El PSOE, y en esto coinciden con los economistas de Ciudadanos, cree que estas reducciones son ineficaces. Lo cierto es que suponen un subsidio cruzado, ya que la actividad empresarial (los contratos que gozan de reducciones) está siendo costeada por la caja común que forman las cotizaciones de los demás trabajadores. La mayoría de los expertos piensa que las políticas de fomento del empleo deben ser pagadas con impuestos genéricos y no con el ahorro de los trabajadores.

Empleo con cotizaciones reducidas

El PP, sin embargo, considera que esta política ha tenido éxito y exhibe esos 2.115.844 empleos que se han favorecido de las reducciones a lo largo de su gestión. Se trata de la cifra acumulada de empleos, es decir, hay personas que han tenido dos o tres contratos con reducción a los largo de la crisis.

El desglose de los datos del Ministerio de Empleo es el siguiente:

1.- Contratación por cuenta ajena de jóvenes (en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven): 201.558 beneficiarios.

En esta categoría caben los desempleados menores de 30 años contratados a tiempo parcial con vinculación formativa  (Art. 9 RDL 4/2013 y Ley 11/2013), los desempleados menores de 30  años sin vinculación laboral anterior con la empresa (Art. 10 RDL 4/2013 y Ley 11/2013), los proyectos de emprendimiento joven (Art. 11 RDL 4/2013 y Ley 11/2013), los contratos en prácticas para el primer empleo celebrados con menores de 30 años  (Art. 13 RDL 4/2013 y Ley 11/2013), los desempleados menores de 30 años incorporados a cooperativas o sociedades laborales como socios trabajadores o de trabajo  (Art. 14.1.a RDL 4/2013 y Ley 11/2013), y los excluidos sociales menores de 30 años contratados en empresas de inserción  (Art. 14.1.b RDL 4/2013 y Ley 11/2013)

2.- Trabajadores autónomos (la conocida como tarifa plana de 50 euros): 862.122 empleos.

3.- La Tarifa Plana de 100 euros para la contratación indefinida (de febrero de 2014 a 31 de marzo de 2015, aunque aún hay beneficiarios que disfrutan de ella): 339.150 empleos

4.- Mínimo Exento de Cotización (desde marzo de 2015): 245.151 contratos.

5.- Contrato para la formación y el aprendizaje: 467.863 contratos.

En total, los beneficiados por estos incentivos (en los que no se incluyen reducciones que en algunos tipos de contratos se transforman en bonificaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que se financian con impuestos), alcanzan las 2.115.844 personas.

El PP sostiene que las reducciones, si bien pueden haber mermado algo los ingresos de la Seguridad Social, han estimulado la creación de empleo y han apoyado la formación de empresas que en sus primeros años son más vulnerables, pero que acaban contribuyendo positivamente a la Seguridad Social. Los expertos del gobierno citan el modelo británico, que incentiva la creación de autónomos que, al cabo de los años, se convierten en empleos seguros.

Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que el déficit de la Seguridad Social es fruto fundamentalmente de la divergencia entre las nuevas bases de cotización, que son más bajas que en el pasado, y las pensiones más altas que están percibiendo las últimas cohortes ya que tienen carreras de cotización más largas y salarios más elevados.