España se acerca al peor de los escenarios: una multa millonaria de la Unión Europea por déficit excesivo con un Gobierno en funciones que no puede tomar medidas para frenarla. El desfase presupuestario del 5,2% en 2015 anunciado este jueves por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, supone un desvío de 10.000 millones de euros respecto al objetivo pactado con Bruselas, que era el 4,2%. La Comisión Europea estudia ya sanciones contra España, que podrían iniciarse en mayo y llegar al 0,2% del producto interior bruto (alrededor de 2.000 millones de euros), según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

El incumplimiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy no ha sorprendido en Bruselas. “Confirma las preocupaciones de la Comisión sobre la trayectoria presupuestaria de España”, ha dicho en un comunicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, tras conocer los datos. El Ejecutivo comunitario había lanzado múltiples avisos. En octubre publicó un dictamen negativo sobre los Presupuestos de Rajoy para 2016 por considerar que incumplían las reglas del Pacto de Estabilidad. Ya entonces reclamó que las Cortes aprobaran recortes adicionales antes de disolverse para las elecciones del 20-D.

Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo caso omiso de las advertencias de la Comisión. Alegaba que el mayor crecimiento de la economía española sería suficiente para cumplir el déficit, sin necesidad de más ajustes. Un argumento que nunca convenció en Bruselas y que se ha revelado erróneo. Tras las elecciones, la UE ha reclamado la formación rápida de un Gobierno estable, cuya primera tarea debía ser presentar unos nuevos Presupuestos, con más recortes. Ante el bloqueo en la política española, el Ejecutivo comunitario lanzó un ultimátum a principios de marzo: pedía más ajustes en las comunidades autónomas antes de abril.

Rajoy no tomó medidas eficaces

Al final, el desvío del objetivo de déficit en 2015 es incluso superior al que había vaticinado Bruselas. En sus últimas previsiones de febrero, la Comisión calculó un desfase del 4,8% del PIB, que finalmente se ha disparado al 5,2%. Al empeorar todavía más el punto de partida, ya queda claro que España incumplirá su obligación de situar el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad este año. El pronóstico del 3,6% que realizó la Comisión peca ahora de optimista.

“La Comisión realizará una evaluación completa de la situación presupuestaria en España en mayo”, ha dicho Moscovici. Antes, la oficina estadística de la UE, Eurostat, debe validar las cifras de Montoro el próximo 21 de abril. Sobre la mesa del Ejecutivo comunitario hay dos alternativas: o dar más tiempo a España para corregir el déficit excesivo, como piden todos los partidos españoles; o avanzar en el procedimiento de sanciones.

Así que la Comisión deberá proponer sanciones según el Pacto. El nivel de las multas todavía no se ha definido.

“Para realizar una nueva recomendación que dé un año o dos más de plazo, hay que verificar que se han adoptado medidas eficaces (de corrección del déficit). Pero con estos datos, está claro que no ha habido medidas eficaces”, ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo que pide que no se revele su identidad porque las discusiones del Ejecutivo comunitario no son públicas. España tampoco puede alegar una situación de crisis económica, porque el año pasado creció un 3,2%.

“Así que la Comisión deberá proponer sanciones según el Pacto. El nivel de las multas todavía no se ha definido”, prosigue el alto funcionario. El Pacto de Estabilidad prevé una multa máxima del 0,2% del PIB (en el caso de España, alrededor de 2.000 millones de euros) para los países incumplidores. No haber hecho caso de los avisos se considera un agravante. “Su posible anulación dependería de los compromisos que asuma el nuevo Gobierno”, agrega.

¿Posible aplazamiento hasta después de elecciones?

El mes de mayo es cuando la Comisión analiza cada año la situación presupuestaria de todos los países de la eurozona. Lo hace basándose en los programas de estabilidad y reformas que los Gobiernos están obligados a enviarle en abril, detallando los ajustes y reformas para los próximos ejercicios. Y en unas nuevas previsiones económicas actualizadas que se publican la primera semana de mayo.

Así que el escenario central que maneja el Ejecutivo comunitario es decidir sobre España en mayo, al mismo tiempo que sobre el resto de estados miembros. Un Gobierno en funciones de Rajoy no podría parar la multa porque no tiene poderes para adoptar los ajustes necesarios, según reconoce la propia Comisión.

Pero si finalmente se repiten las elecciones porque no hay acuerdo para formar un nuevo Gobierno, algo que se sabrá ya el 2 de mayo, Bruselas sopesa retrasar la decisión sobre la multa a España a después de los comicios del 26 de junio. El argumento sería “no interferir en la campaña electoral”, según el alto funcionario. Se trataría de esperar a ver la “seriedad” y los “compromisos” que asuma el nuevo Gobierno antes de dictaminar sobre las sanciones o las prórrogas. La decisión no está tomada, aunque parece la más probable, porque el Ejecutivo comunitario nunca ha avanzado a la fase final de sanciones por déficit excesivo.

Les toca a los partidos españoles decidir qué va a pasar ahora. Cuanto más tarden en decidir formar Gobierno, más alto será el déficit.

El que llegó más lejos fue Pedro Solbes en 2003, cuando era comisario de Asuntos Económicos, con su propuesta para castigar a Francia y Alemania por déficit excesivo. Pero París y Berlín lograron apoyos suficientes para bloquear las sanciones y dinamitar el Pacto de Estabilidad. El Pacto volvió a reforzarse tras la crisis de deuda. Y España está sujeta al procedimiento sancionador desde el año 2009. Bruselas le ha concedido ya tres prórrogas para corregir el déficit, una durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero y dos con Rajoy.

“Les toca a los partidos españoles decidir qué va a pasar ahora. Cuanto más tarden en decidir formar Gobierno, más alto será el déficit. Y mayor el esfuerzo que habrá que hacer para corregirlo”, avisa el alto funcionario.

Hacienda toma medidas

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, se mostró confiado el jueves de que España no será sancionada por Europa. Si bien es cierto que la desviación del déficit público casi alcanzó un punto del PIB, esto es, 10.000 millones de euros, cree que puede convencer a Bruselas de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para lograrlo anunció ayer una batería de medidas que van encaminadas a frenar la escalada excesiva del gasto de las comunidades autónomas.

“La situación de las comunidades autónomas nos lleva a adoptar medidas para su corrección y siguiendo la advertencia del 9 de marzo de la Comisión Europea”, ha apuntado el Montoro. Lo que ha decidido el Ejectutivo es aprobar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria para las comunidades autónomas que tengan un exceso de déficit y además, prohibir que las regiones aumenten el gasto por encima del crecimiento potencial del país, el 1,8%.

Lo que queremos es evitar las sanciones, por eso vamos a dar cumplida respuesta a la advertencia de la Comisión

De este modo Hacienda limitará el gasto desenfrenado de las autonomías e intentará convencer a Bruselas de su efectividad. Montoro cree que si se frena el aumento del gasto y se complementa con los 10.000 millones de euros más que recibirán las regiones este año, se conseguirá encauzar su déficit. Estos 10.000 millones deberían ser suficientes para que el déficit de las comunidades caiga por debajo del 1%, después de cerrar este año en el 1,66%, esto es, con una desviación de 0,99 puntos de PIB.

Otro argumento que empleará el Gobierno ante la Comisión es que una buena parte de los gastos que elevaron el déficit en 2015 no son reiterativos (conocidos como one-off), por lo que no se repetirán este año.

Sin embargo, el plan que llevará España a Bruselas tiene un punto débil: supone reducir el ritmo al que las autonomías elevan su gasto público, pero en ningún momento lo congela. Una vez más, el Gobierno confía en que el crecimiento de la economía y de la recaudación permita limitar el porcentaje del déficit, tanto por la vía de los ingresos, como por el aumento del comparable: el PIB.

“Esto que proponemos es lo máximo que puede hacer un Gobierno en funciones”, explicó Montoro el jueves. De este modo descartó la posibilidad de sancionar o intervenir a las comunidades autónomas. En cualquier caso, la no disponibilidad presupuestaria ya es una medida suficientemente fuerte como para corregir la situación de las autonomías. “Lo que queremos es evitar las sanciones, por eso vamos a dar cumplida respuesta a la advertencia de la Comisión”.