Contra la 'Hacienda de amiguetes'. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quieren aumentar la recaudación, pero sin tocar los impuestos. Una de las medidas estrella del pacto entre socialistas y la formación naranja será la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida.

Tanto Sánchez como Rivera quieren recuperar los 2.800 millones de euros que el actual ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, "perdonó ilegalmente" a los grandes defraudadores en la ‘amnistía fiscal’ de marzo de 2012, en la que afloraron 40.000 millones de patrimonio no registrado por el fisco español.

La tasa inicial del 10% para su regularización quedó finalmente en el 3%, de manera que en lugar de recaudar 4.000 millones, la cifra se quedó en 1.200 millones. La justificación que se dio para ese perdón a algunos defraudadores fue la escasa aceptación que tuvo la amnistía fiscal en un primer momento.

De Botín a Del Pino

Según los datos difundidos en enero de 2013 por el Gobierno, el fisco logró ‘convencer’ a 29.065 personas y 618 empresas para que pagasen aquel peaje a cambio de limpiar su historial de potenciales delitos fiscales.

Por esa alfombra roja al dinero evadido desfilaron grandes fortunas como la familia Del Pino (Ferrovial) o la familia Botín (Santander), que pagaron sendas multas a Hacienda por valor de al menos 200 millones para regularizar su patrimonio de miles de millones en el extranjero.

Lucha contra el dinero negro

Ahora Ciudadanos y PSOE proponen que se recuperen las cantidades condonadas en los acuerdos privados entre contribuyentes y la Agencia Tributaria. Con ese 7% de diferencia, socialistas y Ciudadanos prevén recuperar 2.800 millones.

También aseguran que remitirán a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía "en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales". Además de resucitar y ampliar el alcance de la Aministía Fiscal, el pacto prevé aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria con más medios materiales y humanos, además de proponer un endurecimiento de las penas por delitos fiscales y alargarán los periodos de prescripción de este tipo de delitos.

El pacto de gobierno entre Rivera y Sánchez propone, además, limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1.000 euros. "Además, se establecerá el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 25 euros a través de tarjeta de crédito", señalan.