Durante la campaña presidencial estadounidense de 1992, en la que el joven gobernador de Arkansas, Bill Clinton, se enfrentó al presidente republicano George Bush, el estratega demócrata James Carville famosamente capturó la esencia de la campaña en una frase escrita sobre un cartel colgado en el cuartel general de Clinton: “Es la economía, estúpido”.
La frase tenía el fin de enfocar el mensaje de la campaña demócrata, pero desde entonces ha sido invocada en innumerables situaciones como vara de medir del bienestar de una administración: si la economía va bien, al Gobierno le irá bien también.
Es una rúbrica simple, pero tremendamente influyente que ha tenido su papel en la formación de Ejecutivos por todo el mundo. Un ejemplo es de ello es Portugal, donde las negociaciones y acuerdos económicos fueron la clave de la alianza de izquierdas fraguada el pasado noviembre. Un entendimiento que ahora hace posible el Gobierno minoritario del socialista António Costa en Portugal y que el secretario general del PSOE querría replicar en España.
Compromisos enfrentados
La noche del pasado 4 de octubre Portugal se encontraba en una situación similar a la que se vivió en España la noche del 20 de diciembre: las elecciones legislativas habían resultado en un Parlamento fraccionado y sin partido capaz de formar un Gobierno mayoritario por sí solo. La coalición de derechas liderada por el primer ministro conservador, Pedro Passos Coelho, había conseguido 107 escaños, quedándose a apenas 9 diputados de los 116 requeridos para controlar la Asamblea de la República.
Los tres partidos de la izquierda sumaban 122 escaños –el Partido Socialista Portugués (PSP) contaba con 86 diputados, seguido por el marxista Bloque de Izquierda (BI) con 19, y el Partido Comunista (PC) con 17–, pero la enemistad histórica entre estas fuerzas hacía poco probable una unión.
Sin embargo, la misma noche electoral los líderes bloquistas y comunistas se mostraron dispuestos a llegar a un acuerdo para aupar a Costa a la jefatura del Gobierno.“Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitar otra legislatura de recortes y austeridad”, declaraba la portavoz del BI, Catarina Martins.
A lo largo de un mes, representantes de los tres partidos se reunieron en la segunda planta del edificio nuevo de la Asamblea de la República para intentar llegar a un acuerdo que facilitara un Ejecutivo socialista. Celebradas a puerta cerrada, las reuniones aparentemente fueron cordiales pero intensas. Los temas sociales fueron fáciles de tratar: aprobar la adopción por parte de los matrimonios gays, la supresión de la polémica ley del aborto de 2015, la eliminación de ciertos exámenes escolares… Todos coincidían en las medidas que se tenían que tomar al respecto. Pero la economía era otra cosa.
La clave financiera se resume en los compromisos enfrentados de los socialistas, por un lado, y los bloquistas y comunistas por otro. Uno de los pilares de la campaña de Costa había sido la promesa solemne de que cualquier Gobierno suyo respetaría los compromisos de Portugal con sus socios acreedores de la Eurozona y con el FMI; abogaba por un fin paulatino de la austeridad, desmontando los recortes por plazos.
El BI y los comunistas –poco favorables a la política financiera de Fráncfort– habían hecho campaña prometiendo, entre otras medidas, la restauración de los salarios recortados de los funcionarios públicos, el aumento del salario mínimo, la paralización de las privatizaciones de los transportes públicos, y la eliminación de numerosos impuestos creados por el anterior Gobierno. En su momento, muchos consideraban que la conciliación de los dos extremos iba a resultar imposible: los socialistas no podían renegar de su promesa ante los mercados, y los bloquistas y comunistas no podían traicionar a sus votantes.
Acuerdos, no; ‘posiciones comunes’, sí
Por mucha buena fe que pueden haber tenido los representantes en las negociaciones, el hecho de que al final el Partido Socialista haya firmado tres documentos individuales –uno con el BI, otro con los comunistas y un tercero con Los Verdes, que se presentaron a las elecciones en una coalición con el PCP– revela lo complicado que fue llegar a un acuerdo. Sin embargo, los documentos –oficialmente denominados ‘Posiciones Comunes’– dejan claro los temas claves de la negociación, en la que dominaron los asuntos económicos.
Los tres documentos contienen un largo párrafo que consagra la disponibilidad de llegar a soluciones comunes sobre el descongelamiento de las pensiones, el combate contra la precariedad, la revisión de las bases de cotización pagadas por los autónomos, y la reducción de los impuestos sobre la renta. Los textos recogen ciertas cesiones evidentes por unos y otros. El BI y el PCP adoptaron la iniciativa socialista de reducir el IVA de la restauración del 23 al 13%. Los socialistas, por su parte, cedieron en materia de la Tasa Social Única aplicada a los empresarios: el PS quería reducir este impuesto social del 23%, pero renunció a ello debido a la oposición del BI y el PC.
Además de los entendimientos comunes sobre la economía patentes en los tres documentos, algunas de las ‘Posiciones Comunes’ hacen hincapié en aquellos temas de especial importancia para cada partido. El texto suscrito entre socialistas y bloquistas, por ejemplo, recoge la promesa de crear un grupo de trabajo que estudie la sostenibilidad de la deuda externa y su reestructuración, lo que supone una cesión considerable por parte del PS. El mismo texto especifica cómo y cuándo se repondrán los salarios de los funcionarios y el aumento del salario nacional. El documento también prohíbe los desahucios cuando la deuda sea inferior al valor de la casa.
El texto suscrito con los comunistas, en cambio, hace mención particular de la privatización de los transportes de Lisboa y Oporto, un asunto que fue central en la campaña electoral del PCP. El PS se compromete a anular la concesión de la gestión de los transportes públicos de estas ciudades y restaurar los complementos de jubilación de sus empleados.
Sin embargo, los límites del espíritu de consenso de los partidos de izquierda quedan evidentes en los temas que destacan por su ausencia en los documentos suscritos. Al no poder llegar a un entendimiento común, los representantes optaron por obviarlos completamente. Un elemento clave de la campaña comunista fue un plan para salir del Euro; no se hace mención a ello en el documento que han firmado con los socialistas.
Tampoco en ninguno de los textos se hace mención a la polémica privatización de la aerolínea estatal TAP –cuya venta fue finalizada por el anterior Gobierno cuando se encontraba en funciones– Los rifirrafes que han tenido socialistas y comunistas en el Parlamento durante el último mes revela por qué evitaron pronunciarse sobre ello: aunque coinciden en querer recuperar control estatal sobre la aerolínea, no están de acuerdo en cómo se debe manifestar ese control. Los socialistas sólo quieren el control de una mayoría de las acciones de la empresa, mientras que los comunistas quieren su renacionalización total.
Curiosamente, también existen pequeñas contradicciones entre los diferentes documentos. El texto PS-BI, por ejemplo, contradice al firmado entre PS y los comunistas, ya que en el primero se comprometen mutuamente a aumentar el salario mínimo un 5% en 2016 y 2017, con el objetivo de llegar a los 600 euros en 2019, y en el documento suscrito con el PCP se plantea subir a los 600 euros en 2016.
De la teoría a la práctica
La firma de las tres ‘Posiciones Comunes’ individuales despertó serias dudas sobre la estabilidad de la alianza. Si no podían llegar a un acuerdo único, ¿cómo se podía esperar que el BI y el PCP prestaran su apoyo a un Gobierno minoritario socialista durante una legislatura de cuatro años? Más de 100 empresarios firmaron un manifiesto emitido por la Asociación de Empresas Familiares en contra del Ejecutivo Costa, considerando que “los riesgos e incertidumbres que suscita esta alianza sólo puede dañar a la economía nacional”. Pese a ello, en el mes y medio que ha pasado desde la toma de posesión del Gobierno Costa, la alianza de izquierdas ha logrado que la economía se mantenga estable dentro de la inestabilidad general de los mercados europeos, y con el apoyo del BI y el PCP en el Parlamento el Ejecutivo ha comenzado a aprobar las medidas acordadas.
A mediados de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la actualización de las pensiones a partir del 1 de enero, además de una serie de subidas de subsidios para los jubilados más pobres y las familias monoparentales. Después de una serie de reuniones con los comunistas, éstos aceptaron la subida del salario mínimo de 505 a 530 euros. También se acordó la eliminación parcial de la odiada “sobretasa” del 3,5% sobre la renta. BI y PCP querían su supresión total, pero finalmente dieron su visto bueno a su eliminación para los más pobres.
Las medidas tienen su coste: en concreto, un aumento del gasto de unos 173 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno mantiene su compromiso de cumplir con el déficit, y el ministro de Finanzas Centeno asegura que se hará, aunque eso implique negociar para cambiar algunos de los plazos pactados con Bruselas.
La estrategia de negociación permanente con los partidos que apoyan al Gobierno en el Parlamento ha sido clave cuando han surgido los imprevistos económicos que han amenazado con crear serias fricciones dentro de la alianza. El colapso repentino del Banco Banif, los 2.250 millones de euros que el Estado tuvo que inyectarle, y la consiguiente necesidad de rectificar el presupuesto del Estado para contemplar el agujero generado por el banco causó el primer encontronazo público entre el ministro de Finanzas y Catarina Martins, portavoz del BI en el Parlamento.
La decisión de vender a Banif al Santander –con un saneamiento de 3.000 millones pagado por los contribuyentes lusos incluido– provocó la furia de la líder bloquista, que denunció al Gobierno por rescatar a bancos en vez de a personas. Llegó incluso a proponer una ley que retirara los poderes al Banco de Portugal y la creación de una nueva autoridad nacional responsable por la supervisión del sistema bancario. También exigió el Ejecutivo se comprometiera a no vender el igualmente perjudicado Novo Banco. El Ejecutivo, sin embargo, optó por presentar su decisión en el Parlamento para ser votada. BI y PCP votaron en contra, pero el inesperado apoyo de los conservadores en la Asamblea de la República permitió que la venta saliera adelante.
Fuentes del Ejecutivo indican que la política del Gobierno es intentar surcar los desafíos imprevistoslo más rápidamente posible a través de negociaciones con los socios y, en el caso que estás no lleguen a buen puerto, pasar al próximo tema lo antes posible. “Sabemos en lo que coincidimos, al igual que sabemos lo que nos divide. No conviene enfocarse demasiado en lo segundo”, reconoce un alto cargo del PS.
Un futuro incierto
A mes y medio de asumir el poder, no se ha producido el apocalypsis económico ni el rechazo de los mercados que auguraban los líderes de la derecha. De visita en Lisboa el mes pasado, el premio Nobel Joseph Stiglitz incluso se mostraba optimista de cara a las perspectivas económicas del nuevo Ejecutivo. Ante la audiencia congregada en la Fundación Gulbenkian, el norteamericano declaró que el plan económico de Centeno –que consiste en el fin paulatino de la austeridad en Portugal– le generaba “bastante esperanza”, apoyando la idea de subirle los impuestos a las empresas y utilizarlos para invertir en el desarrollo de la nación.
Sin embargo, por mucho que las negociaciones permanentes permitan progresar de momento, pocos confían en que el modelo sea sostenible a lo largo de cuatro años de legislatura. En declaraciones a EL ESPAÑOL, Raúl Vaz, director del Diário Económico, estima que “como mucho, esto se trata de una negociación de año a año, con la aprobación de los presupuestos generales actuando de referéndum sobre el futuro de esta alianza. Por ahora funciona la cosa, pero no veo probable que el BI y el PCP esté por la labor año tras año, especialmente si ven posibilidad de hacerse con el liderazgo en algún momento futuro”.
En una entrevista con EL ESPAÑOL el mes pasado, el ministro Centeno reconocía esta posibilidad, pero rechazaba que fuera la peor de las opciones.
“El anterior Gobierno era una coalición conservadora, y también tuvo que negociar su supervivencia de año en año. Nuestro Ejecutivo sobrevivirá siempre que los objetivos comunes sean lo suficientemente fuertes para llevarlo adelante. Yo haré todo lo posible para que sea así y cumplir con nuestro objetivo común fundamental: reducir la presión fiscal sobre los portugueses”.
“La izquierda habla mucho de revolución, pero las transformaciones duraderas no ocurren de golpe. Ninguno de nosotros tiene los votos para gobernar en mayoría, y honestamente creo que sería peor para el país si fuese así. Nosotros [los socialistas] no somos salvapatrias que lo saben todo. El proceso de negociación enriquece las propuestas finales”.