Diana Morant: “Todos sabemos que la esperanza de vida depende hoy del código postal donde vives"

Morant posa ante nuestra fotógrafa, bromea sobre sus tiempos de estudiante en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y nos abre de par en par las puertas de su despacho. Una entrevista con EL ESPAÑOL/D+I en la que hace balance de un año clave para su cartera, con grandes luces y algunas sombras muy comentadas.

"Este 2022 hemos cumplido con el hito de reformar la ley de Ciencia sin ningún voto en contra, trasladando a la ley ese gran pacto por la ciencia que nos reclamaba la ciudadanía", introduce Morant.

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"En la ley incluimos una financiación estable, creciente y blindada; mejores condiciones para la carrera científica, de modo que los científicos tengan unas perspectivas vitales predecibles y estables; y apoyo a la transferencia de conocimiento desde la universidad a la sociedad y la empresa, incrementando la innovación".

La ministra de Ciencia e Innovación saca pecho al defender que no sólo está cumpliendo con los objetivos impuestos, sino "que incluso vamos por delante en los compromisos de financiación a la I+D+I con el presupuesto más alto de la historia de nuestro país y la convocatoria pública de empleo más importante de los últimos quince años".

Morant no oculta, tanto en este punto como en varios momentos de la conversación, algunos dardos dirigidos al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, un período que llega a tildar de "Valle de la Muerte para la ciencia".

Todo esto antes de entrar en materia, con la política valenciana todavía sentándose a la mesa y pidiendo algo de agua porque la covid que sufrió a principios de año le dejó alguna incomodidad al hablar. Quién lo diría a tenor del discurso prolífico y detallado con el que analiza la actualidad de su ministerio y lo que está por llegar en 2023.

Este año se ha aprobado la Ley de Ciencia, proyecto estrella de su ministerio, que responde a muchas de las peticiones de la comunidad investigadora y del ecosistema innovador, como el reconocimiento del sexenio de transferencia o de los méritos a la actividad en el extranjero. ¿Qué lectura hace de esta norma? ¿Cómo se materializará en instrumentos concretos en los próximos meses?

Lo primero que diría es que la ley es una herramienta fundamental. Todas las leyes son importantes, pero algunas son especialmente trascendentales, como esta. Es una de las grandes reformas del país que será recordada junto a otras reformas de calado que ayudarán a nuestro sistema productivo.

Junto a la ley, estamos trabajando en más políticas que interactuarán con ella, como el Plan de Transferencia recién aprobado. Somos un ministerio muy dado a la autoevaluación, así que cuando acabe el próximo año evaluaremos las medidas y herramientas para ver si hay que introducir o cambiar alguna.

"No se puede secuestrar la ciencia: debemos protegerla como un bien común"

En lo que atañe a la transferencia del conocimiento, queremos que la ciencia y los datos estén disponibles para el resto de la comunidad científica, los medios de comunicación o la ciudadanía. Pero también escalando a oportunidades empresariales que nazcan de los resultados científicos. Y por ello, tanto nosotros como el Ministerio de Asuntos Económicos estamos trabajando o invirtiendo desde el sector público, fomentando la creación de patentes y la licencia de patentes.

En España somos muy poco dados a licenciar patentes, pero hasta que no tengamos una patente no hay producto que vender al mercado. Por eso hemos introducido cambios en la Ley de Ciencia para que las patentes no pueda ser secuestradas por empresas a las que no les interese que esa tecnología llegue al mercado.

Ahora tendremos la capacidad como país de recuperar una patente si no se ha hecho un uso de la misma con un beneficio no sólo empresarial, también social. No se puede secuestrar la ciencia, debemos protegerla como un bien común.

"El PP nos quería llevar a una falsa dicotomía entre los derechos de los científicos y la capacidad financiera de los centros de investigación"

El segundo punto fundamental de la ley es la colaboración público-privada. Es muy importante colaborar con las empresas. En nuestro país, sólo un 30% de los científicos e investigadores trabaja en la empresa privada frente a la media europea de más del 50%. Tenemos que animar a las empresas a incorporar más investigadores y doctorados, fomentando la investigación en el sector privado; lo cual estamos haciendo con los PERTE y las misiones.

Este año vamos a sacar nuevas misiones a las que se tendrán que presentar en consorcios el mundo académico, los centros de investigación y las empresas, con proyectos conjuntos que favorezcan esa transferencia.También hemos de profesionalizar ese eslabón que hay entre la ciencia y la empresa, mediante los parques científicos y los centros tecnológicos, especializados en conectar ambos mundos entre sí.

La ley incorpora la figura del contrato indefinido para los investigadores, una medida anhelada por los científicos y que dota de esa estabilidad que comentaba al comienzo de la conversación, pero que también recibió críticas por parte de multitud de centros de excelencia debido a los costes extra en que pueden incurrir al despedir a personal asociado a proyectos temporales.

De los más de 800.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social que se han registrado desde 2020, uno de cada cuatro proceden del sector de la ciencia y la innovación.

A pesar de la pandemia o de la crisis de Ucrania, las distintas medidas que ha desplegado el Gobierno han permitido que no sólo se puedan mantener los puestos de trabajo, sino también tener nuevas oportunidades.

Tanto que, lo que nos dicen las empresas ahora es que no encuentran el capital humano especializado que necesitan. Por eso estamos recuperando el talento que en algún momento de nuestra historia reciente no fuimos capaces de retener. 

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, durante la entrevista con D+I / EL ESPAÑOL. Pilar Brañas

Con la Ley de Ciencia, lo que hacemos es trasladar al ámbito científico la normativa general sobre contratación indefinida. Creo que la polémica que se generó a raíz de la enmienda del PP nos llevaba a una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la capacidad financiera de los centros.

Lo que tenemos que hacer es salvaguardar ambos aspectos, y por eso hemos recogido en los presupuestos partidas para cubrir los gastos indirectos en que tengan que incurrir los centros para financiar los nuevos derechos. Normalmente serían un 21% esos gastos, pero hemos sacado un 25% para garantizar esa capacidad y recursos. También hemos trasladado a las comunidades autónomas que cubriremos el coste de todas las indemnizaciones de los contratos en vigor anteriores a la Ley de Ciencia. 

No vamos a dejar a los centros a su suerte y puedo decir, con mucha tranquilidad, que en ningún momento los centros han estado en contra de reconocer derechos a los investigadores. La cuestión era quién pagaba esos derechos, y por eso lo que hemos hecho ha sido ayudarles a poder pagarlos. Pero estaba claro que había que aumentar los derechos de los científicos.

La semana pasada, anunció un Plan de Transferencia y Colaboración con 1.200 millones de euros de dotación para favorecer esos mismos puentes entre la Academia y la empresa. Nuestro país es décimo en producción científica a escala internacional, pero nos encontramos en el puesto 29º en patentes. En 2021, España produjo 2.600 patentes, frente a las 26.000 de Alemania. Le quería preguntar sobre la concreción de este plan y los objetivos marcados por su ministerio.

Nosotros vamos a ayudar a que la ciencia escale por sí misma y que los resultados científicos acaben en una patente. Como ejemplo, [la semana pasada] tuvimos una reunión al más alto nivel, sin precedente en ningún país, con el presidente del Gobierno y los líderes de las grandes farmacéuticas mundiales. Ahí se pudo ver que somos el segundo país del mundo, sólo por detrás de EEUU, en liderazgo de ensayos clínicos.

Es decir, hay espacios en los que estamos en el podio mundial, también en la producción científica o las terapias avanzadas o génicas para luchar contra enfermedades como el cáncer. Son temas que pueden pasar desapercibidos para la ciudadanía. Hasta ahora hemos estado potenciando esa parte del descubrimiento, por ejemplo, el de una terapia de medicina personalizada. Ahora el siguiente paso es convertir ese conocimiento en una patente y luego en un medicamento que podamos fabricar aquí.

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, durante la entrevista con D+I / EL ESPAÑOL. Pilar Brañas

No queremos que, de un descubrimiento español, luego sea una empresa norteamericana la que lo fabrique y tengamos que pagar 200.000 euros por un medicamento o que una persona tenga que irse a Houston para tratarse.

Por eso, y en el marco del PERTE de Salud de Vanguardia, ya hemos creado un Consorcio Estatal de Terapias Avanzadas dotado con 45 millones de euros. También tenemos el programa INNVIERTE para inyectar capital, mediante concurrencia competitiva y de la mano de fondos, en empresas de base tecnológica.

Vamos a poner en marcha algo inédito en nuestro país: una mercantil, coparticipada por el Ministerio de Ciencia junto a farmacéuticas de nuestro país, para poder fabricar esas terapias y que no salgan de España esas capacidades. De esta forma podremos garantizar que se ofrezcan de manera universal a través del sistema nacional de salud y, además, crear una oportunidad comercial.

"La ciencia siempre supone un riesgo, pero estamos dispuestos a arriesgarnos con las empresas que investiguen"

La ciencia siempre supone un riesgo, pero nosotros estamos dispuestos a arriesgarnos con las empresas. Por eso, a través de la ley hemos permitido que todas las Administraciones Públicas y los centros de investigación puedan hacer esa transferencia, participando con proyectos de inversión en mercantiles público-privadas de las que no había experiencias en nuestro país.

También vamos a seguir impulsando la compra pública innovadora y precomercial, a través de la cual, en pocas semanas vamos a sacar una convocatoria para que nuestro país sea el primero de Europa en tener un microlanzador de satélites. 

En definitiva, tenemos proyectos muy ambiciosos en ese Plan de Transferencia, pero no nos hemos marcado una meta concreta. Desde luego tenemos una gran capacidad de mejorar.

Lo que tenemos que dar al sector son unas perspectivas de futuro más allá de cualquier duda. Tenemos que decir alto y claro que este país ha aprendido la lección y que nunca más vamos a desperdiciar el talento que tenemos y que nunca más vamos a dejar de financiar y estar al lado de los centros de investigación.

Con la pandemia o la guerra de Ucrania nos hemos dado cuenta de lo dependientes que somos de otros países. Por eso necesitamos apostar por la autonomía estratégica; pero también por ser líderes en el sector aeroespacial, sanitario o de las terapias avanzadas.

Del espacio a la salud de vanguardia

El Ministerio de Ciencia e Innovación es precisamente el encargado de liderar dos de los PERTE más ambiciosos de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los que atañen al ámbito aeroespacial y a la salud de vanguardia. El primero de ellos goza de un presupuesto de 1.290 millones (con un aumento de 200 millones más materializado este curso), mientras que el segundo mantiene una partida de 1.500 millones de euros. Ambos "cumpliendo los calendarios previstos", según la ministra.

El PERTE aeroespacial ha sido protagonista destacado en esta recta final de 2022, debido en gran parte a la disputada y polémica elección de la sede de la nueva Agencia Espacial Española. Ha sido uno de los primeros entes -junto a la Agencia Española de Supervisión de la IA- cuyo emplazamiento ha sido seleccionado mediante concurso abierto a distintas ciudades del país para 'descentralizar' el peso de la Administración general en todo el territorio. Y tanto esta agencia, como sus 500 millones de euros de dotación, han ido a parar a la capital andaluza, generando las críticas de otras candidatas, como Teruel.

[La Agencia Espacial Española en Sevilla: ¿y ahora qué?]

Al respecto de esta controversia con la ciudad aragonesa, Diana Morant reconoce que "pudo haber algunos malos entendidos y seguramente no lo hemos explicado bien o ha habido problemas de interpretación". Afirma la ministra que ha intentado "hablar con Aragón para explicarle el proceso" y que, pese a que no salir elegida, Teruel "tendrá oportunidades porque el Gobierno de España va a contar con todos los territorios". 

"Me gustaría que no entráramos en una política de batalla entre ciudades, sino que la política se eleve sobre ello y aprovechemos las capacidades de todos", sentencia Morant al respecto.

"Es la primera vez que se busca descentralizar las nuevas sedes del Gobierno, fruto de la convicción de Pedro Sánchez de que se construye mejor España desde todo el territorio. Queremos dar oportunidades a lugares donde existe mucha población, pero que no tienen un vínculo con la Administración General del Estado", sostiene. Si no fuera por esto, no habría habido un proceso de selección: las hubiéramos colocado en Madrid, seguro".

Diana Morant pone como ejemplo de que la innovación aeronáutica está viviendo un momento dulce en muchos puntos de la geografía nacional el caso de PLD Aerospace, la startup valenciana que planea poner en órbita cohetes suborbitales y microsatélites. O de GMV, que acaba de firmar un contrato con Australia de 120 millones de euros para labores de navegación. Dos muestras más del ecosistema que el Gobierno pretende seguir impulsando en los próximos años.

"Tenemos un proyecto muy ambicioso para el sector aeroespacial. Nos hemos comprometido a la aportación más alta a la ESA de la historia, y ya nos hemos venido con dos astronautas. Que no significa que los hayamos comprado, sino que teníamos un talento que sólo necesitaba que lo apoyáramos. Además, nuestra aportación a la ESA [300 millones de euros en 2023] luego retorna a nuestro país en forma de oportunidades empresariales. Por ejemplo, hemos invertido en un programa para traer muestras de Marte a la Tierra porque tenemos las empresas que fabrican las pinzas con las que se extraen esas muestras".

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, durante la entrevista con D+I / EL ESPAÑOL. Pilar Brañas

Respecto al PERTE de Salud de Vanguardia, Diana Morant reivindica que este campo "es de los más intensivos en I+D+I", de ahí que sea su cartera la que lidere este plan. Como anticipaba, el propósito del Ministerio de Ciencia es "reforzar de forma inédita la parte de desarrollo de terapias avanzadas y favorecer la medicina de precisión que requiere de datos. El paciente debe poder ser tratado con todos sus datos genéticos, pero también en base a sus datos socioeconómicos. Todos sabemos que a día de hoy la esperanza de vida depende del código postal en el que vives. Y por eso hemos de incidir en la prevención de enfermedades que van a padecer algunas personas simplemente por sus opciones socioeconómicas o laborales".

Con la esperanza puesta en que las conversaciones iniciadas con las 'farma' se conviertan en inversiones concretas en el ecosistema local, la ministra se muestra confiada en un devenir positivo de este PERTE: "Cumplimos todas las condiciones para ser un país líder en salud. Lo estamos viendo ya en investigación clínica". Será 2023 el año que confirme si la plasmación de estos dineros arroja, además de un buen diagnóstico, resultados positivos.

La ciencia ha de llegar al 3% del PIB en 2030

En estos momentos, el peso relativo de la ciencia en el PIB nacional ronda el 1,47%, según los datos del INE. El Ejecutivo se ha propuesto como reto llegar al 2% este mismo curso y al 3% en 2030, duplicando la cifra actual. Le pregunta a la ministra es imperativa: ¿es plausible? Y, lo más relevante, ¿cómo podremos conseguirlo?

"Sin el propósito de corregir al INE, me gustaría puntualizar que los datos que recogen corresponden al primer trimestre de 2021. Los primeros presupuestos de Sánchez son de ese mismo año, en que aumentamos la partida de ciencia en un 60% respecto a los del año 2018, que eran los del PP y que se habían ido prorrogando. Lo que se está viendo en el INE no tiene nada que ver con la realidad actual. Estoy convencida de que ya estamos por encima del 2% y en 2024 se verá lo que está ocurriendo en estos momentos".

"El primer presupuesto de Sánchez fue en 2021, cuando aumentamos un 60% la aportación a ciencia" respecto a las últimas cuentas de Rajoy, tildadas por la ministra de "Valle de la Muerte".

Defiende estar cumpliendo todos los hitos marcados, "con tasas de ejecución del 90%" de sus iniciativas y el lanzamiento constante de nuevas convocatorias de proyectos y empleo que son cubiertas en su totalidad. De cara a 2023, recuerda Morant, el Ministerio de Ciencia e Innovación ve aumentado su presupuesto en un 4% hasta los 3.991 millones de euros, "el mayor de la historia". Aunque, de ellos, aproximadamente 1.600 corresponden a fondos europeos que no son sostenibles a largo plazo.

"Efectivamente estamos en un momento dulce, pero el presupuesto del ministerio también crece, por primera vez, en aportación nacional, un 20% respecto a 2020. Somos el tercer ministerio que más ha visto crecer su partida. Ese es el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, de seguir profundizando en el presupuesto nacional cuando vayan menguando los fondos comunitarios que tienen un horizonte hasta 2025-2026".