El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida y esperada Ley de Startups, que nace con el objetivo de favorecer el ecosistema de empresas emergentes en España.
Tras su paso por la Cámara Baja, un año después de que iniciase su camino en las Cortes, y con varios bloqueos a las espaldas debido a la intensa actividad legislativa que ha vivido la Comisión de Asuntos Económicos durante el presente ejercicio, la norma ha salido adelante con el apoyo de 177 diputados, la abstención de otros 75 y el voto en contra de los 88 miembros del PP.
Lo próximo será su paso por el Senado, donde se espera que se tramite lo más ágilmente posible para que entre en vigor en enero de 2023.
2018: el germen de la Ley
Este mes de octubre se cumplen cuatro años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la creación de un marco legal específico para startups. El anuncio lo realizó durante la celebración del South Summit, encuentro de referencia para el sector emprendedor, al que el mandatario no ha faltado desde entonces.
En aquel 2018 perfiló algunas de las medidas para impulsar lo que por entonces ya denominó “nación emprendedora”. De esta manera, el Ejecutivo reconocía las peculiaridades y la especial naturaleza jurídica de las startups, junto a la necesidad de legislarlas de acuerdo a ello.
Dicho marco serviría, entre otras cosas, para "potenciar incentivos fiscales a la I+D+i en el Impuesto de Sociedades, de forma que más cantidad de big corporates perciban a las startups como vehículos de innovación desde fuera hacia dentro"; o promover "la transferibilidad de créditos fiscales generados en el Impuesto de Sociedades por actividades de I+D+i a empresas que participen en la financiación, en los proyectos y en el desarrollo de las tecnologías de las startups".
Mientras se fraguaba esa ley, casi en paralelo también lo hacía la Estrategia para la España Nación Emprendedora. La relevancia de esta iniciativa, presentada a finales de 2020, dio paso a una posición de nueva creación, la de un Alto Comisionado, que desde entonces ocupa Francisco Polo, relevándole en su cargo hasta entonces, el de secretario de Estado para el Avance Digital, Carme Artigas como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
2020: Estrategia España Nación Emprendedora
La Estrategia recoge un paquete de 50 medidas a diez años vista –ya han transcurrido dos– cuyo propósito es dar impulso a las startups y su ecosistema y con cuatro objetivos definidos ya por entonces por el presidente del Gobierno.
Primero, “acelerar el crecimiento de las inversiones en startups para situar a España a la altura de países líderes como Alemania y Francia”. En segundo lugar, “hacer de España un paraíso para el talento, estableciendo las condiciones óptimas para atraer, retener y desarrollar a los mejores profesionales”.
El tercer objetivo es “fomentar la escalabilidad de las empresas, para que los emprendedores piensen en crecer en lugar de vender”. Y, por último, “invertir en un ‘Sector Público Emprendedor’, capaz de impulsar la innovación, la productividad y la inclusión social”.
De entre las 50 medidas recogidas en el documento, la estrella era y es la Ley de Startups, a cuyo anteproyecto el Gobierno dio luz verde en julio de 2021 –acumulando varios retrasos y con una pandemia de por medio– y cuya competencia recae en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con Nadia Calviño como titular.
2021: la recta final
Ese documento incluía, como medida estelar, la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas No Residentes del 25% al 15%, durante un plazo máximo de cuatro años; o iniciativas para el aplazamiento de las deudas tributarias y stock options como medio de retribución a los trabajadores de las startups; así como elevar del 30% al 40% la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva o reciente creación, hasta los 100.000 euros.
El Anteproyecto de Ley también recogía la creación de un nuevo tipo de visado para aquellas personas que teletrabajen o sean 'nómadas digitales', y rebajaba los requisitos para acceder al Impuesto de Renta de Personas no Residentes.
Asimismo, incluía varios puntos destinados a la simplificación de la burocracia que enfrentan las startups a diario, como la eliminación de la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes; además de impulsar más entornos de prueba –los conocidos como 'sandbox regulatorios'– para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajaran en la legislación vigente.
Podrán acogerse a la nueva ley aquellas startups que tengan su sede social y a más de la mitad del empleo en España, cuenten con menos de cinco años de existencia (ampliable a siete en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que suelen presentar plazos de madurez más lentos) y no ser una firma cotizada ni haber repartido dividendos. Por último, su facturación debía ser inferior a los cinco millones de euros.
Qué es una startup
Uno de los puntos del documento que más debate ha suscitado ha sido el que recogía qué se considera una startup. Definida en el Anteproyecto como “empresa emergente de base innovadora”, unos meses después se corregía esta descripción al permitir que un mismo emprendedor pueda beneficiarse de las ventajas de esta norma en hasta tres proyectos distintos, ya sean paralelos o consecutivos, y que sería Enisa (Empresa Nacional de Innovación) la entidad encargada de declarar a una empresa como startup y diferenciarla de una pyme.
Para terminar de completar la definición, una orden ministerial –acordada previamente con la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)– determinará qué se entiende por "base innovadora", aspecto fundamental para acogerse a esta legislación.