El valor de los datos en la economía se ha hecho más patente en los últimos años y, de hecho, este sector ya se sitúa como uno de los 10 principales en España, con una aportación al PIB del 4,8%, según el informe El impacto económico del sector de datos en España elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE)

Sin embargo, más allá de la importancia de su adopción por las empresas privadas, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, también ha apuntado que es "fundamental para el propio desarrollo de las administraciones públicas" porque facilita la toma de decisiones y "la evaluación de los poderes públicos" en actuaciones como la política social, laboral o energética. 

"La participación del dato en la política pública hace imprescindible introducir un gobierno del dato en las administraciones", ha afirmado durante la presentación de dicho documento. 

Aún así, Fernández de Mesa ha reconocido que estas organizaciones se enfrentan a grandes retos en el camino, entre ellos la falta de cualificación de capital humano o la dificultad de adaptación a los cambios que se producen en los procesos internos, operativos y de gestión. 

El director general del Área Económica de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, ha coincidido con el presidente del IEE y ha añadido que otro de los problemas que afrontan las administraciones públicas a la hora de desarrollar todo el potencial presente en esta industria es "la escala", ya que, mientras las organizaciones privadas solo contemplan una misión, las públicas adoptan múltiples objetivos distintos entre sí. 

"Eso, evidentemente, incorpora una serie de restricciones desde el punto de vista del análisis de la información", ha señalado. 

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Según ha explicado, a esto se suma la dificultad que tienen estas instituciones para acceder a la tecnología debido a que "los requisitos de seguridad y estandarización son muy rígidos", "cualquier transformación tecnológica exige un montón de modificaciones internas y ralentiza muchísimo el proceso". 

De la misma forma, ha señalado que las administraciones "tienen un problema de flexibilidad" a la hora de adaptarse a los nuevos modelos operativos, ya que la estructura jerárquica que poseen "impone rigideces importantes" e impacta en la toma de decisiones. 

El director general del Área Económica de la Comunidad de Madrid también ha reconocido que la captación de talento es un problema que afecta al sector público ya que, aunque cree que tienen "muy buenos" profesionales, no pueden competir en salarios con las empresas privadas porque ellos están sujetos a un proceso de oposiciones. "Es muy complicado hacerse con el talento que surge de las universidades", ha apuntado. 

Así, López ha explicado que, si los usuarios quieren una administración "segura, transparente, equitativa y ágil", "como es normal", tienen que ser conscientes de los problemas que afrontan que hacen que este proceso "tarde más".  

"Tenemos un reto muy interesante y bonito por delante: utilizar todo el talento y el archivo memorístico de las instituciones respetando los estándares para conseguir llegar al ciudadano de forma más ágil y eficiente", ha resumido. 

El caso del Banco de España

Una de estas organizaciones es el Banco de España, de la cual, Ricardo Gimeno es el jefe de la División de Análisis e Inteligencia, y que se encuentra inmersa en la adopción de una nueva estrategia relacionada con el procesamiento y análisis de los datos. 

Gimeno ha contado durante la presentación del informe que por esta institución circula "mucha información", por lo que disponen de grandes bases a las que, hasta el momento, no querían que "se acercase nadie". 

"Ahora estamos desarrollando un data lab para que estén disponible para gente externa que pueda trabajar con ellas y desarrollar ideas más allá de lo que nosotros lo podemos hacer", ha afirmado. 

Datos para mejorar las políticas públicas

Durante la presentación de dicho informe también ha intervenido Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que también ha coincidido en la necesidad de renovar digitalmente la administración porque, sin ello, "no se puede modernizar el país". 

Aún así, ha recordado que, en este ámbito, España se sitúa en el puesto número dos de toda Europa, "a pesar de todas las áreas de mejora" que hay por delante, entre ellas la experiencia de usuario que está marcada por "un entorno con mucho legacy".

Artigas ha explicado que hay diversos caminos del flujo de datos que afectan a las instituciones públicas. Según ha apuntado, existe la información compartida entre distintas administraciones, donde la prioridad de la secretaría de Estado es desarrollar "un espacio de datos de salud" para poder solucionar los problemas detectados durante la pandemia durante la cual la no estandarización de los mismos afectaba a la transmisión de información. 

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A ellos se suman la información compartida entre empresas "para hacer una industria española más competitiva" y entre empresas y administraciones. 

Sobre esta última, la secretaria de Estado ha señalado que "hay que ver de qué manera se hace" porque, en su caso, no es partidaria "de que todo sea gratis". "Creo que los datos de salud deben ser gratuitos para investigadores, pero de pago para la industria farmacéutica", ha ejemplificado. 

Así, ha señalado que hay que empezar a ver modelos público-privados de cofinanciación en algunos ámbitos para que este camino sea sostenible. 

Artigas también ha explicado que también hay que tener en cuenta los datos que se pueden exigir al sector privado desde las instituciones públicas "para poder mejorar las políticas públicas". 

"Está claro que Uber sabe más de movilidad que la ministra de Transportes o Apple o Facebook de salud, hay que entender todos estos impactos de la nueva economía digital", ha concluido.