Cantidad o calidad suele ser la dicotomía clásica a la hora de planificar qué queremos y cómo lo queremos, da igual de qué aspecto de nuestra vida estemos hablando. Y, por supuesto, la gestión pública no es una excepción a esta moneda de dos caras. El ejemplo más inmediato lo encontramos en el famoso y ya manido Reglamento General de Protección de Datos (más conocido como GDPR por sus siglas en inglés).

Desde la entrada en vigor de esta norma, los distintos organismos de protección de datos de los países europeos pueden abrir expedientes a aquellas empresas que incumplan las medidas mínimas de seguridad respecto a información personal, así como a aquellas que no notifiquen adecuadamente cualquier vulnerabilidad sufrida. Con cierto margen de maniobra, el GDPR establece una multa máxima de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual de la compañía, lo que sea mayor.

Por eso resulta paradigmático constatar la enorme disparidad en la actividad sancionadora de los distintos países de la Unión Europea y, más extraño todavía, cómo es posible que los que menos sancionan sean los que han impuesto penas más duras.

Pongamos datos a esta reflexión. Según un análisis comparativo que acaba de publicar la firma de seguridad ESET, España es el país que más multas relacionadas con el GDPR ha impuesto desde su entrada en vigor, allá por 2018. En total, nuestro país ha resuelto 273 sanciones relacionadas con la protección de datos por un montante total de 32,4 millones de euros.

De hecho, España gana por goleada en actividad sancionadora al resto de vecinos comunitarios. Italia es la segunda nación en la lista y apenas llega a las 75 multas, por encima también de Rumanía (60) y Hungría (43). 

Sin embargo, Italia, con las ya mentadas 75 multas, y Alemania, con únicamente 28, superan la recaudación española. Nuestros vecinos mediterráneos han recaudado la friolera de 84,49 millones de euros mientras que los germanos han resuelto sanciones por valor de 49.18 millones de euros. Ello arroja que la multa media en nuestro país apenas supera los 118.000 euros, por los 1,1 millones de Italia o los 1,7 millones que rondan en Alemania.

Pero si las comparaciones son odiosas, esperen a leer lo que sigue. Luxemburgo, sede legal de muchos de los colosos digitales en el Viejo Continente, ha impuesto 45 veces menos sanciones que España, pero ha recaudado más de 746 millones de euros. Incluso Reino Unido, contándolo para estos menesteres como parte europea, ha logrado recaudar 44 millones de euros con tan sólo cinco multas.

Como bien expone el caso luxemburgués, aquellas naciones con presencia de grandes multinacionales tecnológicos tienden a tener las sanciones medias más altas. De hecho, recordemos que tan solo Amazon ha sido objeto de multas por valor de 746 millones de euros y Google por otros 60 millones de euros. Incluso firmas de otros sectores, como H&M, entran en el 'top' de sancionadas por incumplir el GDPR, con multas que ascienden en su caso a los 35,5 millones de euros.

En España, las compañías que han recibido las sanciones más duras han sido Vodafone (8,1 millones de euros en marzo de este año), Caixabank (6 millones de euros a principios de año) y BBVA (con cinco millones a finales de 2020).

Como consuelo nos puede quedar la intensa actividad que ha desempeñado nuestro país en la lucha por la protección de datos, aunque sea con tímidas amenazas como hemos visto. También nos queda la comparación con naciones como Rumanía, Hungría, la Isla de Man, Malta o Portugal, con montantes medios inferiores al español. En cualquier caso, un ejemplo más de la dicotomía entre potencia y control, calidad o cantidad, aplicado a algo tan crucial como la privacidad en la era digital.

En línea con otros estudios

Recordemos que nos atenemos únicamente a las cifras proporcionadas por esta casa, ya que los datos oficiales de los distintos países son complicados de comparar. Pero los datos de ESET -fechados en agosto de este año- concuerdan con los ofrecidos por otro estudio, en esta ocasión a cargo de Finbold, según el cual España ha impuesto en lo que va de 2021 nada menos que 296 multas. El segundo país según este otro análisis sería Italia, con 92, por las 33 de Alemania o las 9 de Irlanda.

Se constata, por tanto, la intensa actividad sancionadora española, que de nuevo no es revalidada con el montante recaudado: apenas 32,9 millones de euros, por los 225 millones que le atribuye esta fuente a Irlanda o los 86 que corresponden a Italia.