Miguel Sánchez Galindo.
El año 2024 representó un cambio histórico con la llegada de la inteligencia artificial generativa al mundo científico y tecnológico. Fue el año en el que por primera vez un premio Nobel se otorga por una investigación asistida por esta tecnología. David Baker, Demis Hassabis y John Jumper recibieron el nobel de química por su capacidad para desentrañar las complejas estructuras de proteínas mediante herramientas de inteligencia artificial y computación, resolviendo un desafío científico de más de cinco décadas.
Paralelamente, el Nobel de Economía ha recaído en académicos que estudian la relación entre las instituciones y la prosperidad, y denuncian que innovación tecnológica no necesariamente coincide con prosperidad, como señala en sus trabajos Daron Acemoglu, uno de los galardonados junto a Simon Johnson y James A. Robinson.
Daron pone aún más el acento en el monopolio que pueden ejercer las grandes tecnológicas y plataformas que, con sus algoritmos diseñados para captar nuestra atención, pueden consolidar su poder de mercado y exacerbar las desigualdades sociales. Esta preocupación ha llevado a la Unión Europea a tomar medidas pioneras con la aprobación de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que buscan frenar los abusos de las grandes plataformas y garantizar una competencia justa en el mercado digital.
Junto a ello, el informe de Mario Draghi ha puesto de nuevo de manifiesto que la UE enfrenta desafíos como su dependencia tecnológica de terceros países y la falta de empresas con capacidad para liderar áreas como IA, semiconductores y servicios en la nube.
España, por su parte, ha adoptado un plan ambicioso para aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. El Plan de la Década Digital establece una hoja de ruta clara para modernizar la economía española y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La expansión de las infraestructuras digitales, la formación en competencias digitales y la promoción de la innovación son los pilares fundamentales de este plan. España destaca en áreas como la digitalización de servicios públicos y la aplicación de tecnologías verdes, pero aún enfrenta desafíos como aumentar el porcentaje de especialistas en TIC, actualmente por debajo de la media europea.
El camino hacia una sociedad digital, inclusiva y sostenible no está exento de obstáculos. La brecha digital, la escasez de talento tecnológico y la necesidad de adaptar las regulaciones a un entorno en constante evolución son algunos de los desafíos que España y otros países deben afrontar.
Es fundamental que la digitalización sea un proceso inclusivo que beneficie a todos los ciudadanos. Esto implica garantizar el acceso a internet de alta velocidad en todo el territorio, invertir en la formación de los trabajadores y promover la innovación en sectores clave como la salud y la educación. Además, es necesario establecer un marco regulatorio sólido que proteja los derechos de los consumidores y fomente la competencia.
El año 2025 se presenta como un año importante para el futuro de la digitalización. Las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto en nuestras vidas y en nuestro futuro.
En este nuevo paradigma digital, España tiene la oportunidad de convertirse en un referente a nivel mundial. La combinación de una sólida base industrial, un talento humano cualificado y una apuesta decidida por la innovación puede situar a nuestro país a la vanguardia de la transformación digital. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es necesario un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, las empresas y la sociedad civil.
La digitalización no es solo una cuestión tecnológica, sino también un proyecto de país. Solo a través de una visión compartida y una acción coordinada podremos aprovechar todo el potencial de esta revolución y construir un futuro mejor para las próximas generaciones.
*** Miguel Sánchez Galindo es director general de DigitalES.