La maquinaria electoral se ha vuelto a poner en marcha, con el 23 de julio marcando el horizonte político. Al menos el más próximo, porque no olvidemos que en 2024 tendremos también comicios al Parlamento Europeo. Citas y citas con las urnas que, más allá de los discursos grandilocuentes, las promesas más o menos certeras y los ataques cuchillo en mano entre oponentes (y, también, entre potenciales aliados), deberíamos encontrar alguna propuesta en firme para resolver la encrucijada de la innovación en nuestro país.
Seamos honestos: la I+D+I es un tema muy goloso sobre el que hablar, pero no da votos. Nadie vota pensando en que España ocupa la trigésima posición internacional en innovación. Igual que nadie reflexiona antes de escoger su papeleta en que sólo tres de cada diez empresas españolas desarrollan actividades de innovación, por el 50% de las europeas. O en que nuestra inversión en este terreno apenas asciende al 1,43% del PIB, incumpliendo todas las expectativas y aspiraciones del presente Gobierno y del anterior Ejecutivo; ambos prometiendo alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto. Y, por supuesto, muy lejos de la media europea, que se sitúa alrededor del 2,4% del PIB.
Ante este panorama, toca tomar decisiones. La más inmediata es la de huir, salir corriendo en busca de latitudes más comprometidas con la innovación. La siguiente es la de fustigarse, coger el látigo y no cesar en el castigo hasta que la sangre brote y nos hagamos a la idea de que así funciona el imaginario colectivo y las prioridades sociales. Y, por último -como si de las fases de un duelo se tratase-, nos queda tratar de concienciar al Respetable y cambiar las cosas. Puede que sea algo utópico, misión ilusa de un hombre hecho de algodón de azúcar, pero es lo único que nos queda.
Partamos de un consenso: todos queremos que España esté -cuanto menos- al mismo nivel que los países de referencia de Europa en inversión en I+D+I. Y todos coincidimos en la necesidad de contar con una estrategia de país para lograr ese propósito y, también, garantizar que ese dinero se canalice a proyectos de innovación provechosos económica y socialmente.
Ese consenso, al menos teórico, está basado en datos que confirman la importancia capital de la innovación. Las sociedades más innovadoras generan empleos de más calidad (cada punto de incremento en el European Innovation Scoreboard supone un incremento de 338 euros en la renta per cápita de los países europeos). La innovación es también la responsable del 73% de aumento en la esperanza de vida en la OCDE entre 2000 y 2009. O de que los costes de la energía fotovoltaica hayan caído un 85% en los últimos diez años.
Estas impactantes cifras, que deberían despertar de forma natural la conciencia sobre este asunto, las ha recopilado un conglomerado de entes (FI Group, Red2Red, HP y asociaciones como Asebio, Fundación I+E, GEPAC, NATAC...) que ha presentado esta semana una serie de propuestas para que la innovación forme parte de la agenda política ante los inminentes comicios de julio.
Desgraciadamente, es bastante dudoso en opinión del que suscribe estas líneas que las propuestas calen en el actual panorama político, polarizado y llevado a los extremos, radicalizado hacia posturas que poco tienen que ver con la lógica necesaria para atajar problemáticas tan tangibles como la I+D+I. Pero muchas de las medidas propuestas en su documento merecen, al menos, que queden plasmadas para la posteridad como la receta que nunca seguimos para modernizar nuestra economía y diversificar nuestro tejido productivo.
Piden estas organizaciones "un compromiso político estable en el tiempo que plantee una visión de largo plazo y no cambie con la alternancia de gobierno". En otras palabras, volver al Pacto por la Innovación tantas veces planteado... y tantas veces ninguneado. Por si fuera poco, aspiran a que haya un compromiso territorializado y coordinado con las distintas Comunidades Autónomas. Con la actual incertidumbre política y la entrada de VOX en muchos gobiernos regionales, parece cuanto menos un sueño lejano.
Exigen también, a los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones del 23 de julio, que promuevan un entorno regulatorio más coherente y seguro para la I+D+I. En concreto, con una nueva ley de Innovación "que establezca una definición amplia y compartida sobre lo que se entiende por innovación y por actividades, empresas y proyectos innovadores". Miren lo que está costando definir lo que es el carácter innovador de una startup a raíz de la ley de fomento al emprendimiento... y se les quitarán las ganas de emprender un camino todavía más tortuoso en este campo.
Por supuesto, no podemos olvidar la financiación, el dinero que lo mueve todo. Es cierto que cuatro de cada cinco españoles consideran que la financiación para la I+D+i en España es insuficiente, pero nadie está dispuesto a pagar más impuestos para cambiar las cosas o a recortar en otro tipo de servicios públicos. La cosa es que ninguno de esos sacrificios sería necesarios si se ejecutaran como es debido los actuales recursos ya existentes.
Los entes firmantes del documento recuerdan que, en 2021, solo se consumieron el 41% de los incentivos presupuestados, por lo que es necesario reformar la estructura de los incentivos para superar el techo establecido actualmente en deducciones en el impuesto de sociedades y permitir la complementariedad entre diferentes tipos de incentivos.
Además, incluyen las organizaciones propuestas para mejorar las redes de colaboración y la concienciación social. Ambas, visto cómo se han desarrollado planes similares en el pasado, acabarían siendo el germen de chiringuitos de "conectores del ecosistema", asesores y consultoras de medio pelo. Pero, volviendo al origen de esta reflexión, todo lo anterior no importa nada porque la innovación no da votos. He escrito en balde, sin ninguna esperanza. Y, por eso, volveremos a pecar en obviar este problema y seguiremos como estamos: a la cola del mundo desarrollado en I+D+I.
