Todavía no se ha aprobado la ley de startups en el Parlamento y pudiera parecer, al hilo de lo que se puede leer y escuchar por ahí, que, en cierta medida, hemos pasado página y estamos ya instalados en el tempo posterior: glosando lo que falta, lo que no aparece, lo que deberá ser modificado. Es lícito y lógico, en parte. Una ley no se inscribe en piedra como si fuera una verdad divina inamovible.

Pero me reconocerán que algo extraño debe haber ocurrido para que esa sea la sensación generalizada en el sector, en los medios especializados y en el conjunto de quienes se dedican a esto del emprendimiento y la innovación. Una ley de startups non nata que ya algunos despachan como si fuese trasnochada. Trato de arrojar algo de luz en las siguientes líneas sobre esta sensación creciente.

El gobierno remitió su "proyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes", (lo llamaremos ley de startups, para abreviar) el pasado mes de diciembre al Congreso. Nueve meses más tarde el proyecto todavía no ha comenzado su tramitación parlamentaria formal en la Comisión de asuntos económicos y digitalización, que es el órgano interno del Congreso encargado de culminar el trabajo legislativo a partir de lo que ha hecho el poder ejecutivo.

El mundo startup se impacienta, cómo no. Para ellos, nueves meses son toda una vida. Nueve meses puede ser la diferencia entre el nacimiento de un proyecto y su muerte por imposibilidad de seguir adelante. Y ese ínterin entre lo ejecutivo y lo legislativo es propio del mundo institucional, pero alejado de la cultura del "todo aquí y ahora" y de los KPIs semanales y quincenales. Esto, aunque comprensible, qué duda cabe que no ayuda precisamente para que las startups terminen de hacer suya esta norma. Y esto último, a mi modo de ver, será determinante para el éxito futuro de la ley.

Se ha instalado una suerte de sensación de ser una ley ya en cierto sentido amortizada, tanto por parte de gobiernos, partidos, emprendedores como inversores. Como que tuviéramos todos que pasar de pantalla. Sin embargo en pocos días arrancará la tramitación parlamentaria y aunque las grandes líneas ya están trazadas (los proyectos de ley ex-novos no suelen sufrir grandes modificaciones en su transcurrir por las Cortes) quedan muchos flecos por debatir, errores que subsanar, ausencias que reflejar adecuadamente. Queda tarea, y no poca precisamente, y a ella nos debemos encomendar.

Entre otras cosas para que el futuro desarrollo de decretos y órdenes ministeriales que termine de desplegar el conjunto de contenidos del proyecto sea ágil, eficaz y alcance los últimos objetivos que se establece en su texto articulado. En el debate y aprobación de una norma el demonio siempre está en los detalles, y en el caso de esta ley, ese aforismo va a resultar ciertamente determinante.

Y claro que debemos pensar en el futuro más inmediato, en los meses posteriores a la aprobación de la ley. No es incompatible una cosa con la otra. En mi opinión, el conjunto del sector tienen que hacer suya esta ley, utilizarla, usarla, sacarle todo el jugo, criticarla para mejorarla, o incluso para vilipendiarla, pero es importante que se produzca desde el principio esa conexión entre el texto y aquellos a quienes va dirigida. Igual que las startups ponen en marcha líneas de negocio o desarrollos de productos sin esperar a la mejor versión, sino haciendo camino al andar, así deberemos ver y trabajar con esta ley.

En el fondo toda ley nueva sobre un sector relativamente novedoso, no deja de ser un proyecto experimental. Nadie tiene todas las claves, ni sabemos exactamente qué teclas tocar y en qué orden, ni el resultado preciso que arrojarán. Ese trabajo será muy relevante y recaerá en buena parte en la capacidad que tengan las asociaciones y actores que articulan y representan al conjunto de las startups, los emprendedores y los inversores. Ese trabajo no debe limitarse a dar a conocer el conjunto del articulado y apelar a su uso intensivo. También deberán estar vigilantes para que el desarrollo y despliegue se haga, como decíamos anteriormente, de manera ágil y veloz.

Siempre he defendido que la ley de startups no es el final del camino. Por el contrario, es el principio de un cambio a mejor en las políticas públicas para impulsar el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Y en este sentido, cobra ahora mayor significado una petición expresa formulada en los primeros borradores que elaboró la Asociación Española de Startups hace ya cuatro o cinco años: que la ley creara una mesa o foro permanente donde se pudiera ir analizando no sólo el desarrollo normativo de la propia ley, sino que se fuera evaluando el impacto real que se vaya produciendo, así como todas las posibles lagunas que se vayan detectando para poder corregirlas cuanto antes.

Como decimos en el argot del sector, la ley es un MVP que deberá ir evolucionando y mejorándose en todos sus aspectos. La ley de startups que salga este año del Parlamento incorporará reformas de manera continua en los próximos años, estoy convencido de ello. Algunas podrán hacerse incorporando modificaciones del articulado en la tramitación de otros proyectos de ley, como la ley de Presupuestos Generales del Estado; otros sin embargo, irán conformando el esqueleto básico de una reforma en profundidad o incluso la aprobación de una nueva ley.

El trabajo del foro de empresas emergentes va a resultar decisivo para el futuro de las políticas públicas de emprendimiento e innovación en nuestro país. El sector debe dar un paso adelante y arremangarse para trabajar codo con codo con los poderes públicos para no sólo impulsar el desarrollo previsto en el articulado, sino también evaluar su implementación y diseñar con el sector público (codiseñar), la próxima versión de la ley de startups.

Es cierto como se ha comentado anteriormente que esta primera versión, la 1.0, nos ha dejado satisfechos por un lado (hemos conseguido que las startups se incorporen al acervo jurídico de nuestro país), pero también algo fríos porque después de cinco años hablando con el mundo institucional esperábamos mucho más, o dicho de otro modo: la propuesta es en muchos ámbitos algo timorata, y todavía se encuentra lejos en algunos aspectos de las expectativas y ambiciones de un sector que se está convirtiendo en un ecosistema de primer orden en el mundo.

Probablemente, esta versión 1.0 era la ley que demandábamos hace cinco años, pero que la lentitud del proceso político institucional nos la ha traído ahora en 2022, y en parte ya se encuentra algo desfasada. Pero tenemos la oportunidad de trabajar desde ya en la nueva versión, y eso comienza en los próximos días en el Congreso, y también en el subsiguiente escenario de programas electorales autonómicos y municipales para hacer de lo que queda de 2022 y del primer semestre de 2023 un tiempo para impulsar desarrollos territoriales al hilo de la estela que la ley de startups está dejando a su paso, en el marco de las competencias de los gobiernos locales y regionales.

La innovación del conjunto del país exigirá esa tarea conjunta. No habrá país startup en un contexto socioeconómico como el español sin esa alianza exigente y colaborativa entre dos mundos que apenas se están comenzando a conocer y a tratar.

***Agustín Baeza es director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups y coordinador del Grupo de Economía Digital en APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales).